El 18 de abril pasado Hernando Calvo Ospina se encontraba a bordo del vuelo Air France nr. 438 desde París con destino Ciudad de México, cuando faltando todavía cinco horas de viaje, el comandante del avión informó a los pasajeros que no habían sido autorizados a sobrevolar el espacio aéreo de Estados Unidos porqué a bordo se encontraba una persona non grata por motivos de “seguridad nacional”. Prácticamente un terrorista, según el uso que se hace corrientemente del término.

Después de una escala técnica en Martinica por el abastecimiento de carburante, y solamente después de haber despegado de Fort de France, el sig. Calvo Ospina fue informado por los miembros de la tripulación que el “terrorista”, sobre cuya identidad todos los pasajeros del vuelo, él incluido, se iban interrogando, era él mismo.

Una vez aterrizado el avíon a Ciudad de México y después del control de su identidad y de un interrogatorio, donde tuvo que contestar a preguntas sobre su religión, sobre la posesión de eventuales armas y sobre los motivos de su próximo viaje a Nicaragua, (el eje del mal, ¿recuerdan?) Hernando Calvo Ospina fue dejado libre de seguir en su viaje.

Unos meses más tarde la compañia Air France fue más amable con el sig. Ospina. Pocas horas antes de embarcarse con destino La Habana desde París, Ospina fue avisado telefónicamente por la compañía aérea que no podía tomar aquel vuelo ya que el avión iba a sobrevolar los cielos de Estados Unidos. En cambio le ofrecieron un pasaje por Cuba via Madrid.

¿Quién es el objeto de tanta persecución? Periodista y escritor colombiano, colaborador de Le Monde Diplomatique, Hernando Calvo Ospina desde hace años vive en Francia como refugiado, desde donde sigue denunciando y escribiendo sobre el terrorismo de Estado en Colombia, sobre los vínculos del gobierno con el paramilitarismo y sobre los crímenes que Estados Unidos comete en América latina y en el resto del mundo.

Cuatro meses más tarde, el día 19 de agosto de este año, la misma travesía, idéntica en las modalidades, ocurrió a Paul Emile Dupret. Mismo vuelo, AF348, desde París hasta Ciudad de México. Paul Emile Dupret, ciudadano belga, jurista y desde hace años consejero del grupo Izquierda Unitaria (GUE/NGL) del Parlamento europeo además de ser activista y defensor de los derechos humanos y altermondialista, estaba viajando a México para participar a la XV asamblea del Foro de San Paulo.

Como ocurrido a Calvo Ospina, durante la travesía atlántica, Dupret fue avisado por un miembro de la tripulación que su nombre estaba presente en la “lista negra” de los Estados Unidos y por lo tanto las autoridades de aquel país no aceptaban que el avión donde él viajaba sobrevolara su propio espacio aereo.

Después de un largo desvío mar adentro de Florida, el avión con más de una hora de retraso llegó a destino. Para regresar a Europa, Paul Emile Dupret tuvo que cambiar el pasaje, ya reservado desde hace tiempo, por uno con destino París via La Habana.

Aún más engorroso cuanto ocurrido hace algunos meses a Lourdes Contreras, esposa de Narciso Isa Conde quien es miembro de la presidencia colectiva de la Coordinadora Continental Bolivariana, además de ser conocido dirigente comunista en su país, República Dominicana. El 13 de mayo de este año Lourdes Contreras viajaba a bordo de un vuelo directo en Jamaica, dónde tenía que participar a un congreso internacional cómo directora del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec). El avión tenía que aterrizar a Miami por una escala técnica y Lourdes Contreras una vez en el aeropuerto fue parada por agentes del despacho migración que después de un genérico interrogatorio y después de borrarle su visa que tenía validez hasta 2016, la embarcaron esposada en un avión con destino República Dominicana.

Lourdes Contreras, importante activista por los derechos de las mujeres, estimada colaboradora de la universidad Nacional de Santo Domingo, por la inteligencia de Estados Unidos tiene la culpa de ser desde 40 años esposa y compañera de vida y de luchas del revolucionario Narciso Isa Conde, acusado por la Colombia de ser un partidario de las FARC y que desde hace tiempo denuncia en su país planes del gobierno colombiano y de la CIA para atentar a su vida.

Cuanto ocurrido a Hernando Calvo Ospina y a Paul Emile Dupret encuentra explicación en sus actividades periodísticas y de denuncia o en el activismo social y político, mientras en cambio en el caso de Lourdes Contreas hay que relacionarlo al hecho que su esposo, Narciso Isa Conde, es un “reconocido sostenedor de grupos terroristicos”, como indicado textualmente en el documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos al que la señora Contreras ha podido acceder por el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país y el Cónsul General en República Dominicana. En el mismo documento es precisado que ni ella ni sus hijos pueden poner más pie en los Estados Unidos.

¿Se puede reconocer por lo tanto en este último caso una exacerbación ulterior del uso de las medidas de seguridad estadounidenses? Aquí las prohibiciones han sido extendidas hasta las relaciones familiares y aún más se dio explicación a la motivación, aún ambigua y genérica, que la origina. Es diferente cuanto ha ocurrido a Hernando Calvo Ospina y a Paul Emile Dupret que formalmente no han sido informados nunca sobre su situación por ninguna institución y por quienes los respectivos gobiernos no han movido un dedo para pedir explicaciones a las autoridade sde Estados Unidos o para sustentarlos después de esos abusos.

Es evidente por lo tanto el uso instrumental que se hace del 11 de septiembre, de la política de seguridad de George Bush y de la “guerra al terrorismo”. Y es evidente también el uso instrumental que se hace de la muerte de 3mil ciudadanos americanos en el ataque a las torres realizadas por un grupo de integralistas islámicos.

Existe un solo aspecto en común entre las tres personas y probablemente es la denuncia que ellos llevan adelante en modos y formas diferentes respecto a las oscuras tramas del poder en Colombia.

¿Pero se trata solamente de Colombia? ¿O más bien es algo que concierne también el empeño que estas personas desarrollan contra los grandes centros internacionales del poder económico y sus crímenes en América latina y en el resto del mundo?

Narciso Isa Conde, Paul Emile Dupret y Hernando Calvo Ospina no son terroristas, no pertenecen a organizaciones terroristas y no han sido detenidos ni investigados nunca por hechos relacionados al terrorismo. ¿A qué título han sido insertados en la lista negra del Departamento de Estado de los Estados Unidos? ¿Con cuáles acusaciones? ¿Sobre cuáles fundamentos? ¿Con cuáles pruebas sobre todo? ¿Lo han hecho los Estados Unidos para proteger su propia seguridad o mejor para responder a intereses de otros paises?

Preguntas que abren un caso de persecución política. ¿Estamos en presencia de un nuevo macartismo?

El escritor y analista político mexicano Carlos Montemayor en su último ensaje “La guerrilla recurrente” (2007) escribe a propósito: “El terrorismo, (después del 11 de septiembre), se convertía por definición de estado y de ejército en un difuso poder internacional que contenía algunos rasgos del antiguo y favorito enemigo estadunidense: el comunismo internacional… En esta lucha el gobierno del presidente Bush logró construir un instrumento más poderoso que el del viejo Mc Carthy de los años cincuenta: ya no un macartismo dentro de Estados Unidos, sino un macartismo internacional. Con este macartismo cerró toda posibilidad de comprensión de ciertos procesos sociales complejos en diversas zonas del mundo”.

Una especie de guerra fría, observa Montemayor, pero caracterizada solamente por la presencia de un solo protagonista que define las condiciones y construye los partidarios de sus enemigos de vez en vez, sin encontrar ningún obstáculo por la otra parte, porque de hecho no hay ninguna otra parte. Se pueden violar derechos impunemente, sin ningún obstáculo, cubiertos por el silencio de los grandes medios de comunicación, cómplice la subalterneidad de las instituciones de la Unión Europea que no ha tomado postura frente a cuanto ocurrido a Paul Emile Dupret que incluso trabaja en el Parlamento Europeo desde más de 18 años, así como no lo han hecho los gobiernos de Francia, Bélgica y de la República Dominicana. Ninguna condena por lo que ha sido una evidente violación del libre dercho a viajar de estas personas.

Por quien conoce los artículos de Calvo Ospina y las batallas de Paul Emile Dupret tal como la coherencia y el empeño de Narciso Isa Conde por una América latina libre de cualquier imperialismo y sobre todo libre de la injerencia de Estados Unidos, entonces todo aparece más claro. La persecución es política antes que jurídica y eso determina cuanto ocurrido como un caso de evidente violación de derechos humanos.

Derechos humanos que han sido redefinidos y reescribidos arbitrariamente por Estados Unidos después del 11 de septiembre. Si en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se afirmó explícitamente que era necesario establecer normas jurídicas que tutelaran las libertades y los derechos de los hombres independientemente de su raza, sexo, color, lengua, religión y opinión política, es significativo que George W. Bush en su discurso al Congreso de Estados Unidos del 20 de septiembre de 2001, nueve días después del atentado a las Torres Gemelas, redefine los derechos humanos borrando la opinión política como factor no discriminante. Afirma en efecto, textualmente: “nadie puede ser señalado, ni maltratado, ni ofendido verbalmente por su etnia y tampoco por su fe religiosa”. La pertenencia a una idea política, la militancia, las ideas, vuelven después del 11 de septiembre, una vez más, factores discriminantes.

George Bush sigue más adelante en su discurso: “nuestra guerra contra el terror empieza con Al Qaeda, pero no termina allí”.

Son tan indefinidos los límites de esta “guerra al terror”, que se está verificando el riesgo ya preanunciado después de la emanación del USA Patriot Act, que pudiera ser realmente utilizada contra las batallas por la independencia de los pueblos, contra las resistencias a los gobiernos dictatoriales, calumniando como “terrorismo” cada forma de legítima respuesta armada al verdadero terrorismo de Estado que golpea poblaciones inermes. La versión puesta al día de esta guerra se dirige contra los millares de militantes y activistas que recorren los cielos y muelen kilómetros de nuestro planeta para compartir, informar, importar y exportar experiencias, solidaridad, sostén y comunicación entre realidades lejanas y diferentes entre los que se alimentan de este flujo constante de energías. “Eso equivale a sobreponerle a todo estado de derecho un poder fascistoide y un terror infinito” escribe Narciso Isa Conde en su libro (Los halcones atacan — Estrategia E.U en el siglo XXI y alternativa revolucionaria)

Interrogado sobre la posesión de armas, Hernando Calvo Ospina le contesta textualmente al policía que tiene de frente: “mi única arma es escribir, especialmente para denunciar el gobierno de los Estados Unidos que yo considero realmente terrorista “. El policía mirándo le ha contestado: “a veces esa arma es peor que bombas y fusiles.”

1. Sia la promulgazione dello Stato d’assedio e il decreto n. PCM –16–2009 di sospensione delle garanzie costituzionali, emesso il 26 settembre scorso, sono misure  apertamente “violatorie del diritto internazionale”, come denunciato anche dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani (CIDH). La loro revoca verbale, in data 6 ottobre u.s., effettuata dal governo de facto in vista dell’imminente visita dell’OSA, non è stata infatti inserita nella Gazzetta Ufficiale e quindi non viene applicata dalle autorità che continuano ad agire in base al decreto di sospensione dei diritti. Ragione per la quale,   secondo quanto denuncia anche l’associazione francese Reporters Sans Frontières, le due emittenti indipendenti e critiche verso il regime, Radio Globo e Canal 36 ad oggi non hanno potuto riprendere regolarmente le loro trasmissioni e non hanno ottenuto il materiale che era stato loro sequestrato. Non possiamo fare a meno di osservare che se da una parte si dice di voler rispettare  la data del 29 novembre come data possibile delle elezioni presidenziali in Honduras, ormai da tre mesi circa ogni voce che si leva contro il colpo di Stato viene zittita con la repressione e la violenza, non permettendo così il libero esercizio della campagna elettorale in vista di tale appuntamento.
2. L’ultima missione dell’OEA in visita nel paese,  data  la risposta negativa del governo de facto del Sig. Micheletti si è conclusa senza nessuna novità positiva, visto il rifiuto di accettare da parte della giunta golpista il punto numero sei dell’accordo di San José, base fondamentale per ogni trattativa, e cioè  la restituzione del  presidente Zelaya alla presidenza del Paese.
3. Esprimiamo inoltre la nostra preoccupazione per le persone che continuano a restare  in carcere con accuse infondate e sottoposte a torture e a trattamenti violenti e degradanti da parte delle autorità di polizia. Secondo i dati diffusi dal Comitato dei Familiari dei Detenuti e Desaparecidos in Honduras (COFADEH),i prigionieri politici attualmente sarebbero circa 45, anche se il portavoce del Frente Nacional di Resistencia Popular considera che siano molti di più.  Particolarmente preoccupante è il caso della maestra  Agustina Flores López, cinquantenne, sorella della direttrice del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) e membro dirigente del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, Bertha Cáceres, arrestata il 29 settembre scorso con l’accusa di sedizione, la quale  è stata vittima di torture e trattamenti degradanti da parte di membri della polizia. Da un video ad oggi in circolazione risulta chiaramente che la Sig.ra López è stata picchiata violentemente mentre era già ammanettata da donne del corpo di polizia. E’ notizia di ieri la sua scarcerazione sotto cauzione, resta tuttavia indiziata di gravi reati con l’intero impianto accusatoria privo di garanzie e trasparenza.
4. Sempre dati della COFADEH indicano in 17 il numero delle persone morte in Honduras a causa della violenza scatenatasi in seguito al colpo di Stato del 28 giugno.
5. Giungono inoltre  preoccupanti notizie circa indagini che l’ONU starebbe portando avanti su gruppi di paramilitari colombiani appartenenti alle Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) assoldati da latifondisti locali  per la loro protezione. Lo stesso gruppo dell’ONU starebbe lavorando sulle denunce ricevute rispetto all’uso di apparecchiature acustiche a largo spettro, utilizzate contro Zelaya e i suoi sostenitori nei pressi dell’ambasciata brasiliana da parte dei membri di polizia e di mercenari.

1. Che venga immediatamente restituita la presidenza, usurpata manu militari con la forza e la violenza al legittimo mandatario del paese  Manuel Zelaya, regolarmente  eletto dal popolo honduregno e che gli venga data la possibilità di terminare il suo mandato. con la forza e la violenza al legittimo mandatario del paese  Manuel Zelaya, regolarmente  eletto dal popolo honduregno e che gli venga data la possibilità di terminare il suo mandato.
2. Che nel paese venga ripristinato immediatamente lo Stato di Diritto e venga garantito il rispetto dei diritti umani, civili e politici previsti da tutti i trattati internazionali ratificati anche dall’Honduras.  
3. Che cessi immediatamente la criminalizzazione della protesta sociale attuata dal regime con scopo intimidatorio e repressivo e la persecuzione penale contro gli oppositori al regime e venga garantito e rispettato il loro legittimo diritto al dissenso.
4. Che vengano immediatamente liberati tutti i prigionieri politici detenuti e si intraprendano indagini volte a stabilire responsabilità penali rispetto ai casi denunciati di decessi, nonché rispetto a tutti i casi di torture, trattamenti crudeli e degradanti, detenzioni arbitrarie contro le persone che hanno manifestato contro il regime.
5. Che venga garantito e rispettato il diritto alla libertà di espressione e il diritto all’informazione e che quindi tutti i mezzi di comunicazione critici al regime vengano messi in grado di lavorare tranquillamente e in assoluta sicurezza per i loro operatori.
6. Che vengano svolte opportune indagini rispetto alla denuncia della presenza di gruppi paramilitari colombiani che starebbero operando nel paese al soldo di gruppi di latifondisti locali.

1. Che riconosciamo come legittimo presidente dell’Honduras il Sig. Manuel Zelaya.
2. Che solidarizziamo con il Frente Nacional de Resistencia Popular e con tutto il popolo honduregno nella   lotta contro il colpo di Stato.
3. Che sosteniamo il Frente Nacional de Resistencia Popular e tutto il popolo honduregno nelle legittime richieste di indire un’Assemblea Costituente che gli restituisca dignità e partecipazione civile.
4. Che non riconosceremo i risultati delle elezioni politiche del 29 novembre prossimo in quanto realizzate sotto  un regime golpista senza nessuna garanzia di rispetto delle regole democratiche sia per quanto riguarda la campagna elettorale sia per il loro svolgimento.

1. Che non riconosca come legittime le elezioni politiche del 29 novembre prossimo in quanto indette da un regime golpista senza nessuna garanzia di rispetto delle regole democratiche sia per quanto riguarda la campagna elettorale sia per il loro svolgimento, come già dichiarato dal segretario generale dell’ONU, dall’OEA, e dal governo degli Stati Uniti nel caso non venga ripristinato Manuel Zelaya alla presidenza del paese.
2. Che operi attivamente per la cancellazione di ogni rapporto economico e trattato commerciale con il governo golpista honduregno fino a quando non venga ripristinata la democrazia nel paese.
3. Che proibisca l’ingresso nel nostro paese di tutti i membri del governo golpista e dei collaboratori dichiaratamente complici del regime, cominciando dal Sig. Micheletti Bain, originario di Bergamo.
4. Che si faccia promotore presso l’Unione Europea perché venga sospeso qualsiasi rapporto economico e commerciale con l’Honduras.