República Dominicana: Amnistía Internacional denuncia  que la policía viola los derechos humanos. (Amnistia International denuncia abusos policiales en Republica Dominicana version PDF)

Por Annalisa Melandri*

“Con la cacha  de la pistola el teniente me dio un golpe  en la cabeza y me desmayé. Luego, me tiró varias veces encima del mofle caliente de su motor. Esto me lo contó un amigo que estaba ahí, yo no recuerdo nada. El día siguiente me desperté en el cuartel, esposado,  con la sangre que me corría de la nariz y del oído y con el cuerpo lleno de quemaduras”. Eso es lo que contó  Eduardo Hernández Portoreal, de 33 años, a la delegación de Amnistía Internacional que en estos  días se encontraba en  República Dominicana presentando el  informe sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por la Policía Nacional.

Eduardo Hernandez Portoreal

El informe (descarga aquí) de 77 páginas,  es muy claro empezando por  el título  “Cállate si no quieres que te matemos” : en República  Dominicana la Policía Nacional maltrata,  tortura,  mata a sangre fría y en al menos dos casos ha sido responsable de la desaparición forzada de personas, considerada  crimen contra la humanidad. Estas conclusiones son el resultado de tres visitas que la  ONG internacional  ha realizado en el país entre 2009 y 2011, analizando violaciones de derechos humanos cometidas entre   2005 y  2011.

La lectura del informe trae  escalofríos y debería impactar  profundamente sobre todo los turistas extranjeros,  cuyos  sentidos  son estimulados solamente por la  vista de las playas doradas, de las inmensas plantaciones de caña de azúcar,  de las sonrisas de la gente y los rostros de las bellas mujeres, así como por el sonido de los ritmos de merengue y bachata y por el sabor del ron. Ellos casi siempre  regresan a sus países sin haber verdaderamente entendido nada de la compleja realidad del país.

La República Dominicana es un país cautivador,  que a veces desvela los  aspectos trágicos y crueles propios de una sociedad que se encuentra constantemente suspendida  entre pasado y futuro, entre un fuerte nacionalismo y el actual neocolonialismo, entre globalización y tradición, pero sobre todo entre la riqueza de unos pocos, muy pocos, y la miseria de muchos.

Bruveiker Baldes Reinoso

La historia de Eduardo, después de todo, es una de las  menos peores. A Bruveiker,  el 7 de octubre de este año la policía le disparó por la espalda mientras tenía las manos levantadas detrás de la cabeza, la bala le atravesó el intestino y salió por los genitales.  Tiene  diecinueve años. Ya ha  sufrido dos operaciones, incluso  la reconstrucción del pene y está en  espera de otra con la que le volverán a poner en la abdomen los intestinos después de quitarle el catéter que ahora le sirve como gabinete portátil. Él y Eduardo son solamente dos de los casos que, como filial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de La Romana  (zona Este) hemos llevado a conocimiento de la  delegación de Amnistía Internacional. Sus historias son muy recientes, ocurridas entre  septiembre y octubre de este año  y por lo tanto no están incluidas en el informe. Por ahora son parte  de la crónica periodística.

Sin embargo, el informe de  Amnistía International denuncia  decenas de casos como estos. ¡Inclusive aún más graves! Bruveiker y Eduardo pueden considerarse afortunados.  Otros  jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, no lo han sido y cuanto  ocurrido a ellos han tenido que contarlo sus amigos y familiares. Es sobre todo a  estas personas que los miembros de la delegación de  Amnistía Internacional,  Javier Zúñiga, Chiara Liguori, Robin Guittard y Josefina  Salomón, expresan  una profunda gratitud por haber  “dado testimonio de su  búsqueda determinada e inquebrantable de justicia”.

El informe comienza con la dramática historia de Junior Tontón Santiago (alias Salivita), fallecido el 28 de septiembre de 2010 en un  hospital por un disparo recibido por un policía  en un hotel de  Santo Domingo. Lo estaban buscando   en relación al homicidio de un medico ocurrido un mes antes. Un amigo de Junior que se encontraba con él ha contado a la delegación de Amnistía Internacional que el joven llegó vivo al hospital. Allí el capitán de la  patrulla le dijo  a un agente “de poner  dedos en las heridas de Tontón  para empujar la bala y hacerle sufrir”.  El joven se enteró de la muerte del amigo   cuando le tocó acompañar los policías en carro por las calles buscando armas. Oyó uno de ellos hablar al teléfono con el capitán y decirle: “Ya maté a Salivita”. [1]

El caso es emblemático por la impunidad  que  gozan los miembros de la policía  involucrados en el asunto. Hasta el momento de redactar el informe, Amnistía Internacional no había recibido ninguna  respuesta de las autoridades en materia de investigaciones y uno de los testigos  hasta el mes de marzo aún no había sido escuchado por un juez.

En muchos otros casos, efectivamente los policías que han cometido crímenes han sido sometidos a la justicia y condenados  a penas severas. Han sido condenados por ejemplo a 30 y 20 años  de cárcel los dos policías que en Santiago de los Caballeros el 20 de marzo de 2006 mataron a sangre fría Miguel Ángel Paulino Reyes  después de habérsele acercado diciéndole que era todo el día que lo iban buscando.  Uno de ellos le apunto la pistola a la garganta pero esta no se disparó. El otro le pasó su arma y con esa fue que lo mataron tirándole a la cabeza. Una mujer  que se encontraba por allí empezó a huir gritando: “lo mataste, lo mataste!”. La joven Yaneth Altagracia murió más tarde en el hospital. Un amigo de Miguel Ángel que iba en el motor con él trató de huir pero el teniente abrió el fuego. Varios disparos impactaron una transeúnte, matándola al instante. Una carnicería.

La Policía Nacional y la  población.

La Policía Nacional fue fundada en 1936 durante la dictadura de Trujillo, bajo cuyo régimen, que duró treinta años, murieron cerca de 50 mil personas.
En esos años, la Policía Nacional y el Ejército se mancharon de  graves violaciones de los derechos humanos.

Hoy la policía es un organismo civil que está  bajo la autoridad  del Ministerio de Interior y Policía  y no de las Fuerzas Armadas como antes. Está conformada por  30 mil agentes en todo el territorio nacional. Sin embargo comparte en algunas tareas el trabajo con el Ejército.

De hecho, no ha perdido  la fuerte huella castrense (empezando por los cargos, por ejemplo el jefe de la  policía es el mayor general José Armando Polanco Gómez) que tenía en la época de Trujillo y entre la  población es muy alta  la falta de confianza en esta institución,  que “se sigue percibiendo en gran medida como un órgano autoritario, represivo, corrupto e ineficaz que comete muchas violaciones de derechos humanos”.[2]

Esta percepción y el repudio de la población frente a muchos casos de muertos a  mano de agentes de la Policía Nacional, ha impulsado, en el mes de julio del año pasado,  la campaña “Policía no me mate que yo me paro”,  por asociaciones juveniles y de la sociedad civil en respuesta a casos en que muchas personas, sobre todo jóvenes,  habían sido matados o heridos por no haberse detenido a la orden de paro. Esto ocurría y ocurre aún,  porque el alta se daba en lugares oscuros y aislados y al desventurado el policía  le quitaba el motor o todo lo que tenía en su bolsillo.

El alto nivel de corrupción entre las  filas de la policía es vista como el mayor pecado de esta institución, quizás aún más grave del uso indiscriminado de la fuerza pública. Que la policía sea  involucrada en  episodios delictivos lo  piensa el 59,2% de la población dominicana (encuesta  Barómetro de las Américas 2010). Una de las prácticas policiales  más frecuentes, la de las  redadas preventivas colectivas (definidas ilegales por la  Procuraduría General de la República)[3], es vista como una buena oportunidad para extorsionar dinero a jóvenes inocentes: unos pesos en cambio de la libertad inmediata. No son pocos los casos de policías, también de alto rango,  involucrados en el narcotráfico.

En abril de este año, un reportaje del Miami Herald, escrito por  Frances Robles,  describe esta situación dramática,  que ve involucradas también las Fuerzas Armadas (quizás  en mayor medida que la Policía Nacional por lo que concierne la criminalidad organizada). Según la investigación  serian más de 5 mil los agentes expulsados de la institución en los últimos tres años. Con la intensificación del tráfico de drogas  desde  Colombia hacia México y Estados Unidos, la República Dominicana se ha vuelto un importante encrucijada por este tipo de ilícito  y los narcotraficantes,  facilitados por los sueldos  de hambre de las fuerzas del orden (un teniente apenas llega a 5 mil pesos mensuales, casi 140 dólares estadounidenses) tienen tarea facilitada.

Los números de la violencia

Según fuentes de las misma Policía Nacional, las personas matadas por agentes en servicio en 2010 han sido 268 (el 10.5% de todos los homicidios cometidos en el país) contra las 443 del 2009.  La gestión del anterior jefe de la policía, el general Guillermo Guzmán Fermín desde  2007 hasta  2010 ha sido definida “sangrienta” (344 muertes en  2007, 599 en  2008, 443 en  2009).[4] El dato del 2010 seguramente  indica una tendencia a la rebaja respecto a las estadísticas de los años anteriores. Sin embargo los primeros seis meses del 2011 reportan 175 casos contra los 148 del  mismo periodo del 2010. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el abogado  Manuel María Mercedes  Medina ha denunciado propio en ocasión de la  presentación del informe de Amnistía  International, que  los números son bien diferentes respecto a los  confirmados por la Policía Nacional  y que son muchos más altos. Pidiendo la renuncia del actual jefe de la policía,   ha responsabilizado el presidente de la República, Leonel Fernández, quien tiene plenos poderes  sobre la Policía Nacional por el “clima de violencia, inseguridad y corrupción que se genera desde el Estado mismo y del que la Policía es parte fundamental”.[5]

Estas cifras, de todas maneras,  van analizadas teniendo en cuenta el marco de la criminalidad generalizada  presente en todo el país. Este dato es en considerable y constante aumento en los últimos años.

Si en 1991 se registraron 13 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2010 este número  ha crecido a   25.

La detención de armas,  legales o ilegales (de fabricación casera o chilenas como le dicen) según mi opinión es probablemente  una de las plagas que más afecta la sociedad dominicana.

Siendo las “leyes que regulan  la posesión de  armas inadecuadas” como reportado también por Amnistía  International, las armas prácticamente son presentes en todos los hogares y están a la portada de todos, jóvenes, niños, personas con dificultades psicológicas, alcohólicos,  sin ningún control.

Desafortunadamente  la actitud de los  agentes policiales corruptos que se “benefician de la delincuencia ante de combatirla” no ayuda a disminuir la tragedia de estos números  que obviamente son muy altos también entre las fuerzas del orden. Propio este es un dato muy promocionado por los comunicados oficiales de la  Policía Nacional que acusa las ONG entre las cuales la misma CNDH,  de defender solamente los criminales. Esta misma acusación es asumida, vía mediática, por la población civil, dificultando así el trabajo de las  asociaciones por la defensa de los derechos humanos en el país.

En 2010 han sido 62 los policías asesinados. Sin embargo el periódico Listín Diario ha realizado  una investigación con los datos favorecidos por la Policía Nacional y resulta que entre 52 agentes muertos entre enero y noviembre de 2010,  solamente 12 de estos han caído en  cumplimiento del deber. Los demás fueron asesinados durante atracos, por asuntos personales o mientras ellos mismos estaban cumpliendo crímenes. [6]

Ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas e impunidad.

La versión oficial, que se proporciona y se repite constantemente en los medios de comunicación para justificar el elevado número de muertes a manos de la policía es que estas  se producen durante  “intercambio de disparos”, y que representan  el costo del intensa actividad de  patrullaje  de la policía.

Sin embargo, testigos, investigaciones de medicina forense, y a menudo las mismas aulas de los  tribunales, ha demostrado que  no se trata de conflictos a fuego  sino de uso ilegitimo y despropositado del uso de la  fuerza,  hasta llegar a casos de verdaderas  ejecuciones extrajudiciales (con este término  se indica la privación deliberada de la vida  de una o varias personas  por parte de los agentes del Estado), un crimen condenado por todos los tribunales internacionales y por el Derecho Internacional de los derechos humanos.

Emblemático es el caso descrito antes de Miguel Ángel Paulino Reyes   o el de  Jesús de la Rosa Santana, asesinado con un disparo en la cabeza el 28 de junio de 2010, cuando una docena de policías vestidos de civil entraron en su casa,  lo arrastraron fuera de la puerta y lo ejecutaron delante de su esposa y de sus hijos. Después de ponerle una pistola en  la mano y haber disparado con ella  un par de tiros, le robaron 11mil pesos (300 dólares). La policía en el informe declaró que Jesús había muerto durante un intercambio de disparos.
La jurista  Rosalía Sosa Pérez, refiriéndose al fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales,  declaró  que a pesar de que no exista la pena de muerte en el país desde hace tiempo,  en estos casos se puede hablar de “pena de muerte encubierta“[7], mientras que el analista en materia de de seguridad  Daniel Pou habla de una “cultura del exterminio, una cultura una cultura de aplicar penas que son ilegales, fuera del contexto jurídico, como es la pena de muerte a determinados grupos, de manera tal que se ejerza una suerte de efecto demostración para amedrentar el influjo que pueda tener el mundo criminal”. [8]

Estos grupos al que se refiere Pou, son los sectores más marginados de la sociedad y los más vulnerables, marcados por una especie de prejuicio colectivo según el cual  “eres un delincuente porqué eres pobre” (o viceversa).

La tortura es una práctica muy extendida y se utiliza a menudo como “herramienta” de investigación o para obtener una confesión.

Esto ocurre tanto en los cuarteles  como en las cárceles.

Los métodos utilizados son: golpes en diversas partes del cuerpo, especialmente en los genitales, dejar los detenidos en posiciones incómodas o de rodillas durante mucho tiempo, mantenerlos esposados y colgando sin tocar con los pies en el suelo.  Por lo menos en un caso reportado, se ha utilizado  un instrumento eléctrico.

Lo ocurrido al  joven Eduardo, las quemaduras repetidas en su  cuerpo con el mofle del motor, ¿no son acaso una  forma de tortura con el agravio del sadismo?

Entre el 2009 y el 2011 también hubo dos casos de desapariciones forzadas. La desaparición forzada es considerada como un crimen contra la humanidad por todos los tratados internacionales ratificados por la República Dominicana. Sin embargo este país todavía no ha firmado ni ratificado propio  la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.

Las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas se consideran en general el límite del  uso excesivo de la fuerza, más allá de eso, hablar de Democracia y de Estado de Derecho es eufemístico.

Juan Almonte Herrera

El caso de Juan Almonte Herrera:[9]

“El 28 de septiembre de 2009, Juan Almonte Herrera, miembro del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, se dirigía a pie a la oficina donde trabajaba como contable cuando cuatro hombres armados le dieron el alto. Los hombres lo obligaron a entrar en un vehículo. Según los informes, varios testigos presenciales  identificaron a los cuatro hombres armados como agentes del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional. Dos horas después de la detención, la policía anunció por televisión que buscaba a Juan Almonte Herrera porque lo estaban investigando en relación con el secuestro de Eduardo Baldera Gómez.

El 2 de octubre de 2009, después de que los abogados que actuaban en nombre de Juan Almonte presentaran una petición de hábeas corpus cuestionando la legalidad de la detención, la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional ordenó a las autoridades que lo liberaran de inmediato. La policía no cumplió la orden, pues negó que se encontrara bajo su custodia y lo declaró prófugo.

A finales de octubre de 2009, dos cadáveres calcinados no identificados fueron encontrados en un automóvil en la capital, Santo Domingo, y llevados al Instituto Nacional de Patología Forense. Uno de los cadáveres fue identificado como el de Juan Almonte por su hermana. Sin embargo, cuando se llevaron a cabo las pruebas de ADN, los resultados fueron negativos, aunque la familia ha expresado motivos de preocupación por la forma en que se realizaron los análisis.

En diciembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares por las que instaba a República Dominicana a hacer público el paradero de Juan Almonte; a garantizar su seguridad y la de sus familiares y abogados, y a informar a la Comisión sobre las medidas adoptadas para investigar su desaparición.

Las autoridades dominicanas mantienen que Juan Almonte Herrera es un prófugo y no han tomado ninguna medida para aclarar su paradero, excepto comprobar los registros de las personas que han entrado o salido del país y los registros penitenciarios. La familia y los abogados de Juan Almonte no han recibido ninguna comunicación oficial sobre el estado de la investigación de su desaparición, a pesar de haber presentado tres denuncias ante las autoridades judiciales.

En marzo de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que la respuesta de las autoridades dominicanas era inadecuada y solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dictase medidas provisionales. En mayo de 2010, la Corte dictó las medidas provisionales, por las que solicitaba a las autoridades dominicanas que emprendiesen todas las acciones necesarias para proteger la vida, libertad e integridad de Juan Almonte y que planificasen y aplicasen medidas de protección efectivas para los familiares y abogados de Juan Almonte, respetando sus deseos.

En respuesta a los informes periódicos presentados por República Dominicana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha criticado que las autoridades dominicanas no hayan adoptado medidas concretas para determinar el paradero de Juan Almonte.”

Más allá de la extrema gravedad de algunos casos, como por ejemplo los de  desaparición forzada, en general podemos decir que se han  realizado progresos reales en la República Dominicana para combatir la impunidad en la violencia de Estado. Desde 2004, todos los tipos de delitos cometidos por miembros de la policía son  juzgados por los tribunales civiles.
Son  muchos los casos en que  miembros de la Policía Nacional y del Ejército son llevados ante la justicia. En el caso de Eduardo Hernández Portoreal, que contamos en abertura de la nota,  por ejemplo, el teniente fue inmediatamente detenido.
Sin embargo, como hemos visto, un largo camino  queda por hacer.

Respecto a los métodos de investigación  de los crímenes cometidos por la policía, son diferentes las versiones proporcionadas por el Ministerio Público, por  la policía y por los fiscales, dejando imaginar  una situación confusa y poco clara,  en la que no es difícil eludir las investigaciones y procedimientos legales y evadir el enjuiciamiento.

Todo depende  de sí y cómo viene llevada la demanda por parte de la víctima o de sus familiares.  Esto no siempre ocurre, ya sea por ignorancia sobre el procedimiento a seguir o también, por temor a represalias.
Muy frecuentemente  se llega a un acuerdo monetario fuera de corte entre la parte ofendida  y el militar o el policía  que cometió el abuso. Cuando la compensación económica es impuesta por la corte casi nunca es  honrada.

La rapidez y el éxito de las investigaciones también dependen en gran medida por la atención que el caso recibe por los medios de comunicación y por el perfil  de la víctima. Si es de clase social baja, si tiene  vínculos con la criminalidad, si tiene pendientes con la justicia, recibe  menos atención de los medios de comunicación. Y por lo tanto menos  justicia en los tribunales. Seguramente  la exposición masiva e inmediata de los casos  a los medios de comunicación hace la diferencia en la resolución de los mismos.

Respecto a las investigaciones, aunque el derecho internacional establezca  que estas no pueden ser llevadas a cabo por las mismas  instituciones involucradas en los abusos, en  República Dominicana esta  parece ser la regla. “Según abogados y organizaciones de derechos humanos, en casos de homicidios cometidos por la policía donde no hay testigos ni denuncia formal de la  familia, muchos fiscales se limitan a dar el visto bueno a los informes de las investigaciones policiales que afirman que la muerte fue debida a un “intercambio de disparos”. [10]

Una práctica también  ampliamente aplicada,  que demuestra propio la discrecionalidad con que la  Policía Nacional lleva a cabo las investigaciones,  es  la de los traslados.  Un teniente acusado de haber cometido un abuso, simplemente es trasladado  de una ciudad a otra el tiempo necesario para “enfriarse”. Es obvio que esta no es una  solución y contribuye a mantener alto el nivel de impunidad.
Causas y posibles soluciones — Sugerencias y recomendaciones de Amnistía Internacional

policia dominicana

Lo que más destaca del análisis de estos y de  otros casos  ampliamente descritos en el informe de Amnistía Internacional, es que la violencia de Estado parece ser utilizada  como un elemento de disuasión  del crimen o para  eliminar físicamente a los delincuentes reincidentes.

Algunos casos de violencia son sin duda relacionados  con el ajuste de cuentas entre delincuentes y agentes de policía. El tráfico de drogas, la extorsión, el sicariato, son  las prácticas criminales que por la mayoría ven implicados miembros de las  fuerzas del Estado. El sicariato es un fenómeno relativamente reciente, es  una práctica criminal originaria de América del Sur que en los últimos años ha tomado  pie en el país y que  involucra siempre más agentes, a veces con rol de intermediarios.[11]

No hay muchos casos de violencia utilizada como  sistema de represión política. Esta era una práctica frecuente durante la dictadura de Trujillo y luego bajo el gobierno de Joaquín Balaguer (1986–1996). Sin embargo, en algunos casos, especialmente como  forma de “control del orden público”, parece que se han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales de personas determinadas la noche antes de una manifestación política anunciada.

Otras veces, agentes SWAT (un cuerpo especial antidisturbios de la  Policía Nacional) se han  apostados en los techos  de las casas disparando a cualquiera que iba a poner barricadas o a quemar neumáticos en la calle.

El 16 de junio de 2009, un joven recibió varios tiros solamente porque estaba pasando cerca a una marcha a la cual era completamente ajeno.  Murió en el hospital poco después.
Un testigo dijo que este asesinato se llevó a cabo como un ajuste de cuentas por la muerte de un policía ocurrido durante otro evento.

Un caso según mi  opinión, sumamente grave  y que pero ningún medio de comunicación internacional ha señalado (como sucede casi siempre con lo que  ocurre en este país)  fue el asesinato a sangre fría de Anderson  Parra Cruceta , de 33 años. Sea  por la forma, sea por el contexto en el que ocurrió,  podría muy bien ser comparado con el de Brad Will, reportero de Indymedia asesinado en Oaxaca, México,  en 2006.

El 11 de julio, durante una huelga general, Anderson Parra Cruceta  estaba filmando[12] los disturbios en la calle y el abuso que estaba cometiendo un policía hacia un joven. Este le disparó a Anderson en la boca mientras que le decía: “toma,  grava esto también”,  matándolo al instante. Durante la huelga ese día un muchacho haitiano de 13 años resultó herido de bala en ambas rodillas.

Entre las causas de la corrupción y la violencia  debemos recordar, como decíamos antes,  la cuestión de los salarios.

Lo que un teniente gana mensual, alrededor de 140 dólares,  es realmente una miseria y sin duda no es un salario que permita una vida digna en este país. Un jardinero o una mujer de limpieza en República Dominicana ganan  el doble. Sobre la base de este factor se ha ido formando una Policía Nacional no responsable y no consciente del valor de su trabajo,  pero también psicológicamente poco apta a desarrollarlo. Sobre todo sobre  este punto confía el crimen organizado. Con excelentes resultados.  Cabe destacar  también que es vigente la prohibición del derecho de voto para los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas,  derecho revocado en 1924[13], y también que estas instituciones no tienen derecho  de asociación y  ni de sindicalización.

Estos son los principales puntos a partir de los cuales debería iniciar una reforma seria de la Policía Nacional.
Sin embargo, varios intentos de reformar la institución desde 1999 hasta 2005, cuando se implementa en el país el Plan de Seguridad Democrática con “el objetivo de abordar las causas de la violencia  y la delincuencia de forma integral, y de mejorar las relaciones entre las policía y las comunidades marginadas”[14], no han dado  grandes resultados.

Dentro de este plan se había establecido un  Programa de Reforma y Modernización de la Policía, que pero fue criticado por muchas ONG de derechos humanos y por organizaciones de la sociedad civil por la superficialidad con que se trataban  algunos aspectos clave del problema. Por encima de todo,  lo que fue duramente criticado fue el hecho de que estas reformas se habían llevado a cabo sin ningún tipo de diálogo con las asociaciones civiles.

Un último proyecto de ley, en junio de 2011 fue entregado al Congreso por el Presidente de la República, después de la aprobación del Senado, pero sin tener en cuenta las sugerencias formuladas por un equipo  de expertos contactados por el mismo presidente.

Entre los mecanismos que podrían facilitar el trabajo de reforma de la Policía Nacional uno fundamental es el Defensor del Pueblo, figura prevista  por una  ley del  2001 para investigar las demandas de los ciudadanos  contra las instituciones  del Estado. Hasta la fecha aún no se ha nombrado al primer Defensor del Pueblo, a pesar de que  todas las candidaturas se han presentado.

El país también carece de una institución nacional de derechos humanos. Hay dos ONG de derechos humanos, la CNDH (afiliada a la Federación Internacional de los Derechos Humanos, FIDH) y el Comité Dominicano de los de Derechos Humanos, que trabajan con  absoluta escasez de fondos, con personal voluntario  y con recursos totalmente  insuficientes  para dar una respuesta concreta a la población sobre los numerosos  casos de  violaciones de derechos humanos.  Sin embargo, son la única forma de disuasión civil  a la violencia de Estado y desarrollan  una labor encomiable.

Las recomendaciones generales de Amnistía Internacional al Estado dominicano han sido las  siguientes:

• La aplicación inmediata de medidas para reducir los asesinatos policiales y erradicar las prácticas de tortura, malos tratos y otras violaciones.

• Garantizar  de que las investigaciones en todos los casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional se lleven a cabo de manera imparcial,  inmediata, independiente y exhaustiva.

• Proteger a las víctimas y los testigos.

• Garantizar  la indemnización completa a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos.

• Elaborar e implementar una reforma policial eficaz, basada en el respeto de los derechos humanos.

• Mejorar el sistema de control sobre las actividades de la policía.

• Ratificar y aplicar los tratados internacionales de los  derechos humanos.

Cada uno de estos aspectos generales desarrolla recomendaciones específicas que se pueden leer detalladamente en el texto integral del informe de  Amnistía Internacional.

Las reacciones

El primer paso en la solución de un problema consiste en aceptarlo.

La Policía Nacional no acepta y no reconoce que en el país haya un  problema de violencia de Estado y de mala gestión de la fuerza pública.  La delegación de Amnistía Internacional se reunió con todas las instituciones, con el Fiscal, con el Ministerio de Interior y Policía, con la Cámara de Diputados, y todos, unos más que otros, están de acuerdo que hay que hacer pasos en adelante y que a veces la situación está afuera de control.

La versión oficial de la Policía Nacional y a veces de las  mismas instituciones, por lo menos en las declaraciones públicas,  es que se trata de algunas “manzana podridas”  que actúan fuera del contexto institucional en el que los derechos humanos y civiles son respetados y que tal acciones aisladas siempre están perseguidas en términos de leyes.

El informe de Amnistía Internacional ha desatado, como era de esperarse,  una serie de reacciones, algunas hasta muy duras y vulgares,  sea entre los mismos  vértices de la Policía Nacional que  entre las demás  instituciones, inclusive por la Iglesia Católica. Algunos sectores de la sociedad,  permeados  por un fuerte nacionalismo han desaprobado el informe,  que ven como una injerencia en los asuntos internos del país. Entre ellos, el senador José Rafael Vargas, ha hablado  de un “plan internacional” contra la  República Dominicana, del cual Amnistía Internacional sería un instrumento.[15]

El vocero de la policía,  coronel Máximo Báez Aybar, en una entrevista concedida a un programa televisivo ha cuestionado hasta la portada y el título del informe (“Cállate si no quieres que te matemos”) afirmando que “condicionan la opinión pública”  dando una imagen negativa de la Policía Nacional ya desde antes de abrirlo y empezar a leerlo.  Dijo que las cifras denunciadas por la ONG representan  una “margen de error” posible en el ámbito de la acción de un cuerpo constituido por 30 mil hombres.

El cardenal de Santo Domingo Nicolás de Jesús López Rodríguez  ha declarado de no tener confianza en el informe de Amnistía International pero admite que en el país la Policía Nacional ha cometido muchos abusos que sin embrago hay que relacionar solamente con algunos elementos y no con toda la institución.

El Vice-Presidente de la República Dominicana, Rafael Alburquerque ha declarado que “Amnistía exagera”.

Al presidente de la CNDH, Licdo. Manuel María Mercedes Medina,   quien el día siguiente de la  presentación oficial del informe ha solicitado la renuncia del jefe de la policía,  un anónimo periodista desde las columnas del periódico el Nacional,  lo ha tildado de “ignorante”. El periodista ha llegado a escribir que  “usar una investigación incompleta y discriminatoria para sugerir la  dimisión o despido del jefe de la Policía constituye un cretinismo mayor”.[16]

Sin embargo la cosa  más importante es que la sociedad civil en su conjunto ha acogido positivamente el informe, concordando con todas las recomendaciones emitidas. Esto no nos asombra porque el mismo  ha sido redactado tratando de reflejar los anhelos de la sociedad dominicana que verdaderamente  quiere una policía digna de un estado democrático. Sobre todo los jóvenes han demostrado interés y preocupación por la situación actual, demostrándolo con  la gran participación que ha tenido la presentación del informe a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

En conclusión,  creo que sea importante llamar la atención de los  medios de comunicación internacionales respecto a lo que pasa en el país. Muchas veces los intereses  económicos  imponen una forma de censura por la cual la República Dominicana debe ser solo y solamente el país de las playas, de las palmas y de las hermosas mujeres. Pero en República Dominicana vive también todo un pueblo que reclama el respecto de  sus derechos fundamentales frente a sus autoridades y  la comunidad internacional.

Los turistas son alojados y pasan días y semanas  “cerrados” en “resorts all inclusive”  con escasas posibilidad de  interactuar espontáneamente y líberamente con el ambiente y la sociedad que rodea estos complejos turísticos.  Agencias  especializadas se ocupan de cada  mínima necesidad de ellos reduciendo a cero el contacto con la realidad del país.

En esta forma se construye casi un mundo paralelo que excluye y marginaliza dramáticamente el pueblo dominicano de uno de los más poderoso instrumentos de disuasión de los  crímenes de Estado: la comunidad internacional, formada  no solamente por instituciones y ONG sino también y sobre todo por  hombres y mujeres que crean enlaces y redes, que se buscan, que se observan, se reconocen  y solidarizan, que intercambian informaciones y se ayudan en el reciproco crecimiento, che desenrollan caminos de lucha y de resistencia.

Al momento de cerrar la presente nota, hoy 3 de noviembre, el presidente  Leonel Fernández, después de una semana de haber entregado su informe a  la sociedad civil Amnistía International,  se ha reunido con la plana mayor de la Policía Nacional propio respecto al tema de los  abusos.  Ha pedido que los agentes actúen en el respecto de los derechos humanos de los  ciudadanos y se ha comprometido a agilizar el proyecto de reforma de la Policía que está en espera en el Congreso. Sin embargo recordamos que este texto ha sido considerado  insuficiente e inadecuado, sea por la misma  Amnistía  Internacional,  que por las demás asociaciones de defensa de los derechos humanos.

P.S. 10/11/2011 En un artículo del 9 de noviembre se escribe lo siguiente:

“El ministro de Interior y Policía  declaró hoy que está viciado   y carece de objetividad el informe de Amnistía  Internacional que denunció que la Policía incurre en violaciones a los derechos humanos, porque fue  preparado por un  mexicano con la finalidad de distanciar el turismo del país y presentar la  nación con altos  niveles de  violencia similares a   México.

El doctor  José Ramón Fadul  expresó que el  jefe de la delegación de Amnistía Internacional fue  el  mexicano   Javier Zuñiga, y vino “con la finalidad de  dañar el turismo que visita el país a pesar de que es la principal fuente de generación de divisas”.

El ministro de Interior y Policía habló en el programa “A Diario”, entrevistado  por los periodistas Cristhian Jiménez y  Niurka Pérez, que se transmite por Digital15. Advirtió que aunque que el  informe tuvo poca publicidad, “estos documentos  casi siempre son colocados en los aeropuertos  y entregados a los guías turísticos con la finalidad de hacer  daño a la nación”.[17]

* Annalisa Melandri es periodista, activista por la defensa de los  derechos humanos, miembro de la Comisión  Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos  (CNDH),  encargada de asuntos internacionales de la filial de La Romana de la CNDH.

Comunicado de prensa de Amnistía Internacional en República Dominicana

Artículo de  Chiara Liguori: “La historia de algunos supervivientes de abusos policiales en República Dominicana”.

Artículo de  Chiara Liguori: “¿Quién controla a la policía? (pag.32)

Video Amnistía  International: “Cállate si no quieres que te matemos”