Carta a la embajada de Suecia en Italia respecto al caso de Joaquín Pérez Becerra
Estimada Embajadora S.ra Ruth Jacoby,
Embajada de Suecia en Italia
Roma, 10 de abril de 2012
Ref: Detención y juicio al ciudadano sueco Joaquín Pérez Becerra
Desde casi un año, Joaquín Pérez Becerra, periodista de origen colombiano y ciudadano sueco desde el 2000, director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), se encuentra detenido en Colombia, acusado injustamente de terrorismo y de ser vinculado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Su detención en el aeropuerto de Caracas, sobre la base de una “ficha roja” de la Interpol creada ad hoc detrás de un pedido del gobierno colombiano mientras estaba sobrevolando el Atlántico, y la siguiente deportación en Colombia, apenas 55 horas más tarde, han ocurrido en total desprestigio de cualquier convención internacional sobre la defensa de los refugiados políticos y en violación de la misma Constitución venezolana. En el detalle no se ha respetado la convención ONU de Ginebra de 1951 (y su protocolo de 1976) sobre el estatuto de los Refugiados en la que además de describir la figura del “refugiado” (“quien, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él” Art. 1) declara que “ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas.” (Art. 33)
Joaquín Pérez Becerra, como seguramente las autoridades de Su país saben, se había visto en la necesidad de pedir asilo político a Suecia en 1993 para no ir a incrementar el número de los más de 4000 asesinados por los paramilitares y miembros del ejército en el ámbito de lo que fue el “genocidio político” del partido Unión Patriótica en donde él militaba. Dejó el país después del secuestro y homicidio de su esposa.
Suecia siempre se ha distinguido entre los países europeos en las décadas pasadas por la hospitalidad y la defensa de los derechos políticos y civiles de todos los ciudadanos que buscaban refugio de las dictaduras y los regímenes violentos que imperaban en aquellos años en América latina. La situación de Colombia lamentablemente hoy no es muy diferente de entonces, siendo hoy como entonces, a todos los efectos una “democracia” (sic).
No voy a enumerar todas las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Colombia que no dejan esperar nada bueno para la democracia en ese lejano país. El hallazgo de la fosa común más grande de América latina, el escándalo de los falsos positivos, los hornos de los paramilitares de las AUC, son historia reciente a la crónica de los más grandes medios internacionales.
Joaquín Pérez Becerra hoy está arriesgando su vida día tras día una vez más, en la cárcel La Picota de Bogotá entre narcotraficantes y paramilitares sin ninguna medida de protección.
La Procura de la República de Colombia en plena continuidad con la política del ex presidente Álvaro Uribe quien había declarado a la prensa que había que “acabarlos” a los colombianos criminales que “viven por allá en Suecia”, ahora está preparando un juicio farsa contra Becerra.
El juicio empecerá formalmente el 16 de abril próximo pero está basado sobre pruebas (los documentos Word encontrados en el portátil de Reyes) consideradas ilegalmente obtenidas por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Colombia y sobre todo consideradas falsas por un investigador de la policía antiterrorismo colombiana (DNJIN) Ronald Hayden Coiy Ortiz, quien ha declarado a un tribunal que la cadena de seguridad de las computadoras de Reyes desde su hallazgo hasta la entrega a la Interpol, había sido interrumpida por un razonable periodo de tiempo, hecho que puede dejar presumir que su contenido haya sido manipulado.
¿Se está cumpliendo el deseo de Uribe de acabar con los colombianos en Suecia? Algunos de ellos entre los cuales Joaquín Pérez Becerra, desde décadas, a través de las páginas de Anncol y la emisora Radio Café Stereo operan en absoluto respeto de la legislación sueca denunciando el terrorismo de Estado imperante y lamentablemente siempre actual en Colombia. Esto no quiere decir ser cómplices de las FARC o terroristas.
Su gobierno, y lo digo con mucha amargura en esta ocasión lamentablemente no ha lucido por la solidaridad y la defensa que tenía el deber de ofrecer a Su conciudadano Joaquín Pérez Becerra.
Recuerdo la historia pasada y el respecto que el mundo entero tenía por un grande político que probablemente ha sido asesinado porque creía que cada persona tenía el derecho a vivir por lo menos en un lugar de la tierra sin miedo. Es verdad que la Suecia de hoy es un país muy diferente y que no es el mismo país de Olof Palme, pero el respeto por los derechos humanos desde entonces se ha vuelto un principio que universalmente distingue los Estados democráticos de los que no lo son.
Joaquín Pérez Becerra no tenía miedo de vivir en Suecia por este motivo. ¿Acaso se estaba equivocando?
Atentamente,
Annalisa Melandri – www.annalisamelandri.it
Periodista, activista por la defensa de los derechos humanos, miembro de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) y de la Comisión Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos (CNDH).
P.S. Por la enorme indignación que ha desatado la detención de Joaquín Pérez Becerra en amplios sectores de la sociedad civil, y por el gran debate surgido he considerado necesario dar a esta carta carácter público.
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