Informe 2010 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

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Scritto il 22 lug 2011 | 0 commenti | | In: America latina, Comisión Nacional Derechos Humanos, Diritti Umani, En español, Repubblica Dominicana

CNDH PRESENTA INFORME SOBRE LA SITUACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA 2010

 

Una aberrante e indignante corrupción oficial promovida y apañada desde el Palacio Nacional, las alzas indiscriminadas y permanentes del costo de la vida, una espiral de violencia alentada por los cuerpos del orden, la sustentada pérdida de calidad en los servicios públicos y privados, el incremento del narcotráfico, de las muertes violentas y descaradas violaciones oficiales a la Constitución y las leyes, son solo algunas pinceladas de lo que ha sido 2010, año en que el pueblo dominicano ha vivido un deterioro constante y progresivo de sus derechos fundamentales.
EN LO INSTITUCIONAL
Además de firmar el 26 de Enero de 2010 una Constitución que nació negándose a sí misma y violando derechos fundamentales, el Poder Ejecutivo ha promovido el irrespeto a la institucionalidad y la violentación a las leyes, llegando, incluso, a conceptualizaciones vagas para justificarse.
Tal es el caso de las afirmaciones del presidente Leonel Fernández en el sentido de que el el problema de la Educación no es solo de recursos económicos, con lo que pretendió justificar la negativa del gobierno de cumplir con la Ley General de Educación 66–97, que establece un 4% del Producto Bruto Interno o el 16% del Presupuesto de la Nación para dicho sector. A las declaraciones del presidente Fernández siguieron otras de sus funcionarios, así como publicaciones oficiales señalando que “ningún gobierno ha cumplido con la Ley de Educación”, Ley promulgada precisamente por Fernández en 1997.
El irrespeto a la Constitución por parte del presidente Fernández ha llegado hasta el punto que ha instruido a los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana para que promuevan reformar la Carta Magna para posibilitar su repostulación, prohibida constitucionalmente, así como a la escogencia de un Tribunal Constitucional cuyos jueces apoyen su reelección.
Estos afanes fueron más que evidentes durante las elecciones Congresuales y Municipales del mes de mayo, en las que el partido oficial y el gobierno invirtieron alrededor de tres mil millones de dólares para avasallar, lo que le ha permitido dominar tanto el Senado como la Cámara de Diputados.
A la utilización de masivos recursos para torcer la voluntad popular, se sumó el hecho de que en ciudades como Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y la provincia Santo Domingo, cientos de votos fueron literalmente comprados a cambio de porciones de drogas que podían ser recogidas en puntos específicos, de día y de noche, con la complicidad de las instituciones como la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional.
La falta de institucionalidad, promovida por el Poder Ejecutivo, impide que el poder ciudadano lleve ante los tribunales al Presidente de la República bajo cargos de violar deliberadamente la Constitución y las leyes, así como demandar su renuncia o destitución.
CORRUPCION OFICIAL
Las constantes escándalos revelados por los medios de comunicación no dejan lugar a dudas para afirmar que 2010 demostró que estamos ante un gobierno patológicamente corrupto.
Cualesquiera hechos de corrupción cometidos por gobierno alguno de 1966 a la fecha quedan cortos ante los escenificados por los funcionarios públicos, con el apañamiento cómplice del presidente Leonel Fernández.
Partidos políticos, ONGs y medios de comunicación han estimado que el gobierno se ha involucrado en actos de corrupción superiores a los 400 mil millones de pesos.
Entre los principales casos de corrupción denunciados figuran 76 mil millones de pesos tomados del Presupuesto del 2010 durante los primeros 5 meses del 2010 para apuntalar los candidatos congresuales del PLD, el fraude en la aduana de Santiago que involucra a hijos de funcionarios y legisladores del PLD, el destino de RD$1,100 millones en la construcción de apartamentos de lujo en la avenida Luperon, en la ciudad de Santo Domingo, para miembros del PLD, y el uso desconocido dado a los US$750 millones de los bonos soberanos.
Este 2010 la República Dominicana fue sacudida por los escándalos en el Ministerio de Educación con respecto al Desayuno Escolar debido a varias intoxicaciones masivas de estudiantes, y cuya causa fue atribuida por el Ministro de Educación, Melanio Paredes, a sabotajes por pugnas entre los suplidores, pero el Estado no ha tomado ninguna acción legal contra éstos.
Focos de corrupción fueron igual el manejo a la Tarjeta Solidaridad, la el Bongo Gas y el Bono Luz, que solo se distribuyen con fines politiqueros como mecanismos de extorsión a los beneficiarios para que apoyen electoralmente al gobierno.
INVERSION SOCIAL
Este año 2010 comenzó con un pobre presupuesto para la inversión social, lo que se agravó con el hecho de que se redujo sustancialmente para financiar el subsidio al sector eléctrico.
A pesar de que República Dominicana tiene un 12.5% de analfabetismo y hay pocos espacios para la educación media debido al déficit de aulas, el gobierno redujo aún más el escaso 2.5% del Producto Interno Bruto para educación. Esto se hizo a pesar de que el artículo 63 de la Constitución impide recortes del presupuesto para el sector.
Más de un 70% de las viviendas populares tiene algún tipo de vulnerabilidad, y a pesar de ello se redujo el escaso 0.4% del PIB asignado para el sector vivienda, y lo mismo ocurrió con el sector salud, que se le asignó un 1.8% del PIB y se le retiraron 500 millones de pesos para subsidiar el sector eléctrico, a pesar de estar en medio de un brote de cólera en la isla, mientras que a la Policía Nacional se le retiraron 40 millones del pírrico 0.8% del PIB asignado para la seguridad social.
EN LO ECONOMICO
En 2010 el pueblo dominicano vio disminuir su nivel de vida de manera espantosa y los programas sociales del gobierno quedaron en la evidencia del fracaso, a tal punto que el presidente Leonel Fernández tuvo que admitir ante las Naciones Unidas que República Dominicana ha fracasado en cumplir con los Objetivos del Milenio.
La pobreza del pueblo dominicano fue recogida por el Informe Mundial de Desarrollo Humano 2010 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentado el pasado 10 de noviembre, que señala que en República Dominicana el 11% de la población vive en hogares multidimensionalmente pobres, mientras que un 13% adicional se encuentra en situación de serlo.
El mismo informe precisa que el 47.8% devenga niveles de ingresos inferiores al valor de una canasta básica de bienes y servicios, tanto alimentarios como no alimentarios. El 45.6% vive en hogares con niveles básicos insatisfechos, o sea en viviendas inadecuadas, falta de acceso a agua potable, sin servicio sanitario adecuado, sin electricidad, viven en condiciones de hacinamiento y tienen bajos niveles de educación. El 34.6% vive con menos de US$2 por día, según línea Banco Mundial. El 19.5% no logran conseguir una canasta básica de alimentos. El 4.4% de la población vive con menos de US$1.25 por día, es decir, en la indigencia extrema.
SEGURIDAD CIUDADANA
En 2010 la inseguridad ciudadana y la violencia dominaron el panorama social de República Dominicana. Sobre las 2,155 personas perdieron la vida en hechos violentos. Solo la Policía Nacional mató este año en “intercambio de disparos”, de acuerdo con denuncias y cifras oficiales, a 478 personas. Del primero de enero al 16 de agosto, bajo la jefatura del mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, 429 personas perdieron la vida, el resto, hasta el día ocho de este mes, se le atribuyen a la jefatura del mayor general Polanco Gómez. Comparado con el año 2009, donde murieron 400 personas, este 2010 los “intercambios de disparos se incrementaron en un 16%. Seis miembros de la Policía perdieron la vida en el cumplimiento de su trabajo.
Entre las principales causas de muertes violentas se encuentran asaltos, robos, riñas y violencia de género. Se estima que en más del 60% de los hechos delictivos violentos hay involucrados agentes de la Policía y militares. El involucramiento de los del orden en violencia delictiva va desde “intercambio de disparos” hasta tráfico de drogas, asaltos, robos, extorsión y feminicidios.
La implicación de policías y militares en hechos de sangre y en delitos penales es tan elevada que el Ministro de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, afirmó que “La Policía ha disparado la tasa de criminalidad en 3.4% debido a la incapacidad en el manejo de las técnicas policiales”.
Los policías y militares involucrados en hechos delictivos se dan a todos los niveles, desde generales a guardias rasos, desde narcotráfico hasta el sicariato. En 2010 el sicariato se ha ido incrementando hasta el punto que en los círculos de seguridad se habla de “la industria del sicariato”. Los últimos hechos revelan que el grueso de los sicarios ha salido de las filas de la Policía Nacional, donde a través de la Unidad de Persecución y Búsqueda de Fugitivos son formados en técnicas de asesinatos, pasando de ahí a vender sus servicios al crimen organizado.
LINCHAMIENTOS
La violencia se ha expresado con un incremento de los linchamientos públicos de supuestos delincuentes. El año 2010 termina con un total de nueve (9) personas linchadas públicamente, cuatro de los cuales han ocurrido desde el 16 de agosto, bajo la jefatura policial del General Polanco Gómez, quien fomenta la barbarie declarando a la prensa que esos hechos deben servir de escarmiento a los jóvenes. Las declaraciones del general Polanco Gómez obligan a demandar una retratación pública y a pedir perdón al pueblo dominicano.
DESAPARECIDOS
Preocupante es también la cifra de personas reportadas por sus familiares como desaparecidas. La Policía Nacional registra un total de 146 desaparecidos, sin embargo, no dispone de estadísticas del número de casos resueltos, excepto un porcentaje mínimo que ha aparecido muertas con signos de extrema violencia, como decapitaciones.
FEMINICIDIOS
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido denuncias de 192 feminicidios en 2010, lo que significa un incremento de 159% con respecto al año 2009, año en que se registraron 74 casos. Más del 50%, fueron ejecutados por la pareja o alguien del entorno de la víctima.
DESALOJOS
El año 2010 también fue marcado por el uso de la fuerza pública en la ejecución forzosa de desalojos para favorecer en más de un 70% de las veces a particulares. Se estima que en República Dominicana ocurrieron en el año que termina un promedio de tres desalojos violentos por día. Ejemplo de estos hechos son los casos de Hogares Crea, en el municipio de Villa Mella, y La Virgen, en el municipio de La Victoria, en la provincia Santo Domingo, donde 300 familias fueron dejadas en las calles por el abogado del Estado. Lo mismo pasó recientemente en La Caleta, Boca Chica, donde un oficial de la Marina de Guerra perdió la vida al oponerse a ser desalojado de su negocio.
SITUACION CARCELARIA
En República Dominicana operan actualmente dos sistemas penitenciarios opuestos. El viejo modelo carcelario se caracteriza por el hacinamiento, la sobrepoblación, los privilegios y todo tipo de corrupción, incluyendo ser centros de mandos de grupos organizados que son dirigidos a fuera y adentro por los mismos reclusos.
En cambio, en el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria se observan avances muy significativos, tales como el respeto a la integridad y derechos de los internos, la seguridad sanitaria y alimenticia, la capacitación y el empeño de las autoridades por lograr la reintegración social de las personas privadas de su libertad. Es de observar que en este nuevo sistema se ha eliminado el analfabetismo, no hay sobrepoblación.
Este nuevo sistema comenzó como un Plan Piloto en el año 2004 y hoy día se han incorporado 13 cárceles que han pasado a ser Centros de Corrección y Rehabilitación, y para el 2011 se contempla pasar cuatro cárceles del viejo sistema al nuevo sistema.
EN LO MIGRATORIO
En lo migratorio el año 2010 fue para la República Dominicana de altas y bajas, sobre todo en lo que a la migración haitiana se refiere. Tras el terremoto que afectó Haití el gobierno y la sociedad dominicana en su conjunto se volcaron en solidaridad hacia el vecino país, abriéndose la frontera y deteniendo las deportaciones masivas.
Esta apertura de la frontera se hizo de forma irresponsable y sin adoptar los controles necesarios, convirtiéndose la misma en un mercado abierto al tráfico humano, de drogas y de armas.
Sin embargo, la Junta Central Electoral continuó aplicando la resolución 017, de fecha 3 de marzo 2007 en contra de los dominicanos/as den descendencia haitiana, la cual le niega documentos de identidad a personas cuya nacionalidad ya había sido reconocida por el Estado, con el pretexto que sus padres no eran residente cuando fueron inscrito en el registro oficial del nacimiento.
Cabe destacar que los padres de estas personas en su gran mayoría con más de 40 año en el país habían declarado a una parte de sus hijos con carnet del Consejo Estatal del Azúcar (denominado ficha) y otros declarados con Cédula de Identidad Personal que tanto durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo como en los períodos presidenciales del doctor Joaquín Balaguer se le entregaba a cada trabajador haitiano para declarar sus hijos ante las oficialía.
Además estas declaraciones, en su mayoría tardías, cumplieron con el proceso de ratificación mediantes sentencias de jueces de Primera Instancia correspondientes en virtud a lo que establece la Ley 659 sobre declaración tardía.
Esta situación ha provocado que alrededor de más de 600,000 mil dominicanos de descendencia haitiana se encuentren en un limbo jurídico, ya que no pueden estudiar, trabajar, ni accesar a la ley de seguridad social y mucho menos a circular libremente en el país. Esta medida administrativa viola la constitución de la republica, la declaración universal de los derechos humanos y otros convenios internacionales.
DERECHOS LABORALES
La libertad sindical se vio seriamente afectada en el año 2010. Cientos de trabajadores y trabajadoras perdieron su empleo y fueron sometidos a una amplia gama de prácticas discriminatorias por el solo hecho de realizar actividades sindicales, sobre todo en las empresas establecidas bajo el régimen de zonas francas y en las del sector turismo.
Las violaciones a la libertad sindical se produjeron también en prácticamente todos los sectores de la economía, ya que el año 2010 se caracterizó por la oposición del empresariado a que sus trabajadores se sindicalizaran.
La situación es tal que las grandes empresas que en el país tienen sindicatos y negociación colectiva, son aquellas que los trabajadores lograron formar y consolidar sus organizaciones en las décadas del 70 y los 80.
Desde el gobierno se continuó con la práctica de descalificar moralmente a los sindicatos y sindicalistas que el oficialismo no controla, como el caso del Colegio Médico Dominicano, han mantenido levantadas banderas reivindicativas.
BARRICK GOLD
Especial interés en la violación de los Derechos Humanos en el país cobra el caso de la multinacional minera Barrick Gold, que opera en Pueblo Viejo, Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
El contrato con dicha multinacional fue aprobado “al vapor” por el Congreso de mayoría gubernamental, sin leerlo siquiera, con lo que el Estado dominicano le “regaló” a la empresa 1,387 millones de dólares en una operación considerada como una gran estafa al pueblo dominicano.
Dicho contrato anuló la participación estatal en un 25% hasta tanto la empresa recupere su inversión y que la tasa interna de retorno fuese superior al 10 por ciento.
Dicho contrato se generó un gran movimiento social de oposición a la empresa, pero éste fue opacado mediante intimaciones, amenazas y compra de los comunicadores y activistas por dólares efectivo, al tiempo que se viola el derecho a la sindicalización y sus trabajadores son reprimidos de manera violenta, ocasionando la muerte al menos a dos trabajadores.
Las operaciones de la multinacional minera ha encontrado el rechazo generalizado, sobre todo del sector ambientalista, ya que sus operaciones lesiona grandemente el medio ambiente y a ecología, pero la misma ha contado con el apoyo del gobierno y el Ministerio de Medio Ambiente, quienes también apoyaron la instalación de una empresa cementera en el Parque Nacional de Los Haitises, lo que fue impedido por la movilización social.
Santo Domingo, D. N.
10 de Diciembre de 2010

 

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