INFORME DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA EN EL AÑO 2013

A pesar de haberse iniciado con muchas esperanzas, encarnadas en la figura prometedora del actual Presidente de la República Licdo. Danilo Medina, el 2013 ha sido caracterizado por muchas decepciones para la ciudadanía.

El suministro de los servicios básicos como  agua,  energía eléctrica y transporte se han deteriorado, al tiempo que el costo de la vida ha alcanzado niveles estratosféricos. La represión a las protestas sociales estuvo a la orden del día, y se han dado  apresamientos y asesinatos a mansalva de jóvenes que reclamaban en las calles mejoras para sus comunidades. La delincuencia ha sobrepasado  los límites imaginables, la corrupción ha continuado  galopando por sus fueros y finalmente la sentencia 168–13 del Tribunal Constitucional ha coronado  a la República Dominicana como país campeón en la violación a los derechos humanos, con la consecuente enervación de un nacionalismo exacerbado  que ha llegado al extremo de pedir la muerte contra quienes se oponen a dicha sentencia, como es el caso de los periodistas Juan Bolívar Díaz y Huchi Lora.

LA SENTENCIA DEL ODIO

La sentencia 168–13 del Tribunal Constitucional constituye una de las atrocidades más grades que se hayan cometido en los últimos tiempos, no solo en el continente americano, sino en el mundo, pues las consecuencias fatales que causará a la integridad y a la dignidad personal y al desarrollo social y humano de los afectados son incalculables.

La sentencia del Tribunal Constitucional no solo viola la actual Constitución en su artículo 18, numeral 2, el cual  indica que son dominicanos y dominicanas “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”, desconociendo  la vigencia del ius soli (derecho de suelo) vigente desde 1929 hasta las 10:00 de la mañana de 2010, sino que es aberrante por aplicarse a tres generaciones de dominicanos de ascendencia haitiana.

Esto, sin mencionar los acuerdos y tratados internacionales que, de acuerdo con la Constitución de 2010,  tienen rango constitucional en materia de promoción y defensa de los derechos humanos.

A todo esto se suma la defensa asumida por el gobierno del presidente Danilo Medina a dicha sentencia, así como la que le han manifestado  los principales sectores de poder del país,  lejos de tratar  de buscar una salida humana a la situación creada.

Las conclusiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que estuvo en el país verificando los efectos de la sentencia, en donde se  afirma  que “La Comisión estima que la Sentencia del Tribunal Constitucional conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad. La Sentencia tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes; priva de la nacionalidad retroactivamente; y genera apatridia respecto de aquellas personas que no son consideradas como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”, dejan muy mal parada a la República Dominicana y la exponen a sanciones y aislamiento internacional.

En el mismo tiempo el gobierno  ha continuado con las deportaciones  forzadas e ilegales, aunque lo haya  negado, a la vez que en la zona fronteriza se han presentado acciones contra nacionales haitianos que han estado a punto de transformarse en  actos de linchamientos y violencia generalizada.

La sentencia ha creado un ambiente turbio de falso nacionalismo, en que sectores extremistas y de derecha han llegado a enarbolar consignas como la rotura de las relaciones con Haití y la construcción de un muro que separe ambos países, así como el pedido de muerte contra quienes se oponen a la sentencia, como en el caso de los reconocidos periodistas Juan Bolívar Díaz y Huchi Lora.

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

La justicia dominicana ha mostrado  una actitud de complicidad hacia ex funcionarios públicos, incluyendo al ex presidente Leonel Fernández, señalados como responsables de graves actos de corrupción.

Esa actitud cómplice es el resultado de la conformación de un sistema judicial que ha sido creado a imagen y semejanza del ex mandatario y cuyos jueces no muestran ningún prurito moral a la hora de plegarse a sus dictámenes.

A la fecha, el presidente Danilo Medina ha rehusado referirse al tema de la corrupción, sonando con fuerza todavía su llamado a no tirar piedras hacia atrás, lo que ha sido interpretado como la aplicación de una política de borrón y cuenta nueva y  que en  práctica se traduce en complicidad  con sus compañeros de partido señalados como corruptos y con el ex presidente Fernández, responsable del mayor déficit fiscal conocido en la historia del país.

La impunidad o la ausencia de consecuencias jurídicas sobre los actos de corrupción, permean toda la sociedad, hasta el punto de que la República Dominicana es  considerada uno de los tres países más corruptos del mundo.

SITUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

En el  año 2013 la República Dominicana ha mantenido  de forma sostenida el endeudamiento externo, lo que ha obligado  a que un altísimo porcentaje del presupuesto del año próximo deba ser destinado al pago de intereses de la deuda. A esto se le suma un déficit fiscal en el orden del 3% del Producto Interno Bruto, lo que a su vez contribuye con el aumento de la deuda pública.

Durante el año 2013 se ha observado  un incremento permanente de los precios de los productos de primera necesidad, así como de los precios de los  servicios básicos, lo que se ha reflejado  en la disminución del poder adquisitivo  de la gente, es decir, en una  disminución del ingreso.

En  este año que termina el país se ha llevado la triste gloria de ser considerado como el tercero por iniquidad social  en América, siendo notoria en ese sentido la amplia brecha que separa a ricos y pobres.

Hace parte de ese panorama  el déficit habitacional existente en el país y la lentitud en la búsqueda de soluciones a problemas angustiantes, como el caso  de los residentes del  sector La Barquita, en el municipio Santo Domingo Este y el caso de los afectados por la crecida del Lago Enriquillo, en la provincia Independencia, al oeste del país.

En República Dominicana cerca del 65% de quienes tienen vivienda no posee títulos de propiedad del suelo, por lo que son frecuentes los desalojos forzosos, práctica considerada violatoria de los derechos humanos por todos los tratados internacionales firmados y ratificados por la República Dominicana.

De hecho se ha continuado  con la práctica de los desalojos ilegales contra decenas de familias que ocupaban terrenos del Estado. Estos desalojos en la mayoría de los casos se han hecho  sin observación de la Ley y con el objetivo de favorecer a personas y/o empresas particulares.

Asimismo, se ha observado  una paralización en la tasa de desempleo, que se sitúa por encima del 12 %, indicador de que el año estuvo marcado por el estancamiento laboral, mientras las centrales sindicales han denunciado  en múltiples ocasiones violaciones sistemáticas al derecho a la sindicalización, sobre todo por parte de empresas de capitales nacionales vinculadas a transnacionales, como ocurrido por ejemplo con la Frito Lay Dominicana (PepsiCO) que en menos de un año, según denuncias recibidas, ha  desahuciado y despedido a más de 100 trabajadores, todos afiliados al Sindicato, con el sólo propósito de evitar que el SINTRALAYDO alcance el 50 por ciento más uno de trabajadores afiliados, como previsto por la legislación laboral dominicana para obligar a la empresa a sentarse a una mesa de negociación colectiva, con Bepensa dominicana, empresa nacional embotelladora de la Coca Cola Company y la industria  San Miguel del Caribe SA (Kola Real).

Con referencia al tema del trabajo,  cabe señalar que sectores empresariales están abogando por una reforma del Código Laboral que es considerada por las centrales sindicales como regresiva con respecto a las condiciones laborales y a los derechos adquiridos por los trabajadores en los últimos años. En forma específica pretende aumentar el horario a 12 horas diarias de trabajo por cuatro días semanales y cancelar la cesantía. No obstante el Ejecutivo haya nombrado la Comisión Especial para la Revisión y Actualización del Código de Trabajo, los miembros que la componen son prevalentemente representantes del sector empresarial y es prácticamente inexistente  la representación obrera.

DEFENSOR DEL PUEBLO

Después de una década de espera, (la ley que prevé esta figura había sido votada hace 12 años)  por fin el Ejecutivo ha  nombrado el defensor del pueblo en nuestro país, quien deberá vigilar por las violaciones de los derechos humanos cometidas en contra de los ciudadanos y ciudadanas de la República  Dominicana. Sin embargo la elección de Zoila Martínez, lejos de representar un avance hacia la realización de un efectivo Estado de derecho, ha representado un momento de grave retroceso en ese sentido, ya que ha sido viciada por irregularidades en el proceso de selección, lo que ha motivado la Comisión Nacional de los  Derechos Humanos a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Hemos en reiteradas ocasiones denunciado que su elección ha sido el resultado de una “acuerdo de aposento que se constituye en estocada mortal a la democracia y a la credibilidad de sus instituciones”.

SALUD Y EDUCACIÓN

Los indicadores han revelado  que la salud dominicana va por mal camino. Oficialmente se han registrado 96 muertes por causa del dengue y 38 por cólera, pero según ha denunciado el Colegio Médico Dominicano hay un sub registro y las muertes por dengue sobrepasarían las 130 y cerca de 50 las  por cólera.

El desmonte   de la cuota de recuperación ha beneficiado en lo económico a los usuarios de los servicios de salud de la red pública de hospitales, pero según afirman los directores de los centros sanitarios, esa medida  está provocando la caída del  sistema  en picada, pues el Ministerio de Salud no ha asumido totalmente la responsabilidad de ese costo, al punto que algunos hospitales han sufrido situaciones de carencias de materiales de primera necesidad.

Igualmente, en el Sistema Dominicano de Seguridad Social se ha observado un deterioro constante. Ejemplo es que el seguro del Estado, el Seguro Nacional de Salud se encuentra enfrascado en una discusión con los centros especializados de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, cuyos directores acusan al Senasa de pretender llevarlos a una situación de insostenibilidad económica, mientras le niega servicios a los afiliados al Régimen Subsidiado.

A su vez Senasa acusa a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales de cuidar más los intereses de las Aseguradoras de Riesgos de Salud y las clínicas privadas que la de los afiliados. Como respuesta, la Sisalril acusa a la dirección de Senasa de rehusarse a permitir que se fiscalice y se regule, lo que pone sobre el tapete una evidente situación de corrupción que está haciendo colapsar el sistema.

Eso en la práctica significa una severa limitación al acceso a la medicina especializada a millones de pacientes que de otra forma no pueden atender a los servicios médicos privados con violación de su derecho a gozar de un servicio sanitario público  de  calidad.

En el aspecto educativo, es alentador el llamado y los trabajos que se están realizando  con miras a la firma del Pacto Educativo, así como la ejecución del Plan Nacional de Alfabetización, que ya lleva un año.

Sin embargo asociaciones de la sociedad civil llaman la atención respecto a un contexto de ilegalidad en que se estaría llevando a cabo el pacto Educativo, que no cuenta todavía, como establecido por la Constitución y la Ley 1–12, que  crea la Estrategia Nacional de Desarrollo y que ordena que el referido pacto sea realizado en el seno del Consejo Económico y Social que debió ser creado por ley y aún no se ha hecho.

A pesar de que este año 2013 el Ministerio de Educación cuenta con el 4% del Producto Interno Bruto establecido por el  presupuesto, cerca de RD$100 mil millones, lo cierto es que no se han visto avances tangibles en el sistema educativo pre-universitario y sobre todo en las áreas rurales y aisladas del país la situación respecto al acceso a la educación pública sigue siendo muy preocupante, situándonos a los últimos niveles respecto a otros países se de la región.

La mayor parte del presupuesto ha sido destinada para la construcción de aulas, y aunque el gobierno no alcanzará la meta de las 10 mil que se había propuesto para este año, continúa con la misma política de los años pasados, carente de planificación y estrategia hacia el objetivo  de  garantizar una educación pública, gratuita y de calidad a todos los dominicanos y dominicanas.

SEGURIDAD CIUDADANA

En el año 2013 la ciudadanía ha vivido  al filo de la inseguridad. Ha sido un año marcado por la violencia, la inseguridad y la desconfianza colectiva. Los asaltos y asesinatos han tocado  a todos los sectores y capas sociales, desde simples ciudadanos hasta militares de alto rango, lo que es ejemplo evidente del fracaso del gobierno en materia de seguridad ciudadana.

Se estima que cerca de un 70% de la población no se siente segura, pues si bien es cierto que le teme a la delincuencia común, mucho más miedo le tienen a los propios agentes policiales y militares encargados del orden público.

Ante los hechos criminales, el Gobierno responde, a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con una política de mano dura, olvidándose de las raíces del problema, como  el desempleo y los bajos salarios, entre ellos los de los militares y policías.

El Plan Nacional de Seguridad implementado por el Ejecutivo para resolver el problema de la seguridad ciudadana, se ha elaborado sin consultar las organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y se enfoca solamente en la represión del crimen sin tener en cuenta de las causas estructurales de la delincuencia. Su medida más evidente en ese sentido es el patrullaje conjunto de las calles efectuado por militares y policías y la masiva presencia de chequeos militares en las autopistas, llamando la atención sobre una excesiva militarización del territorio.

Este año ha sido motivo de preocupación, además, por el auge e incremento del narcotráfico, como expresado también por un reciente informe de la Agencia federal antidroga de Estados Unidos DEA, sobre todo por el hecho de que alto personal y altos oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ejército, la Policía y la Armada se han visto involucrados en el tráfico de estupefacientes.

En el aspecto de la seguridad ciudadana, se ha observado  un deterioro paulatino del sistema penitenciario dominicano, llegando a verse, incluso, una evidente pérdida del control en algunos centros del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, que ha sido prácticamente abandonado por las autoridades y que en su momento inicial había sido valorado como ejemplo a seguir por las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos y por la Unión Europea.

VIOLENCIA Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Este año la violencia ha arrancado la vida a más de 1,500 personas, entre ellas un estimado, sin confirmar aún, de 270 a manos de la Policía Nacional, en los ya famosos “intercambios de disparos”. En la próxima semana, luego de terminar de cotejar informaciones al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  revelará la cantidad exacta y brindará detalles de cada una de estas muertes. También cuentan entre los caídos a causa de la violencia, unos 55 policías y militares, algunos de ellos en situaciones dudosas que la propia Policía no ha aclarado.

Aunque valoramos positivamente el proyecto  de Ley Orgánica de la Policía en el marco de la Reforma Policial, incluida en el Plan Nacional de Seguridad Social, que el Presidente de la República Dominicana ha presentado ante el  Congreso, cabe destacar que este  proyecto, sin embargo, no establece la responsabilidad de los superiores jerárquicos, ni la responsabilidad civil de la policía como institución, con respeto a las   violaciones de derechos humanas cometidas por agentes de policía durante el desempeño de sus funciones.

Respeto a la violencia de género, destacamos  que la República Dominicana continúa  siendo uno de los principales países del continente con la tasa más alta de feminicidios en la región por cada 100.000 habitantes, según la CEPAL, el tercer de América. Hasta el mes  de noviembre se habían registrado unos 65 casos de asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o ex parejas, tanto que el coordinador de la ONU en el país, Lorenzo Jiménez de Luis ha llamado la atención al gobierno sobre este tema, instándolo a  asumirse la responsabilidad de eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El 2013 podemos considerarlo como uno de los años más nefastos para la libertad de expresión en nuestro país, tanto que diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se han visto en la obligación de llevar a cabo una campaña bajo el lema “Viva la Libertad de Expresión” que tiene el objetivo de “visibilizar, sensibilizar y concienciar al pueblo dominicano sobre la necesidad de desarrollar mecanismos de apoyo moral y físico a quienes se les violenten por expresarse libremente, mediante procesos de acción social, política y ciudadana”.

En los últimos meses se han efectivamente incrementado las acciones de amenazas, hostigamiento, persecución y espionaje a los periodistas y camarógrafos en ejercicio de su profesión por parte de políticos y funcionarios públicos corruptos.

Son ya 12 los periodistas sometidos a la justicia y alrededor de 40 los camarógrafos agredidos en lo que va de este año.

SITUACIÓN AMBIENTAL

Respecto a la situación ambiental en nuestro país podemos decir que sigue siendo grave y el futuro de nuestros recursos naturales está en grave riesgo.

Más de 300 concesiones mineras y 400 en espera de autorización nos dan en alguna manera una idea  del rumbo que se le ha impuesto al país en términos de políticas mineras y del modelo de explotación de los  recursos naturales que responden  a los intereses  de algunos grupos empresariales nacionales y transnacionales.

Además la mayoría de las concesiones mineras se sitúan en las áreas de reservas acuíferas de mayor importancia para nuestro país con el riesgo de contaminación de las mismas que eso conlleva.

Una expresión de esa política minera irresponsable es lo que acontece con las pretensiones sobre Loma Miranda de parte de la minera Xstrata Nickel Falcondo, que representa un recurso natural para nuestro país insustituible. La academia de Ciencias de la República Dominicana, miembro de la Inter-American Network of Academies of Sciences (IANAS) en su informe Loma Miranda: la huella ecológica y social de la minería (2012) expresa lo siguiente: “Hay cosas tan valiosas que nunca deben negociarse, que no se deben vender ni mucho menos alquilar (concesionarse).Loma Miranda es uno de esos ejemplos insuperables e insustituibles, que no solo  representa el segundo asiento de la vida más valioso de La Española, sino, una inmensa mina de agua y que por algunos de los caprichos de nuestra madre naturaleza, sorprendentemente curiosos y maravillosamente misteriosos, está encima de un gran depósito de níquel. Loma Miranda es un bien de la nación que ni se compra ni se vende. Se trata de una invaluable riqueza de la patria puesta bajo resguardo de sus hijos del presente”.

También el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tras una solicitud del mismo Estado dominicano  se ha expresado en el mes de mayo 2013 respecto a la explotación de Loma Miranda en la siguiente forma: “El  Estudio de Impacto Ambiental(EsIA) presentado por la minera Xstrata Nickel Falcondo para la explotación de Loma Miranda presenta varias deficiencias que le impiden cumplir con las exigencias ambientales y sociales y, por tanto, no aportaría al desarrollo sostenible del país. En tal sentido, el documento del PNUD coincide con el estudio realizado por la Academia de Ciencias y con las posiciones de medioambientalistas y ecologistas.

La sociedad civil organizada   está pidiendo desde tiempo la  inmediata declaración de Loma Miranda Parque Nacional y  la destitución del director de la Dirección General de Minería, señor Alexander Medina, ya que hay un evidente conflicto de intereses en la gestión de este funcionario, por su condición de jubilado de la empresa Falcondo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  que en su primer Congreso Nacional realizado en el mes de octubre  del año pasado en Santo Domingo,  ha asumido la defensa integral de los Desca (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) entre sus resoluciones indica específicamente la defensa al derecho a  gozar de una ambiente sano y saludable para todos los dominicanos y las dominicanas y la Resolución Especial sobre Loma Miranda pide al gobierno que esta sea declarada Parque Nacional.

La deforestación sigue afectando grandes porciones de nuestro territorio, a medida que aumentan los monocultivos de palma africana y otros cultivos. El 80% de los cursos hidrográficos sufre graves daños por erosión de suelos y por la misma deforestación,  además por contaminación química y orgánica debida a la emisión en los mismos de cualquier tipo de desechos sin ningún control. Eso es muy grave considerando que alrededor de la mitad de la población dominicana no tiene acceso al agua potable y está consumiendo agua altamente contaminada con graves consecuencias para la salud.

La ciudad de San Pedro de Macorís,  ya perjudicada por diferentes problemas ambientales y sociales provocados por la masiva presencia de industrias de diferentes tipos,  se ve ahora afectada enormemente por la construcción de la  cementera Panam, de propiedad del grupo Estrella, justo en el centro de la ciudad,  que está empeorando visiblemente  la calidad de vida de sus pobladores con contaminación ambiental y acústica.  La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha ido apoyando el justo reclamo del pueblo macorisano a gozar y disfrutar de un medioambiente sano y saludable y una de las Resoluciones especiales de nuestro primer Congreso Nacional de los Derechos Humanos es “Por un San Pedro de Macorís Libre de Contaminación”.

En fin podemos concluir que el año 2013 se ha caracterizado pon un grave deterioro de la situación de los derechos civiles y políticos (como ocurrido con la sentencia del TC 168–13) y también de los derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales, creando una grave situación de inseguridad y de desprotección de toda la ciudadanía, a la cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha tratado de responder en manera  firme, honesta y consecuente con pesar de las dificultades sobre todo por  lo que concierne en el aspecto económico.