Carlos Montemayor: los movimientos armados, respuestas posibles a presiones sociales injustas

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Scritto il 20 set 2008 | 4 commenti

Carlos Montemayor

Es con el analista político Carlos Montemayor, más que con el escritor de novelas y poemas con quien conversamos en México. “En realidad las personas enfermas que quieren controlar el mundo son gabinetes como los de George Bush” nos dice  en esa entrevista esclusiva concedida  a Annalisa Melandri. En su casa de Ciudad de México, durante una conversación  exquisita y agradable, rodeados de pilas de libros en casi todos lo idiomas del mundo (Carlos Montemayor habla perfectamente cinco idiomas además de el Grieco clásico  y modermo y el Latín) él aborda temas  importantes y difíciles como el terrorismo y la guerrilla, además de la grave situación colombiana y nos explica porqué  cree que “Colombia es un ejemplo de lo que no debe seguir siendo América latina”.
 
Carlos Montemayor (México, 1947) no solamente es autor de una cantidad infinita de obras narrativas, poéticas y de ensayismo, traducidas en casi todos los idiomas, ganador de premios nacionales e internacionales (Premio internacional Juan Rulfo por Operativo en el Trópico, 1994 y Premio Colima por Guerra en el Paraíso, 1991) e integrante de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Real Academia Española. Él es además y sobretodo un profundo conocedor de la realidad social y política de su país, amante de la historia y de la tradición oral indígena y agudo observador de las condiciones sociales y económicas que desencadenan los conflictos civiles y armados.
Nombrado por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) como mediador junto con: el antropólogo Gilberto López y Rivas; el abogado y periodista Miguel Ángel Granados Chapa; el obispo Samuel Ruiz y la senadora Rosario Ibarra de Piedra, para las negociaciones con el Estado mexicano por la presentación con vida de dos militantes del grupo armado, desaparecidos en Oaxaca el 25 de mayo de 2007.
Carlos Montemayor nos explica los orígenes de los conflictos sociales en su país y más generalmente sobre el uso instrumental que se hace del concepto de terrorismo, sobre todo desde el 11 de septiembre de 2001. Algunos de los temas tratados en esa entrevista se pueden profundizar en sus últimos libros: La guerrilla recurrente (Debate, 2007) y Los pueblos indios de México (Deboslillo, 2008)
 

AM.-Usted ha sido invitado por el EPR (Ejército Popular Revolucionario) en la mediación que el grupo insurgente propuso al gobierno de México el 24 de abril de 2008 pidiendo la reaparición con vida de los dos militantes de esa organización, desaparecidos en Oaxaca desde el mes de julio de 2007. En calidad de mediador ¿Cómo está  evaluando la postura del gobierno ante esa negociación?

CM.-Lo hemos explicado ya pormenorizadamente en los documentos presentados el 14 de agosto. Gran parte de las acciones emprendidas por el Gobierno Federal en la búsqueda de estos eperristas desaparecidos,  no forman parte de la información que  proporcionan  a la Comisión de Mediación. Estas acciones las hemos conocido –los mediadores– directamente por las consultas que hemos hecho en muchos sectores de la sociedad mexicana, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Lo que ha quedado muy claro para  nosotros después de la entrega de los primeros documentos de análisis  procesales y políticos el 13 de junio es que los representantes del Gobierno Federal se negaron a considerar  como  planteamientos  al Gobierno Federal  las preguntas y análisis que les entregamos el 13 de junio.
A partir de esa negativa  expresa,  la Comisión intensificó sus consultas,  sus entrevistas con ex militantes de organizaciones como el PROCUP y el PDLPEPR, de familiares de  los desaparecidos y particularmente  con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y  ahora podemos decir que hay suficientes elementos para entender que en algunos sectores policiales, en algunos sectores políticos, en algunos sectores militares del Gobierno mexicano hay una confusión sobre las posibilidades reales de la Comisión de Mediación. Estas confusiones derivan del intento de establecer canales de comunicación con el EPR desde el año 2007. Tanto  el ejército, como el CISEN  han creído establecer contactos  a través  o  de familiares o a través de presiones a ex militantes o a los familiares de los mismos desaparecidos. Esto ha hecho borrosa yo creo, la imagen del propio Gobierno Federal en el proceso de mediación. Por lo tanto desde el 14 de agosto hemos suspendido provisionalmente las tareas de mediación hasta tanto respondan  el EPR y el Gobierno Federal si quieren que continúe este proceso.
 
AM.- El gobierno en su último boletín del 14 de agosto ha aceptado definitivamente que se trata de un caso de desaparición forzada,  en vez de secuestro como fue planteado desde el principio. ¿Qué significa esto y cómo actuará la Comisión de Mediación ante esa afirmación de responsabilidad?
CM.- No tiene ninguna trascendencia ese comunicado,  porqué ya lo habíamos dicho reiteradas veces, tanto por la CNDH, como por el  abogado defensor de los policías oaxaqueños arraigados. Por la nota aclaratoria del director del CISEN sabíamos que uno de los expedientes o uno de los cargos  acumulados en el expediente n. 047/2008 era por desaparición forzada de persona en perjuicio de los dos eperristas. Esto es solamente una hipótesis procesal, no es una resolución judicial y  el comunicado de gobernación aclara perfectamente que se está manejando como una hipótesis procesal,  de ninguna manera es una verdad jurídica  porque no se trata de un dictamen de un juez. De tal  manera  que  ni sorprende, ni agrega nada y por supuesto es una mínima parte comparado con los 39 puntos del informe y del  anexo técnico que  forma  la documentación del 14 de agosto y   hemos planteado al Gobierno Federal y al EPR. No tiene la menor  relevancia ese comunicado y estamos a la espera de que respondan, tanto el Gobierno Federal cómo el EPR.
 
AM. – Las  desapariciones  forzadas en México y en toda América Latina eran una representación de la “guerra sucia”. ¿Continúa el Estado mexicano con la práctica de desaparecer personas? ¿cómo reacciona la sociedad civil ante eso?
CM.- Creo que el único avance que ha habido en el Estado mexicano y en el país, contra la desaparición forzada de personas ha provenido de la sociedad civil. El gobierno mexicano ha firmado, ha subscrito convenios  internacionales, contra la desaparición forzada, tanto en el seno de la OEA, como en el seno de la  ONU. Sin embargo no ha habido ninguna adaptación de la legislación  nacional  para modificar y favorecer institucionalmente en la Procuración de Justicia o en los ejercicios de los tribunales estos compromisos internacionales. De tal manera que no ha habido ningún avance  en  cuanto al Gobierno mexicano;  en el Estado mexicano,  no ha habido ningún  castigado, no ha habido ningún procesado, la impunidad es permanente, desde  la guerra sucia  para acá. Estamos  viviendo en México en un  marco de impunidad total y los únicos cambios  que se advierten son en las organizaciones civiles.  La sociedad civil es  la que va adelante, el Estado mexicano el que va rezagado.
 
AM.- En su libro de reciente publicación “La guerrilla recurrente”,  Usted aborda el tema del conflicto político, social y armado en México en sus diferentes aspectos ¿por qué “guerrilla recurrente”?
CM.- Lo que explico en este libro, que puede comprobarse, es que cada cierto tiempo hay un reavivamiento de los movimientos guerrilleros y que el análisis oficial de los movimientos guerrilleros es un análisis  equivocado e incompleto. Confunden el alzamiento popular armado, lo confunden con la totalidad  de los miembros propiamente armados,  sin conexión con condiciones sociales. En la medida en que solamente la estrategia del Estado mexicano se dirige a aniquilar físicamente estos grupos armados y a no modificar las condiciones sociales, entonces de manera  recurrente las condiciones sociales vuelven a propiciar los alzamientos y de manera recurrente el  Gobierno mexicano responde con procesos de aniquilación o procesos de arrasamiento de zonas rurales y momentáneamente se sofocan los movimientos y tiempo después vuelven a aparecer. Esta recurrencia se refiere entonces, no solamente, a los alzamientos guerrilleros, sino a las estrategias equivocadas del Gobierno mexicano para controlar estas insurrecciones.
 
AM.- ¿Qué características  tiene y de dónde surge el movimiento armado mexicano?
CM.- Tiene numerosas  razones. En uno de mis libros que se llama  “Los pueblos indios de México”, hago una reseña de los movimientos armados indígenas desde los años de la conquista hasta nuestros días. La invasión territorial, el despojo de tierras, la violencia institucional, van provocando descontentos sociales que gradualmente van acentuando sus respuestas, van aumentando la violencia de la respuesta social y estos procesos que se desencadenan de manera recurrente pueden caracterizarse sobre todo como despojo de tierras. Por ejemplo,  en el Estado de Chiapas, en la segunda parte del siglo XX,  hubo un flujo migratorio muy importante a las Cañadas,  a la zona selvática de la Lacandona. En  ese momento,  México tenía una legislación que permitía el asentamiento y el reconocimiento de derechos agrarios o derechos sobre territorios no colonizados,  a  comunidades que por razones de expansión demográfica o por otro motivo como el desplazamiento  de las comunidades de sus territorios originales, podían permitir este reajuste de asentamientos humanos. Durante muchos años, tanto por razones demográficas, como por la construcción de las grandes hidroeléctricas en Chiapas, se originaron desplazamientos importantes de comunidades. El presidente Díaz Ordaz,  antes de que terminara su mandato, emitió un decreto presidencial, en el año 1969,  para que se legalizara y se regulara la tenencia de tierras a más de 40 comunidades indígenas. Esta fue una buena medida, pragmática, útil, lógica, sensata. Pero algunas de estas comunidades  tenían ya 20 años asentadas o 15 o 10, y también tenían años de estar solicitando la regulación de sus tierras, estaban ya pidiendo incluso ampliación para las dotaciones de territorios. A pesar de eso, el decreto presidencial no llegó a modificar la realidad regional porque las propias fuerzas regionales impidieron que este decreto tuviera efectos.  En 1972,  por si fuera poco, un nuevo mandatario emite otro decreto presidencial, que cancela el anterior, y en este caso lo que establece es que toda la selva Lacandona pertenece a los 66 cabezas de  familia  lacandonas, que de la noche a la mañana  se convierten aparentemente en dueños de la selva y de la noche a la mañana convierten a las comunidades que tienen  hasta 20 años ya  ahí establecidas, en invasoras de territorios. Curiosamente surge con ese decreto presidencial,  una compañía forestal,  la Compañía Forestal Lacandona S.A. que con préstamos del propio Estado mexicano contrata con los 66 “verdaderos” dueños  la explotación de las maderas preciosas de la selva y exige al ejército que expulse a los “invasores”, es decir, las comunidades que tenían ya 20 años esperando que se les regularizaran sus tierras. Este despojo territorial produce la resistencia que desde el mismo 1972 se manifiesta  y que irá creciendo en los mismos sitios en 1994 hasta la fecha.  Lo mismo podemos decir del despojo territorial que provocó que surgiera el movimiento  guerrillero de  Chihuahua en Madera y podemos decir que está ocurriendo ahora con la minera canadiense Minefinders en la  propia región de Madera, pues están despojando o intentando despojar de sus tierras a los campesinos  en Chihuahua. Principalmente el despojo de tierras ha sido un detonante de los movimientos armados en México,  pero podemos  agregar también comportamientos e injusticias notables y recurrentes  contra  comunidades. O es el  despojo o es la represión y la agresión de Estado; despojo de tierras o despojo de cultivos  o acaparamientos de productos.
 
AM.- Entonces en 1994 estalla el movimiento zapatista. Ahora parece haber perdido fuerza. ¿Tiene todavía vigencia?
CM.– Sí, por  supuesto. No ha perdido fuerza, ha ganado fuerza. Lo que ha perdido es atención de los medios.  Cuando los zapatistas hablaban no los queríamos oír, y cuando los zapatistas callan, tampoco los queremos oír,  pero nos preguntamos por qué no siguen hablando. No siguen hablando primero porque no están locos para seguir hablando cuando nadie los oye, segundo no siguen hablando porque están actuando. La acción de ellos es la materialización de los Acuerdos de San Andrés. Las Juntas de Buen Gobierno en los caracoles es la respuesta política del zapatismo a la negativa de Estado para reformular la constitución mexicana en materia de derechos de los pueblos indios. Acuerdos que fueron incumplidos por el Gobierno mexicano,  pero que los zapatistas ya los impusieron en La Realidad, y eso es una realidad diaria, cotidiana y es el fortalecimiento de la estructura política de los zapatistas. Cuando la Comisión de Mediación en la que yo participo,  estaba esperando la respuesta del Gobierno Federal para que se iniciara la mediación y cuando no iniciaba la  Comisión  todavía sus consultas,  la atención mediática era inmensa,  diaria. En el momento en que la Comisión de Mediación recabó una información suficiente como para que el Gobierno Federal tuviera que responder a esos planteamientos específicos, en ese momento, no solamente el Gobierno Federal se negó a responder, sino que desapareció todo el interés mediático por la Comisión de Mediación. Hay algún aire de familia en este silencio mediático.
 
AM.- ¿Tiene todavía razón de ser la lucha armada en el siglo XXI o es anacrónica?
CM.- Si se le pregunta a los afganos, a los palestinos, si se le pregunta a los iraquíes, si se le pregunta a cualquier punto conflictivo de Oriente medio o de Oriente extremo o de América, dirán que sí. Yo creo que no se trata de calificar los movimientos armados populares como actuales o arcaicos, sino entenderlos como lo que son, las  respuestas posibles a presiones sociales recurrentes e injustas.
 
AM. — En su libro plantea que “en los planes estadounidenses de seguridad hemisférica y mundial se esté considerando cada vez con mayor claridad convertir a los ejércitos latinoamericanos en reservas domesticas”. ¿No parece contradictorio con el hecho que América latina  esté viviendo una nueva identidad caracterizada  por unos gobiernos de izquierda o de centro izquierda? 
CM.- No todos los gobiernos, hay gobiernos dóciles en México, en Centroamérica, incluso en Suramérica. No es lo mismo un Gobierno colombiano, con un Plan Colombia o un Gobierno peruano que el  Gobierno actual boliviano o el Gobierno actual venezolano. Tenemos que matizar.
 
AM. — Con referencia a lo que decíamos antes de la militarización de la región hacia donde va México?
CM.- México va hacia la destrucción de sus propias fuerzas militares por el excesivo compromiso del ejército en tareas policíacas, en tareas de criminalidad organizada. Esto  inicia un proceso de debilitamiento mayúsculo. En el momento en que el ejército mexicano esté totalmente debilitado como lo están  ahora los cuerpos policiales, entonces el asunto de la seguridad  será recibido por instancias militares hemisféricas y ya no domesticas. Por eso esa conformación de los ejércitos latinoamericanos en fuerzas de complemento de apoyo regional a la política hemisférica de control,  se hace cada vez más claro.
 
AM.- Cuando Hugo Chávez planteó al principio de este año el reconocimiento de las FARC como fuerzas beligerantes,  Usted escribió en un editorial que hay que poner en la mesa nacional e internacional el “sesgado y utilitario concepto de terrorismo”. ¿Qué quiere decir con eso?
CM.- Que el terrorismo no es un término objetivo, sino un término subjetivo,  un término parcial. Terrorismo es un concepto que se aplica sobre todo a las luchas de resistencia social justificadas contra invasiones de países o de territorios o de ocupaciones militares de territorios.  En este sentido el terrorismo no responde  a un análisis o una descripción de realidad social y de realidad política.  El terrorismo que maneja Estados Unidos si se analiza a través de las producciones de Hollywood, se convierte en el movimiento de personas enfermas que quieren controlar el mundo, en realidad las personas enfermas que quieren controlar el mundo son gabinetes como los de George Bush o estructuras como la Exxon Mobil, o las de Gargil, o las del mismo Hollywood, o la de Halliburton. Este control provoca resistencias. A los palestinos les quitaron su territorio, los han estado masacrando, los han estado reprimiendo, lo menos que se puede esperar de los palestinos es que se defiendan con armas, a los iraquíes los han estado matando y ocupando territorial y militarmente, lo menos que se puede esperar es que se defiendan. A todas estas resistencias sociales y mundiales los llaman terroristas, ¿por qué? Porque es una forma de descalificar los motivos  sociales que tienen esos grupos para levantarse en armas.
 
AM. Finalmente las FARC, la guerrilla más antigua de América Latina.  ¿Cómo evalúa el conflicto colombiano?
CM. — El conflicto colombiano es uno de los procesos más claros de cómo puede complicarse la vida social de un país cuando se introducen en procesos de crisis social estrategias de corrección, que a la larga van a producir un caos mayor y una polarización social mayor. Es impresionante el apoyo que tanto del gobierno como de las trasnacionales han recibido las fuerzas paramilitares. Pero es también notable  el apoyo y la penetración que ha tenido el crimen organizado, el  narcotráfico en la vida política, económica y  social del país. Es también notable la pérdida territorial que el Estado colombiano tuvo durante décadas, ya sea para apartar y concentrar  la violencia  de paramilitares y guerrilleros o entre paramilitares y narcotraficantes. Pero también  es notabilísima la docilidad del gobierno colombiano a las necesidades y ordenanzas militares de Estados Unidos. Aquí  las FARC son una parte mínima del  conflicto complejísimo colombiano.  Colombia  es un ejemplo de lo que no debe seguir siendo América Latina.  
 

 

México D.F. 25 de agosto 2008
 
 
 

L’Esercito Popolare Rivoluzionario chiede al governo messicano i suoi desaparecidos

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Scritto il 19 set 2008 | 3 commenti

Ejercito Popular Revolucionario

 
In Messico,  il principale movimento armato del paese, l’EPR (Esercito Popolare Rivoluzionario), attraverso la diffusione di  un comunicato trasmesso il 24 aprile di quest’anno, ha proposto l’avvio di un dialogo con il Governo  chiedendo la riapparizione in vita di Edmundo Reyes Amaya e di Gabriel Alberto Cruz Sánchez,  due militanti del gruppo ribelle scomparsi dalla città di Oaxaca il 25 maggio del 2007. In realtà esistono prove sufficienti, raccolte da alcune organizzazioni civili per la difesa dei diritti umani e dalla Commissione Nazionale dei Diritti Umani (CNDH) che i due militanti del gruppo insorgente sono stati arrestati da agenti di polizia nel corso di un’operazione svoltasi il 25 maggio 2007 nella città di Oaxaca.
 
“Ci sono prove del fatto che sono stati arrestati da forze di polizia, e che sono stati torturati negli uffici della Procura, dai quali  sono stati poi portati via feriti  in autombulanze dell’esercito”,  denuncia  l’EPR nel suo comunicato, nominando come intermediari  nel dialogo con il Governo  alcune figure di spicco della società civile messicana e cioè l’arcivescovo Samuel Ruiz, lo scrittore Carlos Montemayor, l’avvocato e giornalista Miguel Ángel Granados Chapa, l’antropologo Gilberto López y Rivas e il Fronte Nazionale Contro la Repressione rappresentato dalla senatrice Rosario Ibarra de Piedra.
 
Il Governo ha  chiesto che il gruppo armato ponga fine ad ogni azione di violenza o di sabotaggio e che le trattative siano volte anche alla smilitarizzazione futura dell’EPR. L’EPR invece, oltre ovviamente alla riapparizione in vita di Edmundo Reyes Amaya e di Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ha  chiesto che lo Stato cessi ogni azione di provocazione e di violenza contro i loro militanti e i loro familiari,  così come contro i familiari dei due desaparecidos. Tuttavia le trattative e i dialoghi si sono arenati a questo punto, soprattutto di fronte alla evidente  mancanza di volontà politica da parte del Governo di assumersi le responsabilità della scomparsa dei due uomini.
Pertanto,  la Commissione di Mediazione in una lunga relazione presentata il 14 agosto scorso, dopo aver raccolto diverso materiale, frutto di  ricerche e di interviste effettuate a organizzazioni, istituzioni, simpatizzanti dell’EPR e militanti, nonché ai familiari stessi delle due persone scomparse (materiale raccolto poi in un dossier formato da 39 punti e da un annesso tecnico), rende noto che sono chiare le intenzioni del Governo messicano di non rispondere alle questioni e alle domande sollevate dalla Mediazione tempo prima, e che oltre alla dimostrazione palese della mancanza di volontà politica dello stesso, risulta evidente che alcuni organi dello Stato sono  a conoscenza di elementi e di notizie sui due scomparsi che non sono stati messi a disposizione della stessa Commissione.
 
Da tali incontri ed interviste e anche in seguito a un  incontro svoltosi  con la Commissione Nazionale dei Diritti umani, è risultato chiaramente alla Commissione di Mediazione che si tratta questo di un caso di desaparición forzada  (sparizione forzata) e non di sequestro  come è stato prospettato fin dall’inizio dal Governo messicano.
La sparizione forzata,  come ricordano e sottolineano gli stessi membri della Commissione,  nell’allegato tecnico presentato alle parti il 14 agosto scorso, è un crimine contro l’umanità, che è stato lungamente applicato in passato “come un metodo per ottenere governabilità attraverso la paura che tale pratica produce nella popolazione. E questo nonostante il Messico abbia firmato diversi trattati internazionali che ripudiano questo crimine”. Purtroppo in Messico è ancora una pratica tristemente attuale
C’è da dire che il 14 agosto, giorno in cui  la Commissione di Mediazione informava le parti della sospensione dei dialoghi in attesa di atti chiari  ed inequivocabili a dimostrare  l’intenzione delle istituzioni messicane  di dare notizie certe sulla sorte di Edmundo Reyes Amaya e di Gabriel Alberto Cruz Sánchez, giungeva un comunicato stampa da parte del di Governo, scarno e affrettato nei contenuti e nella forma,  che informava le parti  che la Procura Generale della Repubblica sta svolgendo indagini per il reato di sparizione forzata di persona.
 
Tuttavia sia Carlos Montemayor,  membro della Commissione di Mediazione, che Pablo Romo, membro di SERAPAZ, associazione civile che sta seguendo da vicino le trattative,  assicurano in interviste rilasciate a chi scrive (qui e qui) che si tratta di un comunicato che non aggiunge nulla a quanto già noto, dal momento che a Oaxaca il  Procuratore di Giustizia dello Stato medesimo,  aveva già aperto d’ufficio un’indagine preliminare per sparizione forzata e due agenti di polizia che erano stati in carcere preventivo con questa accusa. Praticamente pertanto è solo lo Stato federale del Messico che non riconosce la sparizione forzata dei due membri dell’EPR e che continua a non dare significativi segnali  di voler rendere noto cosa ne è stato di loro. Accettare che si tratti di un caso di desaparecion forzada sarebbe infatti  un passo di rilevanza “politica, sociale e democratica” storico nel paese, che getterebbe le basi per una visione diversa di quanto accaduto in passato e di quanto accade tutt’ora in Messico e che farebbe traballare pesantemente i concetti stessi di impunità e corruzione, sui quali si basa gran parte del sistema giudiziario del paese.
 
L’Esercito  Popolare Rivoluzionario al momento, ha confermato la volontà di non compiere azioni armate fintanto che non giungano segnali importanti, ma la tregua potrebbe durare ben poco. Ricordiamo che l’EPR, nato inizialmente dalla fusione del PROCUP – PDLP ( Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo — Partido de los Pobres) è alla testa di altri 4 gruppi armati minori  che   secondo il Centro di Investigazione e Sicurezza Nazionale (CISEN) possono “colpire  la pace sociale e la sicurezza nazionale”.
 
L’EPR, movimento di stampo socialista, nazionalista e fortemente contrario alle privatizzazioni delle risorse del paese,   proprio un anno fa si rese   protagonista di una serie di attentati ai danni della PEMEX, l’azienda petrolifera di Stato, che sebbene non abbiano causato vittime tra la popolazione civile sicuramente provocarono ingenti danni economici. Ne rivendicarono la paternità in un comunicato, minacciando di compierne ulteriori fino alla riapparizione in vita di Edmundo Reyes Amaya e di Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Adesso l’EPR ha intrapreso la via della mediazione e delle trattative, dimostrando di essere in grado di trattare politicamente e civilmente con il Governo. Che tace e non risponde.
 
 


Negro di merda? “Generica antipatia”

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Scritto il 19 set 2008 | 4 commenti

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Questo articolo di Alessandro Portelli è talmente semplice e chiaro nella sua lucida analisi di quello che sono il razzismo e il fascismo oggi che andrebbe secondo me letto in tutti i licei. “Io non sono razzista ma…”, “io non sono fascista ma…”: è questo limbo di vigliacchi razzisti e fascisti che si trovano a mezza strada tra gli antifascsisti e gli antirazzisti convinti e i fascisti e razzisti dichiarati, che stanno affossando la coscienza morale e civile della nostra società. Quei vigliacchi che hanno dato purtroppo ampia rappresentazione di sè nei commenti a questo post.
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Alessandro Portelli 
Fonte: Il Manifesto
Hanno proprio ragione i magistrati e i politici milanesi secondo cui massacrare una persona chiamandolo «negro di merda» non è un atto di razzismo. Infatti hanno dalla loro la più autorevole giurisprudenza del nostro paese: un paio di anni or sono, la Corte di Cassazione sentenziò, infatti, che «l’espressione ’sporco negro’» — pronunciata da un italiano mentre aggredisce persone di colore alle quali provoca serie lesioni — non denota, di per sé, l’intento discriminatorio e razzista di chi la pronuncia perché potrebbe anche essere una manifestazione di ‘generica antipatia, insofferenza o rifiuto’ per chi appartiene a una razza diversa». 
Immagino che la suddetta preclara giurisprudenza possa applicarsi anche a espressioni affini come «negro di merda». Quindi, «nessuna aggravante». In effetti, i due assassini di Milano hanno fatto sapere che avrebbero fatto lo stesso anche se il loro bersaglio fosse stato bianco e questo, secondo loro, dovrebbe rassicurarci (mi viene in mente la signora con bambina che allo stadio faceva «buuu» ai giocatori di colore e, alle mie rimostranze, rispose che lo faceva pure ai bianchi. Come se una schifezza ne scusasse un’altra). Ma loro almeno lo fanno per proteggersi — e comunque, per fortuna, manca la conferma empirica. Quelli che davvero non hanno vergogna sono quelli che nelle istituzioni e nei media gli tengono bordone. Io infatti ero convinto che «generica antipatia, insofferenza o rifiuto per chi appartiene a una razza diversa» fosse appunto una perfetta definizione del razzismo: un atteggiamento mentale e culturale, che può o meno produrre altri effetti criminosi ma è già un orrore in sé. Per aver definito «negro di merda» un giocatore avversario, il commissario tecnico della nazionale spagnola si beccò una meritata bufera di accuse di razzismo. Si vede che certe espressioni smettono di essere razziste quando alle parole si accompagnano le mazzate. La strategia discorsiva è la stessa seguita dal tribunale californiano nel caso Rodney King (quello che scatenò la rivolta di Los Angeles): suddividere un evento unitario in frammenti distinti in modo da separarne causa ed effetto e renderlo incomprensibile. In questo caso, le botte e le parole non fanno più parte di un medesimo processo, ma sono due cose separate e senza relazione fra loro: non danno le botte perché la vittima è comunque ai loro occhi uno «sporco negro», ma da una parte hanno verso di lui una «generica antipatia» e dall’altra lo ammazzano, però l’una cosa con l’altra non c’entra. Se vogliamo, su tragica piccola scala, questa è la logica che presiede la separazione fra le leggi razziali e il fascismo rivendicata dal sindaco di Roma e dai suoi seguaci: il regime cacciava i bambini dalle scuole e aiutava i nazisti a sterminarli, ma non perché era fascista e quindi razzista, ma per una mera aberrazione. Staccato dalle sue conseguenze materiali, insomma, il razzismo diventa una cosa nebulosa e astratta, che uno può negare e persino condannare, continuando a praticarlo. Questa mi pare anche la debolezza dell’« antifascismo» dichiarato da Fini: se davvero ci riconosciamo nei valori della Resistenza e della Costituzione, allora sarà il caso di metterli in pratica, e di smettere di discriminare e schedare i rom, cacciare gli immigrati, considerare aggravante la clandestinità, praticare politiche che colpiscono sistematicamente i più deboli e più marginali. Cioè: ricomponiamo parole e fatti, ricomponiamo i proclami di antirazzismo con pratiche antirazziste, egualitarie, civili — il contrario di quelle per le quali la commissione europea ha appena ribadito la condanna al nostro governo (contro quello che avevano proclamato Maroni e i tg). Invece facciamo esattamente il contrario: separiamo le parole dai fatti che ne conseguono, e ci serviamo di questa scissione per attenuare la gravità di un assassinio, o per prendersi patenti di democraticità senza bisogno di fare una politica democratica. La parola chiave del razzismo nostrano è «ma»: «io non sono razzista ma…». Io non sono razzista, ma quelli i biscotti li avevano presi. Io non sono razzista, ma i rom rubano. Il documento degli «scienziati» fascisti sulla razza, almeno, proclamava che era l’ora che gli italiani si proclamassero «francamente» razzisti. Adesso, noi italiani brava gente ci vergogniamo del nostro razzismo al punto da negarlo in faccia all’evidenza — e proprio questa negazione ci permette di continuare a praticarlo in forme sempre più violente.


Nestor Troccoli, oggi l’udienza per l’estradizione in Uruguay del torturatore del Plan Condor che la giustizia italiana ha rimesso in libertà per mancanza di prove

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Scritto il 18 set 2008 | 41 commenti

Delle 140 persone raggiunte da mandati di cattura internazionali nell’ambito delle indagini sul Plan Condor, Nestor Troccoli era l’unico ad essere finito in carcere. In Italia  il 23 dicembre 2007. Una serie di “disguidi burocratici”,   per i quali ha perso il posto anche Carlos Abin, ambasciatore uruguaiano nel nostro paese,   lo hanno però rimesso in libertà lo scorso 23 aprile.
Era accusato della scomparsa di sei cittadini italiani ed era stato arrestato a Salerno a fine dicembre 2007.
Troccoli, che ha anche il passaporto italiano, adesso vive e gira tranquillamente per le strade di Roma.
Oggi si sta svolgendo  l’udienza della Cassazione che deciderà in merito all’estradizione richiesta dall’Uruguay in quanto Troccoli è accusato nel suo paese di aver fatto sparire dall’Argentina anche 21 cittadini uruguaiani, suoi connazionali, nell’ambito delle operazioni del Plan Condor.
“Ho denunciato anche lo Stato, per il caso della scarcerazione di Nestor Trocccoli, chiedendo un risarcimento danni” dice   Cristina Mihura moglie del desaparecido Bernardo Arnone, cittadino uruguaiano scomparso dall’Argentina il 1 ottobre del 1976.
“Eravamo rifugiati politici in Argentina, quello di mio marito è un caso classico di desaparecido del Plan Condor”. Mi spiega infatti che circa 5 giorni dopo l’arresto  del marito,  un aereo della Forza Aerea uruguaiana trasportò  in Uruguay tra le 16 e le 20 persone, tra le quali probabilmente Bernardo, che vennero poi torturate e fucilate una  volta giunte a destinazione.
“Questo volo, conosciuto come il secondo volo, la cui esistenza è stata riconosciuta dalla Forza Aerea dell’Uruguay appena due anni fa, è stato effettuato nella notte tra il 5 e il 6 ottobre del 1976”, racconta Cristina, la quale chiede soltanto di “poter chiudere le ferite e dare una sepoltura dignitosa al marito” del quale il corpo non è ancora stato ritrovato.
In Uruguay si cercano ancora i resti di 220 desaparecidos, ma le ricerche fino a questo momento sono riuscite a riportare alla luce soltanto gli scheletri di due persone.
La richiesta di Cristina dei danni allo Stato è stata accolta favorevolmente dal magistrato e già al ministro degli Affari Esteri e alle istituzioni competenti è stata richiesta la documentazione necessaria per le opportune verifiche.
“Dalla scomparsa di mio marito, non faccio altro che girare per tribunali, non solo per il mio caso, ma anche in rappresentanza di numerosi altri familiari di desaparecidos, abbiamo passato i nostri ultimi anni, tra tribunali, avvocati, e giudici, coordinando le attività e i casi di vari paesi, superando i confini e le ovvie difficoltà, siamo l’altro Plan Condor, quello che cerca giustizia ai crimini commessi dal primo, terribile Plan Condor”.
La scarcerazione di Troccoli rappresenta pertanto per tutte queste persone un crimine e un’ingiustizia che si va a sommare al dolore già sofferto per la perdita dei loro cari.
L’Ambasciatore Abin che è stato rimosso dal suo incarico sembra la persona che più responsabilità ha avuto nella scarcerazione di Troccoli. Aveva tre giorni di tempo per valutare la documentazione di richiesta di estradizione giunta dall’Uruguay, ci ha messo una settimana per leggerla.
Ma altri disguidi, altre inadempienze, altri errori vengono commesse nella gestione difficile di questi delicati processi.
Lo stesso Capaldo, dice Cristina, il pubblico ministero che per primo in Italia ha chiesto il mandato di cattura nei confronti di Troccoli, ha unificato due processi che in realtà  hanno poco in comune, quello del caso dei 4 cileni desaparecidos in Cile, tra i quali Omar Venturelli e quello del Plan Condor contro Troccoli.
Il caso dei cileni scomparsi in Cile non ha niente a che vedere con il Plan Condor in quanto questo stesso implicava che i cittadini fossero fatti sparire in luoghi diversi dal loro paese, come nel caso del marito di Cristina.
Inoltre, il processo dei cileni ebbe inizio nel 1998, la prima denuncia per quello del Plan Condor è del  9 giugno 1999. Tuttavia quello che li accomuna è che a distanza di 10 anni per il primo e di 9 anni per il secondo,  il pubblico ministero Capaldo non ha ancora depositato le conclusioni e l’istruttoria pertanto è ancora segreta. Ciò ha fatto sì che le parti querelanti (cioè i familiari dei desaparecidos) non abbiano potuto contribuire con nuove prove e nel caso di Troccoli purtroppo questo ha reso possibile che il Tribunale della Libertà il 17 gennaio del 2007 ha confermato la sua scarcerazione  per mancanza di prove. Era rimasto in carcere fino ad  aprile solo perchè c’era una richiesta di estradizione da parte dell’Uruguay,  ad affossare la quale ci ha pensato poi  l’ambasciatore Abin.
Si tratta di processi importantissimi che potrebbero far calare il velo di impunità che rappresenta ancora il vero grande scoglio da superare per ottenere finalmente giustizia. Riflette Cristina amaramente come oggi sia  più facile ottenere documentazione da parte del governo degli Stati Uniti che non da parte dei governi dei paesi latinoamericani implicati nel Plan Condor.
Per la giustizia, e in solidarietà con Julio Lopez, il 30.001 desaparecido argentino scomparso due anni fa, proprio il 18 settembre, poco prima di recarsi a testimoniare contro  Miguel Osvaldo Etchecolatz, commissario della polizia della provincia di Buenos Aires, Cristina Mihura sarà oggi alle 18, insieme all’associazione HIJOS e ad altri amici e compagni  a protestare davanti all’ambasciata argentina a Roma.
 
 
 
 

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Da due anni desaparecido Julio Lopez

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Scritto il 17 set 2008 | 0 commenti

A DUE ANNI DALLA SCOMPARSA DI JULIO LOPEZ

DOMANI, 18 SETTEMBRE ORE 18

RADUNO DAVANTI ALL’AMBASCIATA ARGENTINA A ROMA

 partecipa l’associazione HIJOS

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Attentato in Messico

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Scritto il 17 set 2008 | 0 commenti

8 morti e oltre 100 feriti
MORELIA, Messico (Reuters) — Dei presunti membri di una gang di trafficanti di droga hanno lanciato due bombe contro la folla che stava celebrando il giorno dell’indipendenza del Messico, uccidendo almeno otto persone e ferendone oltre 100 nell’ambito di una escalation della guerra fra il governo e i cartelli della droga.
Le esplosioni sono avvenute in una piazza della città coloniale di Morelia nella notte di lunedì, al culmine della “fiesta” alla presenza del governatore dello stato di Michoan per festeggiare la giornata nazionale del Messico.
Decine di persone ferite, fra cui donne e bambini, giacevano a terra in pozze di sangue.
Il governatore Leonel Godoy ha detto che la polizia sospetta che l’attentato sia opera del “crimine organizzato” — un termine usato per definire i cartelli della droga messicani. I cartelli quest’anno hanno ucciso 2.700 persone nella guerra fra bande e in quella contro l’esercito.
I trafficanti spesso torturano e decapitano i rivali e si scontrano con le forze di sicurezza, ma finora non avevano mai lanciato attacchi con un numero tanto alto di vittime civili.



Il Vaticano prende posizione ufficiale in Venezuela. A fianco dei golpisti.

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Scritto il 17 set 2008 | 7 commenti

 
Ringrazio marneven che mi ha segnalato la notizia e gli amici della Patria Grande per l’articolo che riprendo.
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Vergognosa decisione del Vaticano che concede asilo politico al venezuelano Nixon Moreno, accusato di stupro e tentato omicidio. 
Fonte: LPG, 16/09/2008 
 
E’ veramente vergognosa la decisione presa dal Vaticano di concedere asilo politico ad una persona accustata di stupro e tentativo di omicidio. Nixon Moreno il 25/05/2006, all’epoca studente dell’Universitá delle Ande (ULA) di Merida, in Venezuela, fu uno dei protagonisti dei violenti disturbi che si ebbero in quella cittá. La polizia intervenne per sedare tali disturbi che i giovani studenti borghesi inscenavano contro il governo di Hugo Chávez.
 
Ad un certo punto due poliziotti, un uomo ed una donna, si ritrovano accerchiati dai facinorosi; uno di questi sparó un colpo di pistola al poliziotto che cadde ferito a terra; poi si diressero contro la poliziotta, che nel frattempo aveva cercato di sfuggire all’aggressione, ma venne rincorsa ed acciuffata da tre di questi facinorosi, i quali minacciandola con una pistola, la denudarono e tentarono di violentarla. La poliziotta vittima di questo tentativo di stupro, Sofia Aguilar, descrive con somma luciditá l’accaduto nel video annesso (in spagnolo), di fonte VTV, Venezolana de Television, ossia la televisone dello Stato Venezuelano.
La poliziotta dichiara, sia nel video che in Tribunale, di aver riconosciuto solo uno dei suoi assalitori, tale Nixon Moreno, leader studentesco di opposizione e che fu anche colui che sparó al collega poliziotto. Per la cronaca la violenza sessuale a danno della poliziota non si consumó per l’intervento dei colleghi poliziotti, allertati dalle grida di una donna, la stessa che offri poi una tuta da ginnastica alla poliziotta lasciata nuda a terra.
 
Sulla base della testimonianza della poliziotta, Nixon Moreno venne incriminato di tentato omicidio e stupro, ma non è mai finito in galera perchè riuscì a sfuggire la giustizia venezuelana, rifugiarsi nella Nunziatura Apostolica di Caracas e chidendo asilo politico al Papa Benedetto XVI. La Nunziatura Apostolica del Vaticano è equivalente ad una ambascita e quindi gode di immunità diplomatica.  
 
Si è appreso oggi, che il Vaticano ha concesso asilo politico a Nixon Moreno per ragioni umanitarie! E’ la prima volta che uno Stato sovrano, in questo caso il Vaticano, concede asilo politico ad una persona accusata di gravissimi reati comuni, quali sono appunto il tentato omicido e lo stupro. Una decisione veramente vergognosa.
 
Nel caso non lo avesse ancora fatto, imvitiamo il Capo dello Stato del Vaticano, il Papa Benedetto XVI, a visionare il filmato della testimonianza della poliziotta vittima delle violenze di Nixon Moreno in modo da rendersi conto a che razza di delinquente ha concesso asilo politico.
 
Per concludere invitiamo ad apprfondire le tematiche sul Vaticano e dei preti pedofili, sia nel sito de La Patria Grande che in quello dell’agenzia di notizie specializzata Axteismo Press.

Eric Salerno: Uccideteli tutti

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Scritto il 16 set 2008 | 1 commento

 

Se ne parlerà domani a Radio Onda Rossa alle ore 11 con:
Marco Lorenzini — collaboratore rivista Zapruder – Storie in movimento
Gavino Puggioni — esperto di storia orale e scrittura popolare
Salvatore Ricciardi – Radio Onda Rossa
“Il ministro Teruzzi con foglio riservatissimo ha comunicato al generale Bastico che il Duce ha deciso che tutti gli ebrei della Cirenaica siano riuniti in un campo di concentramento della Tripolitania…”. Come spiega la nota dei carabinieri italiani del 28 febbraio 1942 la “soluzione degli ebrei di Tripolitania”, per usare le parole del console tedesco a Tripoli, era stata avviata su diretta iniziativa di Mussolini. In realtà, l’operazione di pulizia era cominciata ben prima, a partire dalla promulgazione delle leggi razziali anticipate dal “Manifesto della razza” del ’38 e che prefiguravano, oltre alle disposizioni per l’Italia, anche le limitazioni da imporre agli ebrei residenti nelle colonie per “..togliere loro le posizioni acquisite in assoluta sproporzione con la loro entità numerica, ponendoli e tenendoli in un piano razziale inferiore”. Gli ebrei di Libia erano diverse migliaia. Solo a Tripoli erano almeno 15mila di cui forse mille di origine italiana. Erano mercanti e imprenditori che figuravano soprattutto nell’élite locale ma non soltanto. Ce n’erano di provenienza italiana, francese, spagnola. Vivevano nelle città ma i più poveri, i “trogloditi della montagna”, campavano d’agricoltura e piccoli commerci in uno stato di palpabile povertà. A sentire il generale Badoglio, che ne scrive nel 1930, gli “israeliti d’Italia son meglio degli israeliti di Tripoli…veri indigeni…(in cui) prevalgono l’egoismo, il disinteresse per gli altri, la pigrizia materiale e morale”. La macchina dell’Olocausto era pronta comunque per tutti loro — ebrei di serie A o di serie B come la gerarchia razzista di Badoglio li aveva catalogati — e gli italiani la misero in moto istituendo un campo di concentramento a Giado, nel Gebel tripolitano, dove nel maggio del ’42 vennero trasferite 2.597 “unità”, come le chiama il linguaggio asettico della burocrazia coloniale.
Oggi Giado è una cittadina della municipalità di Yefren e del campo di concentramento non restano nemmeno più le macerie. Per vedere com’era bisogna ricorrere a Mushi Meghidish, Moshe per gli amici, che in un garage vicino a Tel Aviv l’ha ricostruito in scala sulla base dei suoi ricordi di internato: “ci dissero – ha raccontato a Eric Salerno – che ci avrebbero ucciso tutti. L’ordine era arrivato dall’alto. Da lontano”. Non tutti furono ammazzati ma Salerno, l’autore di “Uccideteli tutti. Libia 1943: gli ebrei nel campo di concentramento fascista di Giado (Il saggiatore), stima che nel campo morirono circa 600 persone “…uomini, donne, e tanti bambini perché sono i primi a cadere”. Molti altri passarono il mare perché Giado era solo un avamposto nella macchina dello sterminio. Furono trasferiti in Italia e da lì a Bergen-Belsen “una delle anticamere della soluzione finale”.
Il libro di Eric Salerno, che alla Libia aveva già dedicato un bel saggio sul genocidio messo in atto dall’Impero, non riempie solo un vuoto storico della memoria collettiva su un capitolo dell’Olocausto poco indagato. Restituendo dignità agli ebrei di Libia, e per converso a quelli che vivevano nel Magreb, fa giustizia del duplice razzismo che li colpì: come ebrei e poi anche come africani. Uomini appartenenti a un mondo dove noi italiani avevamo portato la fiaccola della civiltà che avrebbe dovuto illuminare il cammino di popolazioni inferiori per carnagione, costumi e tradizioni oltre che per fede. Volutamente dimenticati dall’Italia, paradossalmente gli ebrei di Libia furono in qualche modo dimenticati persino da Israele: discriminati al processo ad Eichmann dove le sollecitazioni degli ebrei di Libia e Tunisia, che vi volevano testimoniare, vennero respinte.
Volutamente dimenticati dall’Italia, paradossalmente gli ebrei di Libia furono in qualche modo dimenticati persino da Israele: discriminati al processo ad Eichmann dove le sollecitazioni degli ebrei di Libia e Tunisia, che vi volevano testimoniare, vennero respinte. In parte questa storia nascosta degli ebrei del Magreb si deve anche a una sorta di loro vergogna o timidezza nel rivelare quel capitolo buio che costò la vita ad almeno mille persone. In parte. Spiega Yacov Haggiag-Liluf, del centro degli ebrei libici a Or Yehuda, cittadina vicina a tel Aviv, che “anche se quanto capitato agli ebrei libici non può essere paragonato all’Olocausto degli ebrei europei per dimensioni” per decenni è stato insegnato che “l’Olocausto era patrimonio degli ebrei europei, soprattutto degli askenaziti”. Fu detto a libici e tunisini – conclude – che non appartenevano a questa storia. Salerno restituisce loro quell’appartenenza.

LA STORIA NASCOSTA DELL’OLOCAUSTO DEGLI EBREI LIBICI 16/3/08

Eric Salerno

Uccideteli tutti

Il saggiatore 2008

pp 239

euro17,00


Perchè NO AL MAESTRO UNICO

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Scritto il 16 set 2008 | 2 commenti

si prega di inviare il seguente testo,  che ricevo e pubblico a:
On Valentina Aprea, pres VII Commissione Camera
href=“http://itdotf251dotmaildotyahoodotcom/ym/Compose?To=presapreadotculturaatcameradotit” target=“_blank” rel=“nofollow” ymailto=“presapreadotculturaatcameradotit“>presapreadotculturaatcameradotit
Fax: 06 6760 4806
 
sen. Guido Possa pres. VII Commissione senato:
href=“http://itdotf251dotmaildotyahoodotcom/ym/Compose?To=guidodotpossaatsenatodotit” target=“_blank” rel=“nofollow” ymailto=“guidodotpossaatsenatodotit“>guidodotpossaatsenatodotit
fax 06 6706 5854
NO al maestro unico
NO ai tagli alla scuola pubblica
 
 
Non sarebbe più possibile la suddivisione delle materie disciplinari tra diversi docenti: il maestro o la maestra unica dovrà insegnare tutte le materie per tutto il programma previsto nei 5 anni e dovrà aggiornarsi su tutto.
 
Non sarebbe più possibile impostare il lavoro dei docenti in classe sulla collaborazione e sul confronto, specialmente in riferimento ai bambini con difficoltà, alle scelte didattiche, agli stili di apprendimento. Ogni insegnante tornerà ad essere solo di fronte alla classe, alla didattica, alla psicologia dei bambini e delle bambine.
 
Non sarebbe più possibile una didattica di recupero e di arricchimento dell’offerta formativa perché sparirebbero le compresenze e quindi la possibilità di organizzare percorsi ad hoc per alunni in difficoltà o attività di arricchimento che prevedano lavori a gruppi.
 
Non sarebbero più possibili le uscite didattiche nel territorio, musei, aule didattiche decentrate, manifestazioni sportive… Per evidenti questioni di sicurezza il singolo insegnante non può uscire dalla scuola con la classe da solo. Fino ad oggi questa didattica aperta al territorio era possibile per la presenza di più insegnanti e delle compresenze.
 
Non sarebbe più possibile per i genitori rapportarsi ad un gruppo di insegnanti. Il riferimento diverrebbe unico, senza appello, senza possibilità di confrontarsi a più voci.
 
 … e il Tempo Scuola?
 
Le ore settimanali di didattica previste dal Decreto Gelmini sono in totale 24: è evidente che la restaurazione del maestro unico annulla di fatto gli attuali Tempi Scuola con gravi ricadute sull’apprendimento – ci sono forse materie da “tagliare” perché inutili o che fruiscono di un numero eccessivo di ore di insegnamento? - e sull’organizzazione familiare. Il Tempo Modulo ad oggi prevede 30 ore a settimana e quindi con l’attuazione del Decreto subirebbe una contrazione di 6 ore mentre il Tempo Pieno, che prevede 40 ore settimanali, subirebbe una contrazione di ben 16 ore.  

Mercedes Sosa: honrar la vida

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Scritto il 16 set 2008 | 2 commenti

 

Honrar la vida

No…
Permanecer y transcurrir
No es perdurar, no es existir
Ni honrar la vida
Hay tantas maneras de no ser
Tanta conciencia sin saber
Adormecida.

Merecer la vida no es callar ni consentir
Tantas injusticias repetidas
Es una virtud, es dignidad
Y es la actitud de identidad
Mas definida.

Eso de durar y transcurrir
No nos da derecho a presumir
Por que no es lo mismo que vivir
Honrar la vida.

No…
Permanecer y transcurrir
No siempre quiere sugerir
Honrar la vida
Hay tanta pequeña vanidad
En nuestra tonta humanidad
Enceguecida
Merecer la vida es erguirse vertical
Mas alla del mal, de las caidas.

Es igual que darle a la verdad
Y a nuestra propia libertad
La bienvenida.

Eso de durar y transcurrir
No nos da el derecho a presumir
Por que no es lo mismo que vivir
Honrar la vida.
(Eladia Blazquez)


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