Una producción audiovisual sobre el conflicto agrario en la región del Bajo Aguán. Que contrapone campesinos atrincherados a ejercitos privados de los latifundistas.

Annalisa Melandri – L’Indro (versión original en italiano)

“Bajo Aguán: Grito por la tierra” es el video documental realizado por AlbaSud (asociación catalana especializada en la investigación y comunicación por el desarrollo) y por la Rel-Uita (regional latinoamericana de la internacional sindical de los trabajadores del sector alimentario) sobre al conflicto agrario en Honduras.

La producción ha sido realizada en colaboración con el Movimiento Mundial de los Bosques Tropicales (WRM), con FIAN Internacional (Fighting Hunger With Human Rights) y  con la Coordinadora de las Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y se propone dar a  conocer más allá de los confines nacionales del pequeño país centroamericano “el conflicto agrario provocado por la expansión de las grandes plantaciones de palma africana, donde el campesinado organizado lucha por defender su derecho a la tierra”.  

El documental tiene diferentes objetivos, como nos explica Giorgio Trucchi, corresponsal de la Rel– Uita en Centroamérica y colaborador de Alba Sud, quien del mismo es productor e investigador: “antes que todo romper el cerco mediático que se le ha impuesto a Honduras después del golpe, evidenciar los procesos  de concentración,  acaparamiento y extranjerización de la tierra para fomentar el modelo del monocultivo a gran escala (en este caso la palma africana), así como la necesidad de un cambio de ese model. También dar a conocer los procesos de criminalización  de la protesta y la  lucha campesina en el  Bajo Aguán y la  violencia ejercitada contra sectores organizados de la  sociedad”.

Es un verdadero “grito por la tierra” el que se levanta  desde el valle del Aguán, una de las regiones más fértiles del país. A estas tierras muchos les tienen ganas. Por esa tierra el hombre más rico y poderoso del país, el productor de palma africana, Miguel Facussé, junto con otros dos  latifundistas locales, Reinaldo Canales y René Morales, está conduciendo en total impunidad una verdadera guerra contra las comunidades campesinas  organizadas. Una guerra que en los últimos tres años ha dejado un saldo de casi 60 campesinos pertenecientes a diferentes organizaciones, un periodista y su pareja asesinados por miembros de los  “ejércitos”  privados de estos señores, que actúan en total complicidad y sinergia con las fuerzas represivas del estado hondureño, policía y ejército. Justo en estos días llega la noticia de que tres campesinos más han sido asesinados mientras esperaban un autobús en un parada de Tocoa (Colón).

En Honduras, en 1974, algunas organizaciones campesinas fueron beneficiadas por un  débil programa de reforma agraria. Recibieron, para que las trabajaran,  unas tierras en la región del Bajo Aguán, un valle muy fertil al norte del país, en el departamento de Colón, cuyo nombre se debe al hecho de que aquí Cristóbal Colón tocó por primera vez  tierra firme en el continente americano, el 14 de agosto de 1502, después de haber desembarcado solamente en islas.

Desde la década de los ’90, sin embargo, el desarrollo y la implementación de las políticas neoliberales establecidas por el Washington Consensus, las mismas que están condenando al hambre y la miseria a millones de campesinos en toda América Latina, a través de diferentes mecanismos, unos violentos como la expropiación de las tierras por medio de la fuerza, otros más solapados  como la concesión de créditos agrarios con tasas de interés de usura,  determinó que las organizaciones campesinas perdieran las tierras y que estas volvieran, poco a poco,  a manos de los terratenientes del país.

La Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola de 1992, promulgada  durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990–1994) y elaborada por Roger Norton, asesor de la USAID y del Comité de Productores  por la Política Agrícola, reemplazó  la ley de reforma agraria de 1972, abriendo paso al gran poder económico y político de los industriales, de los  latifundistas, y de los  importadores y exportadores del sector agropecuario, decretando el fin de las cooperativas  agrícolas e iniciando a implementar  en el país el modelo de los monocultivos.

El golpe de Estado de junio de 2009, que derrocó y sacó del país al presidente Manuel Zelaya,  ha contribuido a profundizar un conflicto preexistente, pero sobre todo ha marcado con el sello de la  impunidad la violencia y los crímenes perpetrados contra los campesinos organizados.

Giorgio Trucchi explica que se trata “del conflicto agrario más grave en términos del grado de violencia en contra de las y los campesinos en Centro América en los últimos 15 años, es decir desde que terminaron los conflictos armados en la región — y agrega – lo que está pasando en el  Bajo Aguán es el resultado de un modelo equivocado de producción y de un proceso de contrarreforma  agraria, que se da también en el resto de la región, que impide el acceso de la población a la tierra y que  afecta directamente su seguridad alimentaria”.

El futuro no depara nada bueno ya que “los proyectos de monocultivos en toda América Latina apuntan a la producción de agrocombustibles y a las falsas soluciones del mercado del carbono, para supuestamente solucionar el grave problema de los efectos del cambio climático, entre otros  los MDL, REDD y REDD+”.

El documental  tiene el mérito  de ofrecer  en media hora de contenidos  audiovisuales, preciosos testimonios recogidos  en el lugar y de representar el  fruto del intenso trabajo de información  e investigación social que Giorgio Trucchi,  como corresponsal  de la  Rel-Uita, está llevando a cabo en Honduras desde hace muchos años. Las  voces de los  campesinos  sobrevivientes, la de las mujeres de los  asentamientos, (los territorios ocupados donde viven y trabajan) amenazadas y obligadas a alejarse de sus comunidades para proteger la vida de sus niños, de los militantes y activistas de los  derechos humanos, las imágenes de los  desalojos violentos realizados por el ejército, corren una tras otra hasta ofrecer un cuadro claro de sistemáticas violaciones de los  derechos  humanos. Tal como lo pudieron comprobar  diferentes  misiones internacionales de observación y verificación de la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán, no se trata de casos aislados, sino que los asesinatos, las amenazas, la militarización del territorio y de las  comunidades, así como las detenciones arbitrarias y las listas negras para la eliminación de las personas se han vuelto ahora una verdadera  política de Estado y una estrategia económica.

La rabia aquí en el Aguán es palpable. Resisten los campesinos atrincherados en las tierras que defiended a costa de la vida. La organización les ha dado más fuerza y convicción. Piden la atención de la comunidad internacional  porque, como explica Esly Banegas, dirigente sindical y dirigente de COPA, quien debería gozar de la protección de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  “en algunos casos nos ha salvado la vida”.