Sonia Pierre: su vida, su lucha
Por Annalisa Melandri — www.annalisamelandri.it
El 4 de diciembre ha fallecido a los 48 años de edad, por complicaciones cardiacas, la activista dominicana de origen haitiano Sonia Pierre. Aunque en un primer momento se había difundido la noticia que la causa de la muerte había sido por infarto fulminante, solamente después de la autopsia se aclareció que Sonia ha muerto por una trombosis desencadenada por un coagulo a las válvulas cardiacas que llevaba después de una operación de urgencia realizada en los Estados Unidos. Parece que no había asumido el anticoagulante, medicamento fundamental en las patologías cardiacas como la que afectaba Sonia desde 48 horas. La militante y activista dominico haitiana deja 4 hijos.
Originaria del batey La Lechería en el municipio de La Altagracia, Sonia transcurrió toda su vida en la lucha por la defensa del derecho a la identidad de los haitianos de segunda generación nacidos en la República Dominicana.
Sus padres llegaron en el país desde la cercana Haití casi 50 años atrás, en el marco de los acuerdos migratorios entre el dictador Trujillo y el gobierno haitiano que establecían la entrada en la República Dominicana de haitianos como mano de obra para los ingenios azucareros.
El padre de Sonia muere el mismo día en que ella llega a la luz, enfermo y afectado por una fiebre altísima mientras está viajando hacia el hospital a ver su hija recién nacida. La madre se queda sola con diez hijos enfrentando hambre y miseria. Sonia la ayuda desde pequeña como puede con los trabajos más humildes pero ya desde joven adolescente empieza a sentir en su alma las heridas por las humillaciones y las injusticias subidas por un sistema económico y social que si por un lado es muy racista y excluyente por el otro se ha ido beneficiando continuamente por la entrada no siempre legal en el país de brazos baratos y sin derechos desde la cercana Haití por las exigencias del sector económico vinculado a la producción y comercio del azúcar.
A los trece años Sonia es detenida por la participación a una huelga donde enfrenta con coraje la guarda campestre al servicio de los latifundistas locales. Empieza en este momento la lucha a lado de su gente cuya estima y confianza ganará por su coraje (la llamarán mujer coraje).
Sin embargo inevitablemente le llegan también amenazas de muerte y hostigamientos junto a una campaña mediática desatada con el intento de humillarla y desacreditarla, puesta al servicio de los poderosos terratenientes quienes veían en sus luchas una amenaza a su statu quo.
El compromiso con su gente la lleva fuera del país, frecuentemente en los Estados Unidos, donde obtiene importantes reconocimientos internacionales por su lucha por la defensa de los derechos civiles de las minorías, entre ellos en 2006 el prestigioso Robert F. Kennedy Human Rights Award y más recientemente el año pasado, el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que le fue entregado directamente por Hillary Clinton junto a otras nueve mujeres de reconocida trayectoria por el “coraje y liderazgo excepcionales” en el movimiento feminista internacional.
Sonia Pierre de hecho fue también la fundadora del Movimiento de Mujeres dominico – haitianas (MUDHA) que tiene la finalidad de “promover la integración y participación de las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana y haitianas en los procesos sociales que se desarrollan en sus respectivas comunidades, con la finalidad de contrarrestar el sexismo, el racismo y el antihaitianismo que permea amplios sectores de nuestra sociedad; asimismo para defender y salvaguardar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y humanos de la población dominicana de ascendencia haitiana”.
Amantísima por la comunidad haitiana y de descendencia haitiana de la República Dominicana, sin embargo no gozaba de la misma simpatía entre la mayoría de la población dominicana. Muchos la consideraban “enemiga del país”, la acusaban de ser la vocera a instancias de poderes extranjeros que abogan por una reunificación de Haití y República Dominicana, acusaciones estas difundidas también en los medios de comunicación por sectores ultranacionalistas, en un país donde el racismo hacia los haitianos es muy radicado y que ha sido siempre fomentado en tiempos pasados por los varios gobiernos que se han sucedidos a la guía de la República Dominicana.
La campaña de desacredito contra Sonia se había vuelto más radical sobre todo después de la condena del país en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en 2005 por no haber concedido la nacionalidad a dos niñas de descendencia haitiana. La Republica Dominicana había sido condenada al pago de 8mil dólares por cada niña y la misma cuota a las tres asociaciones que llevaron la demanda, el MUDHA de Sonia Pierre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJAIL) y la International Human Right Law Clinic de la Escuela de Derecho de la Universidad de Berkley.
El gobierno dominicano ha siempre negado con vehemencia dicha condena calificándola de infamante y rechazando las acusaciones en la base de las leyes nacionales. Hasta el 2010 en el país era vigente el principio de ius soli sin restricciones al derecho de nacionalidad de los haitianos nacidos en territorio dominicano. Sin embargo ya en 2005 una sentencia de la Suprema Corte de Justicia estableció algunas limitaciones a este principio que luego fueron implementadas formalmente en la nueva constitución del 2010 con la introducción del párrafo donde se especifica que “son dominicanas todas las personas nacidas en el territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano”.
Según datos en exceso serian alrededor de 500mil los haitianos de primera y de segunda generación que viven en la Republica Dominicana, sobre una población total de casi 10 millones de ciudadanos.
La población migrante que vive en el país es actualmente muy diversificada, hay migrantes recientes pero también como hemos visto hay una cantidad considerable de haitianos de segunda y tercera generación que no tienen ningún vinculo con Haití (solamente afectivo, cultural o como forma de respeto hacia sus padres), donde en la mayoría de ellos nunca han ido, que son bien integrados con la población dominicana (por lo menos con la de la misma clase social) y están también los descendientes de uniones mixtas entre haitianos y dominicanos nacidos en el país. Sin embargo la “distinción entre haitiano y domínico-haitiano es rechazada, o al menos evadida, por una fuerte corriente de opinión que prevalece en la burocracia estatal y en ciertos sectores de la población. Estos sectores pretenden negar la nacionalidad dominicana a los hijos de haitianos, y agrupan los nacidos y a los no nacidos en el país en una misma categoría: “los haitianos”. [1]
El origen de esta actitud remonta a los prejuicios desencadenados por la campaña de “dominicanización” llevada a cabo por Trujillo durante su dictadura (y culminada con la trágica masacre de los haitianos en las orillas del rio Dajabón desde entonces llamado Masacre, en 1937) pero también por la siguiente política de Joaquín Balaguer, hombre muy vinculado a Trujillo, racista y conservador , figura clave en la política dominicana quien gobernó el país por 24 años divididos en tres mandatos presidenciales (el ultimo terminado en 1996).
Más recientemente, en 2007 una resolución de la Junta Central Electoral ha negado la entrega de las actas de nacimiento a ciudadanos descendentes de extranjeros que no pueden probar la residencia o el estatus legal de sus padres.
Evidentemente la resolución tenía como objetivo los haitianos de segunda generación nacidos en República Dominicana y al menos formalmente ha sido formulada con la intención de depurar las listas de errores y falsificaciones cometidas en el pasado. De hecho pero niega la entrega de los documentos de identidad a un número importante de personas de descendencia haitiana (según el MUDHA por lo menos 200mil) ya adultos, que no conocen Haití, que ni hablan creole, que se sienten a todos los efectos dominicanos y que improvisamente corren el riesgo de ser deportados en un país que no es el de ellos, después que la migración legal e ilegal de sus padres, tíos o abuelos ha sido favorecida e incentivada (por ejemplo con los acuerdos entre los gobiernos dominicanos y haitianos de los años pasados) por la necesidad de mano de obra por la cosecha de la caña de azúcar.
Aplicando esta política para contrarrestar la inmigración pero también para desecharse de un cierto número de dominico haitianos, la Republica Dominicana en diferentes ocasiones ha efectuado verdaderas deportaciones masivas y arbitrarias prohibidas por todos los acuerdos internacionales y por los tratados con la misma Haití.
El periódico El Caribe, relata cuanto ocurrido durante uno de los operativos militares de la Dirección General de Migración el 1 de noviembre de 2003: “Yo nunca he ido a Haití, tengo 35 años y nací aquí. Tengo ocho hijos y mis hermanos nacieron aquí”, decía entre gritos Anselmo Valdez, quien fue apresado anoche por oficiales de la Dirección General de Migración, al igual que decenas de haitianos, para ser deportados al vecino país.
En el autobús de Migración, estacionado en el kilómetro nueve de la autopista Duarte había un drama, los gritos estremecían las ventanas del vehículo cubierto por rejas. Muchas mujeres, algunas con niños en brazos, hasta recién nacidos, lloraban desconsoladamente al no poder regresar anoche a sus hogares donde habían dejado a sus hijos y esposos.
Los militares de Migración llegaron al kilómetro 9 pasadas las 6:00 de la tarde, como ya se ha vuelto costumbre todos los viernes. A todos los haitianos que pasaban, e incluso a personas de tez negra, les pedían sus documentos y el que no los tenía en orden era llevado hasta el autobús. Las guaguas del transporte público que se paraban en el nueve también eran requisadas por los militares en búsqueda de ilegales. El cónsul general de Haití en el país, Edwin Paraison, criticó la forma como las autoridades dominicanas realizan los operativos, “que en muchos casos son excesivos e inhumanos, al no permitir que los haitianos apresados se comuniquen con sus familiares y recojan sus pertenencias, en violación al acuerdo firmado por la comisión mixta bilateral en diciembre de 1999. En muchos casos los familiares los dan por desaparecidos porque no saben lo que les ha pasado”[2]
Con la crisis del sector azucarero en los años 80, pero también con la caída en Haití del régimen de Duvalier hijo, Baby Doc, en 1986 la política migratoria entre los dos países cambia radicalmente, la población de descendencia haitiana se vuelve “incomoda” y se trata en alguna forma de solucionar una situación difícil, enfrentada con superficialidad y evidente ambigüedad por los dos lados de la frontera, aunque los inmigrantes haitianos de primera y segunda generación han sido recientemente empleados también como mano de obra (siempre barata y sin derechos) en otros sectores como el de la construcción y del turismo.
Las medidas que se han adoptado y que aún hoy se implementan para solucionar dicha problemática sin embargo violan los derechos humanos civiles y políticos de una comunidad consistente de personas. Además de las deportaciones indiscriminadas en un país que no han nunca conocido sino en los cuentos de sus abuelos o de sus padres, deportaciones que llegaron a su mayor nivel en 1991 bajo el régimen de Balaguer (se piensa que fueron expulsadas en ese año 35 mil personas)[3] pero que como vimos continuaron también en los años siguientes, han sido cancelados de los registros civiles también documentos como las actas de nacimiento y las cédulas a personas que las poseían desde años, con la justificación que habían sido entregadas en la base de documentaciones falsas.
Diferentes asociaciones por la defensa de los derechos civiles de los inmigrantes haitianos denuncian que estas cancelaciones se han llevado a cabo en la base de suposiciones o deducciones sin ningún fundamento, a veces solamente por el color de la piel o por un apellido haitiano. En todo caso se ha negado a personas adultas que poseían sus documentos desde el nacimiento, por ejemplo la posibilidad de encontrar un trabajo o de inscribirse a la universidad, de pedir un préstamo, de abrir una cuenta de ahorro en un banco, volviéndose improvisamente apátridas, o sea sin nacionalidad, en evidente violación de la Declaración Internacional de los Derechos del Hombre que propio en su artículo 15 establece que “cada persona tiene derecho a una nacionalidad” y que “a nadie se privara arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”.
Por esto en la Republica Dominicana l’ ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, que ha abierto otra vez su sede después el reciente terremoto que ha afectado la cercana Haití en el 2010, está siguiendo desde cerca además de los haitianos que buscan refugio en la República Dominicana por el hambre y la miseria de su país, también la situación de las personas de descendencia haitiana que viven aquí desde décadas.
Antonio Guterres, el Alto Comisionado por la Naciones Unidas por los Refugiados, en un viaje reciente en el país ha visitado muchas comunidades de descendientes haitianos que han nacido y vivido en la República Dominicana que desde el 2007 se han visto negados sus papeles por los funcionarios del registro civil.
L’ACNUR considera que “cientos de miles de personas nacidas fuera de Haití de padres haitianos migrantes podrían potencialmente ser apátridas o estar en riesgo de convertirse en apátridas”.
L’ACNUR recientemente ha impulsado una campaña mundial para combatir la apátridia [4] considerando que esta condición “convierte (los apátridas) en algunas de las personas más excluidas al mundo. Mas allá del sufrimiento causado a los propios apátridas, el efecto de la marginalización de grupos enteros de personas durante generaciones genera fuertes tensiones en las sociedades donde viven, y a veces es una fuente del conflicto”.
[1] Inmigrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana – SJR y CID Bridget Wooding y Richard Moseley – Williams. Pag. 34
[2] Ibíd. pág. 10
[3]La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en un informe de septiembre de 1991 concluye que el decreto de las expulsiones emitido por Balaguer “había impuesto una expulsión colectiva “ y “desatado una persecución indiscriminada contra los haitianos y sus descendientes, nacidos o no en la Republica Dominicana, con la intención de expulsarlos del país”. Fuente: “Inmigrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana” – por SJR e CID pág. 79