E per favore non chiamatelo presidente…

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Roberto Micheletti, alias gorilletti

Né interino, né provvisorio, non chiamatelo presidente in nessun modo. E’ solo un viscido golpista.


In attesa dell’arrivo di Manuel Zelaya in Honduras

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I leader della resistenza, che per il momento stanno lottando con metodi pacifici per il ritorno del presidente legittimo dell’Honduras, parlano di circa  200 000 persone che in queste ore stanno occupando l’aereoporto internazionale di Tegucigalpa in attesa di  Manuel Zelaya, il cui ritorno nel paese è previsto per oggi.
 
Al momento i militari non hanno opposto resistenza, anche se foto pubblicate da TeleSur mostrano la presenza di soldati francotiratori appostati sulle torri di controllo dell’aeroporto.. Nel messaggio inviato da Mel ai suoi connazionali egli dice: “saremo liberi o schiavi per sempre se non avremo il coraggio di  difenderci”, invitando tuttavia i suoi sostenitori a  una resistenza pacifica.
 
Manuel Zelaya ha confermato che arriverà a  Tegucigalpa accompagnato dai presidenti Cristina Fernàndez di Argentina,  Fernando Lugo del Paraguay e Rafael Correa dell’ Ecuador, nonchè dal ministro degli Esteri dell’Honduras Patricia Rodas, anche lei costretta domenica scorsa a lasciare il paese in seguito al colpo di Stato che ha destituito Zelaya.
 
L’ Organizzazione degli Stati americani (OEA),   dopo la visita senza esito positivo del suo presidente José Miguel Insulza, che si è  incontrato con il  golpista Roberto Micheletti due giorni fa,  ha espulso  il paese dall’organizzazione.
 
L’Honduras appare sempre più isolato, mentre alcuni paesi stanno intraprendendo anche iniziative economiche, il Venezuela per esempio  ha sospeso le forniture di petrolio, tuttavia questo sembra non essere sufficiente a far desistere il governo della giunta militare comandato dal fantoccio Micheletti, che ha minacciato l’arresto immediato di Manuel Zelaya al suo rientro nel paese.
 
 

Carta de las organizaciones de Honduras a Insulza

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Tegucigalpa, D.C., 03 de julio de 2009

Excelentísimo
Señor Secretario General de la Organización de Estados Americanos
Don José Miguel Insulza

Las organizaciones abajo firmantes representantes del movimiento popular y social del país, en relación al golpe de Estado y rompimiento del orden constitucional ejecutado por las cúpulas de los partidos Liberal, Nacional, Democracia Cristina y Innovación y Unidad Social Demócrata y las Fuerzas Armadas de Honduras, quienes son los instrumentos de la oligarquía nacional, hacemos del conocimiento de la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS por medio de Usted como Secretario General de dicho organismo internacional, nuestra posición oficial:
   
ANTECEDENTES

PRIMERO: En fecha veintiocho de junio de dos mil nueve se llevaría a cabo una encuesta de opinión por el Instituto Nacional de Estadísticas, convocada por el Poder Ejecutivo para conocer la opinión del pueblo en relación a instalar o no una cuarta urna en las elecciones generales del veintinueve de noviembre del año en curso, donde se preguntaría si esta de acuerdo en convocar o no a una Asamblea Nacional Constituyente cuyo anteproyecto de decreto en caso de ser afirmativa la encuesta, se enviaría al Congreso Nacional para que éste votara por la instalación o no de la misma.

Previo a la realización de la encuesta de opinión antes relacionada y a raíz de la misma se desarrolló un conflicto entre cuatro bancadas del Congreso Nacional de la República y el Poder Ejecutivo, en el cual el Congreso Nacional dejó de manifiesto su posición para que la misma no se llevara a cabo por considerarla ilegal. El Poder Ejecutivo continuó promoviéndola y anunciando la realización de la misma para el veintiocho (28) de junio, amparados en la Ley de Participación Ciudadana.

Ante la firme decisión del Poder Ejecutivo de llevar a cabo dicha encuesta, el Congreso Nacional por medio de las instituciones cuyas autoridades son elegidas por dicho poder del Estado como ser: Fiscalía General del Estado, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de República, Tribunal Supremo Electoral, emprendió las siguientes acciones legales:

1.    La Fiscalía General presentó una demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo contra la consulta popular que inicialmente había promovido el poder ejecutivo, solicitando la medida cautelar de Suspensión de acto reclamado
2.    La Procuraduría General de la República, no obstante ser la representante del poder ejecutivo, al momento de manifestarse sobre la medida cautelar solicitada por el demandante, se adhirió al planteamiento del Ministerio Público
3.    La Corte Suprema de Justicia por medio del juzgado supra citado  declaró la ilegalidad de la consulta y ordenó el decomiso de todos los materiales relacionados con la misma.
4.    Las acciones legales de oposición a la consulta se plantearon sin que aún se hubiese publicado el Decreto Ejecutivo que legitimaba la consulta, sin embargo la Corte Suprema de Justicia a través de la instancia contencioso administrativo, rechazaba la consulta popular, sin que se hayan agotado las distintas instancias jurisdiccionales.

Posteriormente el Poder Ejecutivo emitió el decreto de la encuesta de opinión publica con base a la ley de participación ciudadana, teniendo como consecuencia que ese mismo día  (28 junio del 2009) a eso de las cinco y diez de la mañana, aproximadamente cien (100) elementos de la Fuerzas Armadas de Honduras, violando el domicilio del Señor Presidente Constitucional de la República José Manuel Zelaya Rosales, lo privaron de su libertad, causando daños al inmueble, sacándolo por la fuerza en ropa de dormir, lo trasladaron violentamente a una base militar aún desconocida, para luego expatriarlo vía aérea a San José de Costa Rica, concretándose en este episodio la fractura de la institucionalidad democrática de nuestro país.

Coherente con el plan de irrupción del orden constitucional, el Congreso Nacional que ordinariamente se reúne de  martes a jueves, esta vez sesiono el mismo día domingo en que se expatrio al Presidente de la República; y en dicha reunión se resolvió la destitución del titular del Poder Ejecutivo y se nombro a  Roberto Micheletti Bain como sucesor. Es procedente advertir, que la mayoría de congresistas son del interior del país y los fines de semana como norma se desplazan a sus lugares de origen; sin embargo a esta sesión extraordinaria hubo presencia masiva de diputados y diputadas, con lo cual puede inferir que dicha actividad era parte de la maquinaria golpista que se ha impuesto.

SEGUNDO: Como consecuencia de este acto, nuestros derechos individuales sistemáticamente están siendo violados,  a través de restricciones arbitrarias a la libertad personal, cierre de medios de comunicación independientes, violación a la libertad de expresión, represión a las movilizaciones de ciudadanos y ciudadanas declarados en desobediencia civil en apego al artículo 3 Constitucional; de igual manera se ha declarado oficialmente por el gobierno de facto la limitación general de garantías, a  través de la declaración de estado de excepción, al margen de lo que dispone el articulo 187 de la Constitución de la República,  artículo 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 27 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Siendo que el Golpe de Estado, como parte del plan, ha sido avalado por las cúpulas de todas las instituciones, entre ellas las del sistema de administración de justicia; ningún recurso legal resulta efectivo para neutralizar
  los excesos del gobierno usurpador; situación que provoca una absoluta indefensión para la ciudadanía.

TERCERO: La Constitución de la República de Honduras, establece que para sustituir definitivamente al Presidente de la República, es indispensable la falta absoluta del mismo (Artículo 242 ); quizá pueden comprenderse dentro de las faltas absolutas entre otras; su muerte o inhabilitación por razones legales determinadas judicialmente; este ultimo, que parece ser el argumento de los golpistas, es tan frágil que se desvanece en la propia lógica de la institucionalidad democrática de un Estado de Derecho como el hondureño; Vale destacar que hasta la fecha,  no hay condena contra el presidente de la República, dictada por un órgano jurisdiccional que le impida el ejercicio de sus derechos políticos y ciudadanos. Sobre la base de la prohibición de prejuzgamiento que existe a favor de cualquier ciudadano, en este caso la del Presidente hondureño, sobresalen las garantías de defensa, debido proceso y en general el principio de legalidad en sus distintas manifestaciones; estos princi
pios que son base indispensable para la legitimidad democrática de cualquier Estado, han sido deliberadamente desconocidos por quienes por la vía de la fuerza han suplantado el orden constitucional y sobre esta base se sustenta su ilegitimidad.
De manera contundente señalamos que nuestra constitución no contempla trámite alguno para que el Presidente de
la República pueda ser destituido por el Congreso Nacional. El artículo 205 Constitucional  establece claramente las atribuciones del Congreso Nacional, sin embargo ninguna de ellas otorga facultad alguna para Destituir al Presidente, pues el Congreso Nacional de acuerdo al artículo 4 de la Constitución, solo es un poder más, en relación al Poder Ejecutivo y Poder Judicial y   esos  tres poderes de acuerdo a la norma  citada, son complementarios e independientes y SIN RELACIONES DE SUBORDINACION.

CUARTO: Muchas de las organizaciones que suscribimos este documento, no somos seguidoras o defensoras del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, mucho menos afines a la institución política a la que el pertenece. Estamos movidas por el respeto de una institucionalidad, que aunque no nos favorece como pueblo mayoritario, hasta ahora es la base del consenso mínimo de la sociedad, sobre la cual se desarrolla y se resuelven los conflictos y la vida de los hondureños y hondureñas, y su modificación será posible en la medida que el pueblo en el ejercicio de su soberanía, instaure un nuevo pacto social sobre la base de la inclusión y no discriminación, lo cual es el anhelo de las suscribientes y suscribientas.

QUINTO: Tal como lo ha concebido la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales, como sector organizado del país, ratificamos que en Honduras se ha producido una alteración al orden constitucional que precariza la situación de la frágil democracia en la que hemos vivido los últimos 28 años, tal como lo prescribe Carta Democrática Interamericana, en la sección IV del fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática artículos 17 al 22.

SEXTO: Ratificamos que los vanos esfuerzos que efectúa el gobierno usurpador, por presentar su criminal proceder como una normal sustitución del poder; se inscribe en un escenario en que cuatro de las cinco bancadas del Congreso Nacional de la República, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, Comisionado Nacional de Derechos Humanos a través de su máxima jerarquía resultan autores al mismo nivel de este zarpazo al orden constitucional democrático de Honduras, hecho para el cual también  han efectuado alianzas con personajes estratégicos del sector religioso del país. Por esta razón es que resulta atípico el hecho de que no sean militares los que estén conduciendo formalmente el gobierno golpista, tampoco resulta necesaria la disolución del poder judicial y del Congreso Nacional; seguramente los usurpadores del orden constitucional hondureño han patentado la mas moderna concepción de golpes de Estado;
la cual merece y debe merecer el mismo repudio como comunidad nacional y de ustedes como comunidad internacional

Señor Secretario General, después de esta relación histórica y la argumentación en torno a la situación de nuestra patria, concretamente le expresamos.

1.- Saludamos y reconocemos las medidas que con inmediatez a resuelto esa Organización de Estados Americanos, en aras del respeto a la institucionalidad en Honduras.
2.- Valoramos la determinación de ese máximo organismo continental, por hacer prevalecer la Carta Democrática Interamericana, situación que da validez y vigencia a la existencia de la  OEA.
3.- Ratificamos que como sociedad organizada, en función de lo establecido en el artículo 3 de nuestra Constitución de la República, nos hemos declarado en desobediencia civil y resistencia pacifica permanente, hasta que se restablezca el orden constitucional.
4.- Aseguramos que su visita a nuestro país, al margen de la manipulación del poder constituido arbitrariamente, le permitirá verificar in situ la precariedad de la institucionalidad democrática y la indefensión en que nos encontramos la ciudadanía hondureña y en particular quienes dignamente enfrentamos al gobierno golpista.
5.-Ratificamos que cualquier salida a la crisis que vivimos los hondureños y hondureñas, pasa por un inexcusable sometimiento a la justicia penal a quienes en esta ocasión han mancillado el honor y la dignidad de nuestra patria
6.- Solicitamos respetuosamente que por su medio, la Organización de los Estados Americanos, ratifique las medidas necesarias en contra del gobierno golpista hasta obligarlo a restituir el orden constitucional, que pasa por la restitución al cargo del Presidente arbitrariamente destituido, tal como lo estableció la Organización de Naciones Unidas.

Tegucigalpa, MDC 03 de Julio de 2009.

Carlos H. Reyes
Coordinadora Nacional de Resistencia Popular.

Daniel Duron
Central General de Trabajadores

Víctor Antonio Fernández Guzmán
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Israel Salinas
Confederación Unitaria de Trabajadores

José Hilario Espinoza Herrera
Confederación de Trabajadores de Honduras

Dagoberto Suazo Zelaya
Central de Cooperativas del Café.

Suyapa Martínez
Centro de Estudios de la Mujer-Honduras

Rafael Alegría
Vía Campesina

Bertha Cáceres
Consejo Cívico de Organizaciones Populares

Juan Barahona
Bloque Popular

Cornelio Chirinos
Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras

José Maldonado
Confederación Nacional Campesina

Bertha Oliva
Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras

Andrés Pavón
Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras

Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras

Ramón Melgar
Organización Nacional Indígena de Honduras.

Gilda Rivera
Centro de Derechos de Mujer

Alba Maldonado
Asociación Hondureña de Mujeres

Foro Social Valle de Sula.

Organizaciones de Jóvenes y Estudiantes de Honduras.

Organizaciones Afrodescendientes


Manuel Zelaya domani fa ritorno in Honduras, da presidente

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Tito Pulsinelli — Selvas
Non si tratta di una sfida, é scacco matto ai golpisti civili, ai loro gorilla, e alle illusioni ritardatarie delle elites neocoloniali. Il Presidente Zelaya ha annunciato il suo ritorno –accompagnato dal segretario della OEA e da altri presidemti latinoamericani– per “concludere il mio periodo di governo che scade a gennaio del prossimo anno”.

L’annuncio é stato fatto a Managua, dove erano riuniti i Paesi del Gruppo di Rio, quelli centroamericani del SICA, l’ALBA e i paesi caraibici del Caricom. Oltre alla condanna morale del golpe, é stata sancita l’inammissibilita’ di qualsiasi avventura autoritaria e liberticida, percepita come un attentato alla sicurezza e alla democrazia di ogni nazione americana.

Il Brasile, Messico, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Cuba e Bolivia avevano richiamato i rispettivi ambasciatori. Il Guatemala, Salvador e Nicaragua interrompono il flusso commerciale con l’Honduras, e il sistema bancario del SICA sospende qualsiasi programma economico e i prestiti. Il Venezuela blocca l’invio delle forniture di petrolio.

A questo punto –buoni ultimi– gli Stati Uniti parlano finalmente in modo chiaro e univoco per bocca di H. Clinton: non riconosceranno nessun governo che non sia quello di Zelaya.

In mattinata, l’assemblea generale dell’ONU aveva chiuso ogni spiraglio ai golpisti; non c’e’ nessun margine di manovra per guadagnare tempo. All’unisono risuona coralmente un solo monito: Zelaya e’ il presidente costituzionale, non ci saranno contatti con altre autorita”.

La giornata di protesta in tutto il territorio dell’Honduras, con la paralisi delle attivitá’ produttive che si estendeva a macchia d’olio, i blocchi dellla rete stradale , l’interruzione dei trasporti e la chiusura degli stessi uffici pubblici, mostrava che il golpe non si consolidava e cominciava a disarticolarsi.
Arrivava anche la notizia della sollevazione di un battaglione della regione dell’Atlandida: il golpisti non hanno il controllo su tutta la forza armata.

A questo punto, Zelaya e’ piu’ consapevole che mai che i suoi nemici sono in un vicolo cieco e –forte dell’appoggio non simbolico o di facciata degli organismi continentali e regionali– decide di andare a sfidare apertamente i gorilla sul loro terreno. Muove e da scacco matto.

E’ una decisione storica che lo catapulta ad un rango molto piú elevato di leader politico popolare ed amato dalla maggioranza.
Oggi Zelaya assurge al ruolo di guida carismatica del progetto di rinnovamento a fondo del suo Paese. I suoi nemici, che conoscono solo il linguaggio della forza bruta, sono stati sconfitti dall’intelligenza politica e dalla lungimiranza e dalla sovranita’ popolare che hanno sempre calpestato..

Ora Zelaya e’ parte rilevante dell’ondata di rinnovamento che scuotae la latitudine sociale latinoamericana. Ha la forza per ricondurre nella gabbia i gorilla e per smantellare i privilegi neocoloniali dei loro mandanti.


La rielezione di Manuel Zelaya: troppi condizionali. Solo la scusa per un colpo di Stato.

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militari in strada a Tegucigalpa

In queste ore i media italiani e stranieri hanno trattato in modo molto superficiale  la questione del referendum che si sarebbe dovuto tenere ieri a  Tegucigalpa,  in Honduras,  e che è stato la causa del colpo di Stato che ha deposto  il presidente legittimo Manuel Zelaya.
 
Praticamente tutti all’unanimità hanno scritto che  il referendum avrebbe praticamente garantito la  seconda candidatura di Zelaya.   In realtà la strada che avrebbe dovuto percorrere Zelaya per ottenere la seconda rielezione era ancora lunga e costellata da troppi condizionali.
 
Innanzitutto il referendum di domenica scorsa,  che non era obbligatorio (come lo è invece il voto in Honduras) ma facoltativo,  era in realtà una sorta  di sondaggio  (dal momento che la consulta referendaria in  Honduras non esiste)  per chiedere al popolo se fosse favorevole o meno al fatto che a novembre nei seggi già predisposti per le elezioni presidenziali, legislative e amministrative, venisse installata una “quarta urna” per la designazione di un’assemblea Costituente
 
L’Assemblea Costituente avrebbe poi provveduto alla riscrittura  della Costituzione, modificando alcune cose (la cui natura sarebbe importante approfondire) tra le quali proprio la possibilità della seconda candidatura per il presidente in carica. Manuel Zelaya, che da novembre non sarebbe stato più presidente dell’Honduras, ammesso e non concesso che avesse avuto voglia di ricandidarsi (e tra l’altro  ha sempre negato di avere tale intenzione) lo avrebbe potuto fare soltanto tra quattro anni. E sarebbe diventato ancora presidente solo e soltanto se  il popolo lo avesse eletto ancora una volta.
 
Sarebbe bene iniziare a chiedersi, signori giornalisti mainstream, quali siano le vere motivazioni del  colpo di Stato in Honduras.
 

Perché i militari hanno voluto il golpe in Honduras?

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FAQ per capire i retroscena di quanto sta avvenendo in queste ore

Perché i militari hanno voluto il golpe in Honduras?

Ecco perché è stato tentato il colpo di stato. Al centro c’è la questione della rielezione del presidente Zelaya che si è “spostato” troppo a sinistra per i gusti della locale ricca oligarchia, complice per decenni di violenze, soprusi e regimi reazionari.

Militare golpista in Honduras

Come si chiama il presidente dell’Honduras che i militari hanno voluto destituire con un colpo di stato?

Si chiama Manuel Zelaya, ha 56 anni ed è in carica dal gennaio 2006.

Quali sono le scelte politiche e sociali del presidente Zelaya?

Una volta al potere, vista l’endemica povertà della maggior parte dei 7,2 milioni di honduregni, Zelaya ha poi deciso di convertirsi al socialismo ‘modello Chavez’: tant’é che di recente ha fatto entrare Tegucigalpa nell’Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra America (Alba), organismo voluto con molta determinazione dal leader venezuelano per conquistare spazi nella regione. (1)

Quindi Zelaya è un “socialista” che viene dal popolo?

No, è un latifondista cattolico ed è stato eletto con i voti dei conservatori del Partito Liberale. Ha successivamente compiuto una sorprendente svolta a sinistra, approvata dal presidente venezuelano Hugo Chavez e da Fidel Castro. (1)

 

Che profilo si può tracciare del presidente Zelaya?

Secondo una scheda dell’ANSA, Zelaya è “carismatico e moderatamente populista” ed è “sempre stato conservatore, con fama di persona onesta e di cattolico osservante” (1). Il problema è che si è “spostato” troppo a sinistra per i gusti della locale ricca oligarchia, complice per decenni di violenze, soprusi e regimi reazionari. Questo blocco di potere ha posto al centro della disputa politica la questione della rielezione del presidente Zelaya.

Perché il colpo di stato è avvenuto proprio il 28 giugno?

Perché in quel giorno si doveva tenere in Honduras il referendum che avrebbe permesso al presidente Zaleya (sostenuno dalla parte più povera della popolazione) di candidarsi per un secondo mandato. Per la precisione il referendum non avrebbe permesso al presidente di ricandidarsi, piuttosto chiedeva per novembre l’elezione dell’Assemblea Costituente per la scrittura di una nuova Carta Costituzionale che prevedeva importanti modifiche a favore del popolo, per l’acqua, contro i poteri forti etc, oltre alla possibilità di una seconda candidatura.
Sono queste le cose da approfondire e che probabilmente sono all’origine del golpe.

Chi non voleva il referendum?

Il referendum è stato boicottato dai militari. Essi hanno sferrato il golpe all’alba poco prima dell’apertura delle urne per il contestato referendum di revisione costituzionale.

 

Come è stato boicottato il referendum?

I militari si sono rifiutati di distribuire le schede di voto e hanno invaso la capitale con mezzi corazzati.

 

Il Presidente Zelaya dove è ora?

E’ in Costa Rica (è stato espulso dai militari dall’Honduras) e sta lanciando appelli alla resistenza non violenta contro il golpe. Dalle 17.36 italiane del 28 giugno il Presidente Zelaya ha parlato in diretta telefonica su Telesur dal Costarica. “Giornalismo partecipativo” ha tradotto e diffuso alcune frasi: “E’ un complotto delle oligarchie delle forze armate che mi hanno tradito per lasciare il popolo come sta e fermare un processo democratico partecipativo. Hanno sparato, rotto il portone di casa con le baionette, un sequestro brutale. Mi hanno portato alla Forza Aerea, salito su un aereo e portatomi in Costarica. Chiamo il popolo dell’Honduras alla resistenza non violenta al golpe. Se gli Stati Uniti non sono dietro il golpe questi non resisteranno neanche 48 ore. Mi vogliono rovesciare perché voglio la democrazia partecipativa. Non c’è maniera di comunicare con il popolo dell’Honduras perché i golpisti hanno interrotto tutti i mezzi di comunicazione. Un gruppo delle Forze Armate che ha realizzato il golpe è manipolato dall’élite economica che ha il controllo sul parlamento”. (2)

Il popolo reagisce al golpe?

Sì. Sono in corso manifestazioni popolari (3). Il presidente Zelaya (attualmente in Costa Rica) ha chiesto a tutti i suoi sostenitori di dare il via “alla resistenza civile, pacificamente e senza violenza”. E anche se i golpisti hanno chiuso uno dopo l’altro i canali tv e la radio filogovernativi, gli honduregni fin dal mattino sono scesi in piazza affrontando i blindati per chiedere il ritorno di Zelaya. Ma sono stati dispersi con i lacrimogeni.

Chi appoggia il golpe?

I militari sono appoggiati dalla parte più ricca e reazionaria della borghesia dell’Honduras.

Qual è la posizione del governo Usa?

Dura condanna del golpe è stata espressa dal segretario di Stato americano Hillary Clinton, che ha parlato di un atto che deve essere «condannato da tutti» e che «viola i principi democratici». Questa risposta è giunta dopo alcune accuse di coinvolgimento degli Usa nel golpe. «Ci sei tu dietro a tutto questo?», ha infatti chiesto Zelaya senza troppi giri di parole al presidente degli Stati Uniti, Barack Obama.

Qual è la posizione del governo italiano?

Il ministro degli Esteri Frattini parla di una “grave violazione della legalità e delle regole democratiche”. Frattini auspica “vivamente che la comunità internazionale nel suo insieme continui a seguire la situazione in Honduras per il ristabilimento della legalità”. (Apcom 28/6/2009)

Qual è la posizione delL’Onu?

Il segretario generale delle Nazioni unite, Ban Ki-moon, ha chiesto che il presidente Zelaya sia ristabilito nelle sue funzioni e che i diritti dell’uomo siano totalmente rispettati.

Note:

(1) http://www.ansa.it

/opencms/export/site/notizie/rubriche/daassociare/visualizza_new.html_993286058.html

(2) http://www.gennarocarotenuto.it/8809-manuel-zelaya-in-diretta-dal-costarica-ecco-cosa-dice

(3) http://lists.peacelink.it/news/2009/06/msg00025.html


NO AL GOLPE IN HONDURAS!

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Spett.le
Ambasciata dell’HONDURAS
alla c.a dell’Ambasciatore
Roberto Ochoa Madrid
 
Tel. +39–06-3207236
Fax +39–06-3207973
Email: embhonatfastwebnetdotit  (embhonatfastwebnetdotit)  
 
Noi  cittadini, esponenti della società civile e politica italiana,  giornalisti e uomini di cultura, difensori dei diritti umani,  viste le gravi notizie che giungono dall’Honduras di un   colpo di stato in atto in queste ore, condannato  anche dall’Unione Europea,  abbiamo sentito la necessità di costituirci autonomamente e spontaneamente in un Comitato provvisorio di solidarietà al presidente legittimo dell’Honduras Manuel Zelaya.
 
Condanniamo  pertanto  fermamente quanto sta avvenendo  a Tegucigalpa ed esprimiamo  grande preoccupazione per la situazione dei diritti umani, civili e politici del popolo hondureño, dal momento che circolano voci di militari armati per le vie della città e della presenza di francotiratori e chiediamo inoltre l’immediato ritorno di Manuel Zelaya alla presidenza del paese e il ripristino dell’ordine costituzionale.
 
 
Annalisa Melandri – www.annalisamelandri.it
portavoce
 

Honduras, è golpe: Manuel Zelaya sequestrato da militari incappucciati

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Manuel Zelaya

Leggi su Telesur ,

 aggiornamenti continui su Giornalismo Partecipativo

e la disinformazione della REUTERS


La questione indigena in Perú

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La questione indigena in Perú – una vecchia storia
Il giornalista peruviano Ismael León Arías, in un articolo scritto proprio nei primi giorni di giugno, durante la dura repressione contro le legittime proteste del movimento indigeno che ha causato in Perù circa 50 morti fra nativi (ma che secondo alcune fonti, come vedremo, sarebbero molti di più) ed effettivi di polizia, ricorda ai suoi lettori un episodio avvenuto agli inizi degli anni ‘20 nel suo paese.

Accadde nella zona de La Chorrera, nel Caquetà, allora territorio peruviano oggi appartenente alla Colombia.
Julio César Arana, proprietario della Peruvian Amazon Comp. Limited, che si occupava della lavorazione del caucciù, dette ordine ai suoi uomini di far prigionieri venti indigeni che lavoravano nella sua impresa, di chiuderli dentro sacchi di iuta e di bruciarli vivi, come monito e avvertimento per tutti gli altri loro compagni che stavano protestando per le misere e indegne condizioni di vita e di lavoro.

Allora era presidente del paese Augusto Leguía, il quale, appoggiando la campagna per l’elezione a senatore della Repubblica di Julio César Arana, dichiarò alla stampa: “la foresta amazzonica è molto importante ma ha bisogno di essere civilizzata a qualsiasi costo e questo è quello che farò durante il mio governo”.

Suona familiare? Si chiede Ismael León Arías.

Il giornalista ricorda che in Perù, da quando il paese è una Repubblica, “nessuno ha mai fatto un censimento degli indigeni assassinati nell’Amazzonia”. “Si calcola soltanto — scrive — che siano stati decine di migliaia. Ieri uccisi per il caucciù e il legno, oggi per il petrolio, per l’industria estrattiva, ancora per il legno e per il narcotraffico. Chi oggi li accusa di essere selvaggi, ieri si sbracciava per esaltare il loro coraggio nella difesa del Perú durante la guerra con l’Ecuador. E tutti nel 2005 si riempivano la bocca chiedendogli il voto e offrendogli il paradiso in Terra”.

E’, infatti, una storia vecchia quella della repressione o della manipolazione, a seconda delle convenienze, degli indigeni peruviani.

E’ la storia della lotta che essi portano avanti per la rivendicazione del diritto sulle loro terre e che nasce innanzitutto dal conflitto in essere fra due visioni completamente differenti tra loro, e quindi inconciliabili, del concetto di proprietà: “per la società occidentale – si legge sul sito dell’AIDESEP, l’associazione che comprende le oltre 65 nazionalità indigene presenti nel paese, — la terra è di qualcuno quando ha un titolo di proprietà inscritto nei Pubblici Registri. Per gli indigeni il proprietario è la “madre della terra”. Per il mercato (la terra) ha importanza economica ed è negoziabile. Per noi indigeni ha importanza spirituale ed è sacra”.

Come si concilia tutto ciò con le politiche neoliberiste di svendita alle imprese private nazionali e straniere delle immense risorse di cui questa terra è così ricca?

“L’Amazzonia va civilizzata ad ogni costo” disse il presidente Leguía negli anni 20, durante la sua “dittatura progressista” in cui “una valanga di investimenti e prestiti nordamericani accelerava il processo di espansione dell’economia e delle opere pubbliche, fino a raggiungere un ritmo frenetico”.

Tuttavia nella Costituzione che egli promulgò nel 1920 venne dato riconoscimento giuridico alle comunità indigene e lo Stato si impegnò formalmente alla loro protezione.
Ma non si trattava allora, come non lo è adesso, di una questione di razzismo: gli enormi interessi in gioco erano e sono ancora quelli che determinano l’agire del Potere.

Paradossalmente il governo di Leguía dovette scontrarsi anche su questi temi con l’allora nascente movimento fondato da Víctor Raúl Haya de la Torre, l’APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), lo stesso partito di Alan García, (di cui lui rappresenta l’unico candidato politico che ha ottenuto la presidenza). L’ APRA, tuttavia, resta la grande delusione di ogni peruviano di sinistra, in quanto da tempo ormai ha perso le caratteristiche peculiari che lo fecero uno dei più importanti movimenti progressisti latinoamericani: l’anti imperialismo, la lotta per l’unità della regione, la nazionalizzazione delle risorse del paese, la riforma agraria.

Alan García e la sindrome del cane dell’ortolano. Dove inizia questa storia.
La storia, almeno quella delle proteste più recenti, ha inizio con la firma del Trattato di Libero Commercio stipulato con gli Stati Uniti. Nonostante le mobilitazioni della società civile in quanto approvato senza nessuna consultazione popolare, contrariamente a quanto avvenuto per esempio recentemente in Costa Rica, fu sottoscritto l’8 dicembre del 2005 a Washington e negli anni immediatamente successivi (2006 e 2007) venne poi ratificato dai due paesi.

Ha inizio così la svendita da parte del governo di Alan García delle risorse naturali del suo paese, sfociata in questi giorni nella maggior crisi di governo del Perú da anni a questa parte. Crisi che ha determinato, proprio mentre si rincorrevano le notizie della sanguinosa repressione del movimento indigeno peruviano alla Curva del Diablo, un drastico calo della popolarità del presidente, ormai ai minimi storici dall’inizio del suo mandato, raggiungendo dati significativi nelle zone meno urbanizzate del paese.

Scrive il presidente in un suo lungo articolo pubblicato sul quotidiano El Comercio il 28 ottobre del 2007: “ci sono milioni di ettari da destinare allo sfruttamento del legno che non sono utilizzati, altrettanti milioni di ettari che le comunità e le loro associazioni non hanno coltivato né coltiveranno mai… ma la demagogia e le menzogne dicono che queste terre sono oggetti sacri e che questa organizzazione comunitaria è quella originaria del Perú… questo avviene in tutto il paese, terre incolte perchè il proprietario non ha formazione né risorse economiche e pertanto la sua è una proprietà apparente. Questa stessa terra venduta in grandi lotti porterebbe tecnologia della quale beneficerebbe anche l’indigeno delle comunità”.

Probabilmente l’aggressione di García alle comunità indigene e all’Amazzonia comincia formalmente da qui. In questo suo manifesto del neoliberalismo in salsa peruviana dal titolo “El sindrome del Perro del Ortolano” (parafrasando il titolo di una commedia di Lope de Vega) che, come dice l’antico detto “non mangia ma nemmeno lascia mangiare gli altri”, riferendosi al fatto che il cane dell’ortolano non mangia (perchè non gradisce le verdure) ma nemmeno lascia mangiare gli altri.

I cani in questo senso sarebbero gli indigeni, secondo il presidente Alan García che infatti scrive: “ci sono molte risorse che non sono cedibili, che non ricevono investimenti e che non generano lavoro. E tutto ciò per il tabù di ideologie superate, per pigrizia, per indolenza e per la legge del cane dell’ortolano che dice: se non lo faccio io che non lo faccia nessuno. La prima di queste risorse è l’Amazzonia. Ha 63 milioni di ettari e pioggia abbondante. Si potre
bbe coltivare per la produzione del legname, specialmente negli 8 milioni di ettari incolti, ma per fare questo c’è bisogno della proprietà, cioè un terreno sicuro di almeno 5mila, 10mila o 20mila ettari, perchè in quantità minore non c’è investimento formale a lungo termine e di alta tecnologia”.

I signori sono serviti. Gli indigeni e le loro belle parole sulla Madre Terra e la proprietà comunitaria. Decenni di lotte e di conquiste.
Gli indigeni come cani, gli indigeni inetti, oziosi e incapaci. E soprattutto poveri. Perchè continua il presidente García : “abbiamo commesso l’errore di dare piccoli appezzamenti di terra a famiglie povere che non hanno nemmeno un centesimo da investire e quindi a parte la Terra dovrebbero chiedere allo Stato fertilizzanti, semi, tecnologia e prezzi protetti”.

E propone quindi la sua ricetta: creare grandi latifondi dove le imprese possano investire enormi quantità di denaro e offrire migliaia di posti di lavoro. Con grandi, enormi, guadagni soltanto per pochi. Se è vero che il cane dell’ortolano non mangia e non vuol far mangiare gli altri, il cane di García è invece un ingordo e divora tutto quanto…

Elucubrazioni presidenziali a parte, l’Esecutivo aveva bisogno a questo punto di poter disporre di maggior libertà per legiferare su alcuni temi specifici in modo da favorire e semplificare l’applicazione del Trattato di Libero Commercio.

La legge 29157 e i 99 decreti (la Ley de la Selva)
Nel dicembre 2007 fu così presentata la legge 29157 che sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e che per un periodo di sei mesi (01.01.08 — 01.06.08) autorizzava il governo ad emettere Decreti Legislativi su materie relative al TLC. Venne così redatto un pacchetto di 99 Decreti, definiti generalmente “Ley de la Selva”, Legge della Foresta (dal n. 994 al n. 1092), proposti per semplificare la realizzazione del TLC e per (si legge nel testo) “fornire un miglior campo giuridico per sviluppare la competitività del paese”.

In realtà, come fa notare Luis Vittor della CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas ) i “Decreti Legislativi del governo aprista di Alan García costituiscono un nuovo pacchetto di riforme per garantire non solo l’applicazione del TLC ma anche fondamentalmente per consolidare il modello liberale ed eliminare l’opposizione sociale che ostacola la libera circolazione del capitale privato. I Decreti Legislativi segnano una nuova pietra miliare, comparabile soltanto con le riforme realizzate dal governo Fujimori all’inizio degli anni ’90 su raccomandazione del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale”.

Tutti i Decreti Legislativi, sono fin dal principio accusati di essere incostituzionali dalla Defensoría del Pueblo e dalla Commissione della Costituzione del Congresso, nonché dall’AIDESEP in quanto la Costituzione del Perú emessa nel 1993 protegge particolarmente i territori dell’Amazzonia e soprattutto nei suoi articoli 66, 101 e 104 stabilisce che “le risorse naturali, rinnovabili e non rinnovabili sono patrimonio della Nazione” e che qualsiasi disposizione che riguardi il loro sfruttamento debba avvenire tramite una nuova Legge e non tramite Decreti Legislativi.

Inoltre i Decreti violano apertamente la Convenzione 169 dell’OIT (Organizzazione Internazionale del Lavoro) del 1969, ratificata dal Perú, che stabilisce che sia osservato “il rispetto delle culture, delle forme di vita e delle tradizioni dei popoli indigeni” e che gli Stati devono “consultare i popoli interessati tramite procedimenti appropriati e in particolare tramite le loro istituzioni rappresentative, ogni volta che si prevedono misure legislative o amministrative che possano riguardarli direttamente “.

I Decreti Legislativi più controversi sono: il 994, 1015, 1020, 1064, 1073, 1080, 1081, 1083, 1089 y 1090 e la legge 9933 sulle Risorse Idriche

Il DL 994 promuove gli investimenti privati in progetti di irrigazione di terre incolte. Considera inoltre proprietà dello stato le terre incolte e quelle potenzialmente agricole non sfruttate per eccesso o per mancanza di acqua, a meno che non siano iscritte nei Registri Pubblici. Ricordiamo che l’iscrizione nei Pubblici Registri delle proprietà soprattutto in Amazzonia (dove più di 100 comunità contadine non possiedono titolo di proprietà) è una pratica prevista dalla legge ma spesso non applicata e quindi i registri vengono considerati da alcuni enti e organizzazioni praticamente inaffidabili.
Il presidente della regione San Martín, César Villanueva, per esempio ha dichiarato che “ in alcune zone non si sa nemmeno con esattezza quali siano le terre di proprietà dello stato, o quelle che per usufrutto sono di proprietà delle persone che le abitano”. “Inoltre — ha aggiunto, sono territori occupati da persone che vivono lì da moltissimo tempo, senza nessun documento regolarmente inscritto negli uffici catastali e che quindi appaiono disabitate mentre così non è in realtà. Tutte le altre terre che invece sarebbero libere in realtà sono, secondo la Costituzione peruviana, patrimonio forestale dello Stato e quindi non in vendita”.

Il DL 1015 unisce invece i procedimenti delle comunità contadine e indigene della sierra e della selva con quelle della costa e dispone che per vendere le terre comunitarie sarà necessario il voto a favore di almeno il 50% dei membri dell’assemblea (indipendentemente dal numero dei membri della comunità), mentre prima dovevano essere almeno i 2/3 (66%) dei membri della comunità. Questo Decreto in pratica favorisce la parcellizzazione e la privatizzazione delle terre comunitarie.

Il DL 1020 promuove il credito agrario per quei soggetti che dispongano di maggiori risorse economiche e possano dare maggior garanzia di solvibilità. Crea inoltre delle figure giuridiche e legali che, diversamente dagli Enti Associativi Agrari che operano attualmente in questa materia, non darebbero garanzie sufficienti di tutela dei diritti delle comunità.

Il DL 1064, di fatto regola direttamente le attività delle comunità indigene sulle loro terre, (come per esempio le attività estrattive che attualmente vengono concordate con le stesse comunità).

La parlamentare del Congresso, Marisol Espinoza ha affermato che con l’ attuazione di questo Decreto si “violerebbe il diritto dei popoli indigeni a partecipare alle decisioni che riguardano le loro terre. In questo caso il modello di sviluppo viene imposto da Lima da coloro i quali decidono dove fare le concessioni contro la facoltà delle popolazioni di decidere dove sviluppare l’agricoltura e dove sviluppare invece le attività estrattive”.

Il DL 1081 crea il sistema nazionale di risorse idriche e in modo ambiguo apre una possibilità rispetto alla gestione privata dell’acqua contro il diritto delle comunità di gestire autonomamente le risorse presenti nel loro territorio,

Il DL 1083 promuove lo sfruttamento “efficiente” e la conservazione delle risorse idriche mediante l’istituzione di un “certificato di efficienza” che andrebbe a privilegiare gli utenti che disponendo di maggiori risorse economiche potranno beneficiare quindi anche di maggiori approvvigionamenti idrici come stabilisce il decreto.

Il DL 1089 è sotto accusa in quanto stabilisce che il COFOPRI (l’ente già incaricato per l’assegnazione delle proprietà urbane) per un periodo di quattro anni sarà l’ente incaricato della formalizzazione delle proprietà rurale, privilegiando criteri esclusivamente economici invece che criteri agricoli come faceva il Ministero dell’Agricoltura, precedentemente disposto a questo incarico. Fanno notare numerosi analisti che si andrebbe verso un concetto individuale della proprietà, invece di proteggere il concetto di proprietà comunitaria come espressamente previsto dalla Costituzione del Perú.

Il DL 1090 approva invece la Legge Forestale e della Fauna Silvestre che riduce drasticamente il patrimonio forestale del paese, protetto come abbiamo detto dalla Costituzione, lasciando fuori da questa definizione ( e quindi mettendolo a rischio) circa 45 milioni di ettari di terra, cioè il 60% delle foreste del Perú.
L’articolo 6 di questo Decreto inoltre, permette che quando siano in gioco progetti di interesse nazionale, possa applicarsi il cambio di destinazione d’uso delle terre, passando da patrimonio forestale a terre destinabili a “concessioni per iniziativa privata”.

Inoltre i DL 1059,1060 e 1080 (sulle sementi) invece sono sotto accusa perché, secondo alcuni specialisti, aprirebbero le porte all’ingresso, senza nessun tipo di controllo né regolamentazione delle specie transgeniche a discapito delle coltivazioni specifiche e peculiari del paese.

Tuttavia altri decreti sono stati messi sotto accusa da sindacati e associazioni di lavoratori, in quanto non rappresentano soltanto il mezzo per sviluppare nuovi investimenti nel settore agrario e forestale, ma anche il tentativo di consolidare e potenziare un modello di sviluppo, quello neoliberale, che affetta anche altri settori produttivi dell’economia peruviana, e che non è per niente innovativo ma che anzi è considerato da molti analisti ed economisti alla base della attuale crisi economica globale.

Così è stato contestato per esempio il DL 1022 che modifica la Legge del Sistema Portuale Nazionale e che aprirebbe la concessione dei porti peruviani ai capitali cileni. Molti lavoratori hanno realizzato campagne in cui sono state lavate le bandiere peruviane per protestare contro questo Decreto Legislativo. Si tratta di forme di nazionalismo che in Perú è sempre molto sentito soprattutto nelle questioni che riguardano i controversi rapporti con il confinante Cile.
E il DL 1031, che secondo l’Associazione di produttori di latte del Perú, favorirebbe gli interessi del Gruppo Gloria, che controlla circa l’80% del mercato del latte nel paese e pregiudicherebbe gli interessi delle piccole e medie imprese, permettendo tra l’altro l’uso di latte in polvere e sostituti vari per la produzione del latte fresco.

Tuttavia, i DL 1015 e 1073, sono stati abrogati il 20 agosto del 2008 dopo le numerose proteste delle comunità indigene, guidate dal leader dell’AIDESEP Alberto Pizango, che sono culminate con l’occupazione di due impianti petroliferi del paese e con il sequestro di due ufficiali di polizia. Alan García ha tentato di opporsi a questo procedimento di abrogazione ma, la causa è stata vinta dal Congresso che pertanto ha confermato la sua decisione.

“La foresta è di tutti” è stato pertanto il principio guida di Alan García. Intendendo ovviamente dal suo punto di vista che tutti (coloro che dispongono di maggiori risorse economiche) possono sfruttarla come meglio credono, derogando dai principi costituzionali e dalle convenzioni internazionali.

Praticamente tutto verte, come abbiamo visto, intorno al concetto di proprietà. In Perù esiste già una legge, la n. 28.852 che prevede che le terre dell’Amazzonia possano essere sfruttate in regime di concessione per lotti che non eccedano i diecimila ettari. Tuttavia il governo intende sostituire la concessione con la proprietà, la parolina magica per la quale si è scontrato fortemente con le comunità indigene presenti sul territorio, che abbiamo visto si tramandano un concetto completamente diverso di proprietà.

Scoppia la protesta – Incalzano gli eventi ma gli indigeni non sono soli.
La protesta delle comunità indigene, inizia formalmente il 9 aprile scorso nella zona di Bagua Grande, nella parte settentrionale del paese, a circa 1000 Km a nord di Lima,  con la richiesta al governo da parte delle comunità indigene dell’abrogazione degli altri decreti rimasti in vigore.

Tra i partiti politici che hanno appoggiato le proteste indigene e che hanno chiesto la revisione del Decreti Legge sono stati il partito Perú Posible (PP) dell’ex presidente Alejandro Toledo, il partito Nazionalista (PNP) dell’ex candidato Ollanta Humala sconfitto al ballottaggio da Alan García e il Partito Popolare Cristiano (PPC) di destra, di Lourdes Flores, altra ex candidata presidenziale delle scorse elezioni.

Alcune commissioni ed enti locali del paese, nonché i governi regionali delle aree interessate hanno espresso inoltre preoccupazione rispetto agli investime
nti che potrebbero impiantarsi e ai danni che questi potrebbero arrecare nelle zone interessate: sviluppo di nuove coltivazioni non autoctone e quindi potenzialmente pericolose per il delicato equilibrio dell’ecosistema della foresta, inquinamento, scomparsa delle comunità indigene e quindi anche del patrimonio culturale e umano, e via dicendo.

Il governo in questo frangente si è caratterizzato per un’attitudine irresponsabile ed evasiva. Di fronte alle richieste di revisione presentate dall’ AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) , ma anche dalla Defensoría del Pueblo e dalla Commissione della Costituzione al Tribunale Costituzionale, il Congresso e l’Esecutivo non hanno fatto altro che scaricarsi reciprocamente responsabilità e competenze.

In questo clima di incertezza, ma anche di rabbia crescente, a Puno, sul lago Titicaca, gli ultimi giorni di maggio (29/30e 31) si è tenuto il IV vertice internazionale dei Popoli Indigeni.

Riprendendo la conclusione del vertice dell’anno precedente, si è confermato in questa sede ancora una volta il concetto fondamentale per le comunità indigene di tutta l’America latina secondo le quali “il territorio è tutto, non è soltanto un’area geografica. E’ lo spazio della sua cultura e identità. E’ lo spazio dove si sviluppa la sua tecnologia, dove si svolge l’utilizzo equilibrato delle sue ricchezze naturali, la sua arte, la sua forma di essere e di pensare, la sua cosmovisione, la sua stessa vita”. Evo Morales  a Puno

Evo Morales, il presidente indigeno della Bolivia, nella sua lettera inviata agli oltre 6000 delegati indigeni di tutta la regione presenti sulle sponde del lago Titicaca, ha parlato di “conquista democratica del potere per riuscire a garantire i nostri diritti e i diritti della Madre Terra”. E quasi presagendo quello che sarebbe successo di lì a poco ha scritto: “è il momento che tutti sappiano che la nostra lotta non finisce qui, che dalla resistenza passiva siamo passati alla ribellione e dalla ribellione alla rivoluzione”.
Il vertice dei Popoli Indigeni, nella sua relazione finale approva e sostiene “la lotta dei popoli indigeni dell’Amazzonia del Perú contro le norme che privatizzano i suoi territori e i suoi beni naturali” E conclude: “la loro lotta è anche la nostra”.
Gli indigeni dell’Amazzonia peruviana non sono più soli, anche se è bastata questa lettera e questa testimonianza di solidarietà per far parlare il presidente peruviano di “complotto internazionale” organizzato contro il suo paese dalla Bolivia e dal Venezuela.

La violenta repressione e la mattanza di indigeni è scoppiata dopo 55 giorni di protesta pacifica, all’altezza della curva del Diablo, dove, nella zona di Bagua Grande, era stata bloccata alla circolazione una strada principale.
Erano in corso in quel momento le trattative tra i rappresentanti delle comunità indigene e l’Esecutivo. Alan García e il Ministro degli Interni, Mercedes Cabanillas senza aspettare l’esito delle mediazioni hanno dato improvviso ordine di attaccare per “ristabilire l’ordine” e per ripristinare la circolazione nella zona.
All’alba del 6 giugno, corpi speciali di polizia e dell’esercito in assetto da guerra, hanno circondato la strada bloccata e con elicotteri dall’alto hanno iniziato a lanciare lacrimogeni sulla folla e a sparare. Alcune persone che transitavano in zona o che semplicemente si trovavano a guardare quello che accadeva, sono morti sotto i colpi delle armi da fuoco sparati sulla folla, come avvenuto allo studente Ticlia Sanchez, che si trovava a transitare a bordo del suo mototaxi o come nel caso di un uomo che a Plaza de Armas è stato raggiunto da colpi di fucile al torace e alla testa. Notizia confermata anche dalla radio locale La Voz che ha denunciato che a Plaza de Armas sarebberro morti  altri due giovani e quattro bambini sarebbero rimasti feriti da colpi di fucili sparati dagli elicotteri della polizia.

A questo punto è esplosa la reazione violenta dei dimostranti e di tutta la popolazione che ha sequestrato alcuni membri di polizia restituendo i loro cadaveri più tardi e ha saccheggiato gli uffici delle istituzioni pubbliche presenti nella zona.

Centinaia di feriti si sono riversati nell’unico ospedale della città che era ovviamente impreparato ad accoglierli e curarli tutti. Ore dopo, l’esercito ha fatto irruzione nei locali dell’ospedale arrestando e portando via tutte le persone ferite.

E’stato interdetto nella zona l’accesso ai mezzi di comunicazione sia nazionali che internazionali per cui le uniche notizie erano quelle che provenivano da fonti governative. E’ stata inoltre oscurata l’emittente La Voz, l’unica che trasmetteva in tempo reale le notizie, con l’accusa di incitare alla rivolta la gente. Carlos Flores, corrispondente di CNR (Coordinadora Nacional de Radio) da Radio La Voz ha dichiarato che si è trattato di una “tattica del governo per cercare capri espiatori per snaturare il massacro contro i nostri fratelli nativi e per evitare le responsabilità della morte dei nostri fratelli poliziotti caduti durante questa azione”.

Molte istituzioni ed enti nazionali e internazionali, anche per la difesa dei diritti umani hanno parlato di genocidio e di massacro chiedendo che venga ritenuto responsabile Alan García e il suo governo.
La CAOI, organizzazione che rappresenta gli indigeni di diversi paesi, come la Bolivia, il Perú, l’Ecuador, il Cile, la Colombia e l’Argentina, ha parlato di “risposta dittatoriale dopo 56 giorni di lotta pacifica indigena e di presunti dialoghi e negoziazioni, che sono terminati con gli spari di sempre, gli stessi da oltre 500 anni di oppressione”.

Alberto PizangoSono stati emessi ordini di cattura contro i principali leader del movimento indigeno tra cui Alberto Pizango presidente dell’AISEDEP che l’8 giugno, dopo tre giorni di latitanza, è stato costretto a cercare asilo politico presso l’ambasciata del Nicaragua a Lima.
Di fronte alle crescenti proteste della comunità internazionale, turbata anche dalle immagini (video e fotografie) che hanno iniziato a circolare prima in internet e poi anche sulla stampa straniera e che dimostravano la violenza della repressione contro le comunità, il governo ha tentato di denunciare un presunto complotto internazionale guidato dal Venezuela e dalla Bolivia e un tentativo di destabilizzazione interno messo in atto dal Partito Nazionalista di Ollanta Humala.
Il presidente del Consiglio dei Ministri, Yehude Simon, pur essendo un uomo di sinistra, fondatore del Movimento Patria Libre, arrestato nel 1992 con l’accusa di terrorismo e condannato a 20 anni di carcere, dove è rimasto 8 anni e mezzo, ha appoggiato senza indugi in questo frangente la politica governativa, affermando anche in un’ intervista televisiva che le proteste erano manipolate dal governo dell’Ecuador per limitare la capacità petrolifera del Perú e quindi per evitare la concorrenza con il vicino paese andino. Dimostrando pertanto di non conoscere la realtà dell’Ecuador, dove pur avendo un governo senz’altro più sensibile alle loro richieste, gli indigeni sono molto critici con le politiche intraprese da Rafael Correa. Yehude Simon “è caduto alla Curva del Diablo” si è detto in questi giorni in Perú volendo indicare la perdita definitiva della fiducia tra i peruviani di sinistra che avevano inizialmente sperato in lui come uomo nuovo del governo García.

Il Parlamento peruviano finalmente ritira i Decreti Legislativi. Si può parlare di “vittoria storica”?
Il 19 giugno il Parlamento peruviano con 82 voti favorevoli e 12 contrari ha ritirato due dei 12 Decreti contestati dal movimento indigeno. Si tratta del n. 1090 e del 1064, sicuramente quelli più importanti e che mettevano più a rischio le terre dell’Amazzonia. Le organizzazioni indigene hanno parlato di “vittoria storica” e la notizia, accompagnata da analisi frettolose e incomplete così è rimbalzata su tutti i media internazionali.

Innanzitutto restano in vigore gli altri decreti, quali per esempio quelli che aprono alla privatizzazione delle risorse idriche, di cui l’Amazzonia è ricca e sulle quali le comunità indigene reclamano la gestione.
Restano anche in vigore i decreti contestati da altri settori della società peruviana, come per esempio quelli contestati dai lavoratori portuali. Anche gli addetti del settore minerario erano scesi in sciopero alcune settimane fa.
La revoca dei due decreti principali inoltre non ha assolutamente messo in discussione il Trattato di Libero Commercio con gli Stati Uniti che può essere sempre applicato aggirando con altri cavilli legislativi gli ostacoli che i Decreti Legislativi pretendevano semplificare.

Tutto lascia pensare pertanto, che tra sei mesi il Perú possa trovarsi di fronte ad una nuova crisi.
Restano tuttavia molti altri punti in sospeso. L’AIDESEP aveva posto come una delle condizioni principali per la ripresa del dialogo il ritiro delle accuse al leader Alberto Pizango che è riuscito ad ottenere il salvacondotto per il Niocaragua e adesso sta beneficiando in quel paese dell’asilo politico. Resta quindi ancora in sospeso la sua situazione giudiziaria, così come è ancora indefinita quella di altri 20 leader indigeni che si trovano attualmente reclusi nel carcere di massima sicurezza di Huancas  e dei quali non sono note le  condizioni di salute, né se è stato messo loro a disposizione un legale.

Vi sarebbero inoltre circa un centinaio di persone denunciate per crimini gravissimi quali terrorismo o apologia di terrorismo solo per aver offerto aiuto o assistenza legale agli indigeni in difficoltà.
Va inoltre fatta chiarezza quanto prima possibile rispetto alla reale situazione dei morti e delle persone scomparse. Si calcola che alla Curva del Diablo fino al 6 giugno fossero presenti circa 4mila indigeni. Risulta da fonti locali che hanno fatto ritorno nelle loro case circa 2200 persone. Dove sono tutti gli altri?

Alcuni testimoni parlano di centinaia di cadaveri messi in sacchi neri e gettati nei fiumi Marañon o Utcubamba, di fosse comuni presenti intorno alla Curva del Diablo o intorno al Corral Quemado che però si trovano in zone molto controllate e quindi impossibili da raggiungere.

Il coprifuoco e lo stato d’emergenza non sono stati ancora revocati e la zona è fortemente militarizzata con pesanti limitazioni di movimento della popolazione locale.

Si può parlare di vittoria storica?


Entrevista a Ismael León Arías sobre la masacre de indígenas en Perú.

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Ismael León Arías es un periodista peruano.  Ha sido director del diario La Crónica en 1985. Reportero político y editor en La República durante 14 años. Ha  trabajado en canales de televisión de Lima y en radioemisoras, siempre en programas informativos y políticos. Ha  sido también profesor de periodismo en la Universidad Nacional de San Marcos y jefe de prensa de esa antigua casa de estudios superiores. Tiene el blog denominado La columna de León.

 

  

Annalisa Melandri —  Cuáles son las causas del sublevamiento indígena y la lucha desde cuanto tiempo sigue y en que forma?
 
Ismael León Arías - Si hablamos de una causa inmediata, es el engaño cometido por el gobierno, cuando el presidente Alan García negó tener la intención de autorizar la venta o concesión de las tierras comunitarias. Lo hizo, mediante decretos ocultos en un paquete de cien dispositivos legales (decretos) de menor rango a una ley del Congreso, que estaban destinados a hacer viable el Tratado de Libre Comercio con EE.UU.
 
En su campaña electoral García candidato había prometido que su partido revisaría los alcances negativos de ese Tratado; pero cuando fue elegido lo confirmó sin cambio alguno y facilitó su rápida aplicación. Primera gran sorpresa. De pronto comenzaron a brotar en la Amazonía numerosas medianas y grandes mineras y petroleras, haciendo exploración. Sin el obligatorio Estudio de Impacto Ambiental y sin la consulta a las comunidades, a las que el Estado está obligado por antiguos convenios internacionales. Segunda gran sorpresa. Comenzaron las movilizaciones y con ellas las promesas de diálogo. Hablamos de febrero de este año. El gobierno propuso una mesa de diálogo, luego lo olvidó y trasladó el problema al Congreso, donde sus congresistas siempre tienen a la mano una fórmula para eludir el debate. Intervino la Defensoría del Pueblo y su principal comisión dictaminó que los decretos en disputa son inconstitucionales. Otro pretexto para que el gobierno evite la discusión. Alegó que ese pronunciamiento debían apelarlo, pero luego aceptó reabrir la mesa de diálogo. Ya estábamos en abril. Los dirigentes indígenas buscaron 100 mil firmas para que el Tribunal de Garantías Constitucionales se pronuncie sobre la ilegalidad de por lo menos un decreto. El proceso avanzó y el gobierno boicoteó su propia mesa de diálogo. No asistió. Todo mayo se pasó en eso. Mientras tanto los dirigentes indígenas viven con dificultad en Lima, un lugar hostil y caro para ellos. Llegamos a junio y García declaró que los indígenas no son dueños de las tierras que ocupan, que según afirma son “de todos los peruanos”. Se calienta el ambiente. Los indígenas ocupan una carretera en Bagua y el gobierno envía un fuerte contingente policial de unos mil hombres, para desalojarlos por la fuerza. El día cinco de junio mueren los primeros indígenas, al día siguiente un grupo de ellos captura a un puñado de esos policías y los devuelve muertos. El gobierno muestra las fotos a la opinión pública en procura de enfrentarla con los alzados. Se produce el efecto contrario. La opinión pública opina que fue irresponsable por parte del gobierno enviar policías a una zona habitada por awarunas, una población de estirpe guerrera.
 
 
A.M. —   Cuál es el número de los muertos y de los heridos? Hay desaparecidos?
 
I.L.A. — El primer día, el 5 de junio  hubo 26 policías muertos y un número hasta hoy desconocido e incierto de civiles que están desaparecidos. Cadáveres de civiles encontrados apenas hay una docena…
 
 
 
A.M. —  Cómo la prensa nacional y extranjera está manejado la situación?
 
I.L.A. — La prensa extranjera bien, con amplia cobertura. La estatal sólo transmite comunicados oficiales y entrevistas a los ministros o congresistas del gobierno. Tienen poca sintonía pero su trabajo contribuye a calentar los ánimos de la población. Hay dos diarios de centro izquierda entre diez de derecha que respaldan al gobierno y tratan muy mal a los indígenas. La televisión y radioemisoras informan mucho, pero sin historia ni contexto.
 
 
A.M. —   Porqué según usted tanta violencia de  parte del gobierno?
 
I.L.A. — Alan García tiene antecedentes en ese sentido. En su anterior gobierno ordenó matar en dos cárceles a presos acusados de terrorismo, que protestaban pero indefensos. Alrededor de 1983 fueron alrededor de 300 los asesinados en El Frontón y Lurigancho. Y el año pasado (junio) Alan García destituyó a un general de la Policía que evitó un derramamiento de sangre, gracias al diálogo abierto con los pobladores de Moquegua, que habían tomado un puente llamado Montalvo. En público declaró que el general tuvo una conducta “cobarde”.
 
 
A.M. —   Es una lucha autónoma o está apoyada por alguna fuerza política?
 
I.L.A. — Las comunidades siempre han luchado sin respaldo orgánico de partidos. Ni siquiera la izquierda en sus mejores tiempos pudo aliarse a ellos de manera orgánica. Siempre hicieron comunicados de respaldo y solidaridad, nada más.
 
 
A.M. —  Cómo podría evolucionar la situación del lider Alberto Pizango actualmente refugiando en la embajada de Nicaragua en Lima?
 
I.L.A. — Sobre él ya había una orden policial de captura, que no tenía respaldo de ningún juez. Únicamente de un fiscal. Su situación evolucionará según las negociaciones avancen o se estanquen. Los nuevos dirigentes han exigido cuatro condiciones para reanudar el diálogo. 1.- Que cese el estado de emergencia y levanten el toque de queda que rige desde las 15 horas (3:00 de la tarde). 2.- Que levanten la orden de captura contra Pizango y otros dirigentes. 3.- Que el gobierno pida perdón a los familiares de los civiles y policías muertos y acepte por lo menos responsabilidad compartida en los sucesos. 4.- Que en una próxima negociación se incorpore a representantes de la Iglesia Católica.
 
 
A.M. —   El primer ministro de Perú, Yehude Simon, un hombre de izquierda, fundador del movimiento Patria Libre, ¿apoyó las demandas indígenas?
 
I.L.A. — Al comienzo del conflicto pareció negociador y confiable. Pero luego se fue acomodando a las posiciones duras del Presidente Alan García. Su movimiento ahora es inexistente.
 
 
A.M. —   ¿Qué efecto podría producir el sublevamiento indígena en los países cercanos?
 
I.L.A. — No pasará de pronunciamientos de solidaridad de las organizaciones indígenas similares. Con quienes hay más coincidencias entre las poblaciones es con las de Ecuador.
 
 
A.M. - Se está pidiendo en Perú la caída de Alan García. En esa eventualidad, ¿qué opciones hay para el país?
 
I.L.A. — Imprevisibles, depende de cómo evolucione el conflicto. La derecha respalda al gobierno, la oposición es importante pero minoritaria en el Congreso, único organismo legal que puede destituir a García por “incapacidad moral”, como lo hizo el 2001 con Alberto Fujimori, pero cuando ya éste había fugado del país y presentado su renuncia al cargo mediante un fax que envió desde Tokio. 

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