El capítulo estadounidense de Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Constitucionales y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Nueva York, entablaron la demanda en el marco de la ley de Libertad de Información.

Las tres organizaciones con sede en Nueva York sostienen que el gobierno retiene documentos que pueden contribuir a conocer el destino de 39 detenidos– desaparecidos y proporcionar datos sobre su paradero.

“Queremos saber dónde están esas 39 personas ahora y qué les pasó desde el momento de su desaparición” , señaló Joanne Mariner, a cargo de investigaciones sobre terrorismo y antiterrorismo de la organización Human Rights Watch (HRW).

A pesar de no ser demandante, HRW contribuyó con un informe sobre el que se basa el proceso, publicado el jueves, el mismo día en que se presentó la querella.

“Ya es un grave abuso mantenerlas en prisiones secretas de la CIA. Y ahora tememos que las puedan haber transferido a países donde pueden seguir en cárceles secretas y más abusos”, añadió.

El informe de 21 páginas, para que el que realizaron aportes también las organizaciones Cageprisioners y Reprieve, ambas con sede en Londres, menciona la identidad y otros datos de 39 personas desaparecidas tras su detención.

En su mayoría fueron apresados en Pakistán entre 2001 y 2005.

El documento “Off the Record” (“fuera de registro”, en inglés) también registra la detención de esposas o hijos, e incluso el caso de un bebé de seis meses, de las personas que fueron apresadas.

Las seis organizaciones indicaron que se trata del listado más completo de personas detenidas-desaparec idas que se haya compilado desde que Estados Unidos declaró su guerra contra el terror en 2001.

“Nosotros no cuestionamos el deber del gobierno de proteger a las personas de atentados terroristas” , declaró desde Londres el director de investigaciones de Amnistía, Claudio Cordone.

“Pero sí se cuestiona el secuestro de hombres, mujeres y hasta niños y el hecho de mantenerlos en prisiones secretas privándolos de los derechos más básicos de cualquier detenido. El gobierno de Estados Unidos debe terminar de una vez por todas con esa práctica ilegal y moralmente repugnante”, enfatizó.

Por su parte, la CIA se negó a confirmar o desmentir la veracidad de la información de la investigación de las organizaciones de derechos humanos.

“Cuando se trata de la CIA y de la lucha antiterrorista, no faltan acusaciones de inexactitudes” , alegó el portavoz de la agencia, Paul Gimigliano.

“La verdad lisa y llana es que actuamos de acuerdo con la legislación estadounidense y que nuestras iniciativas antiterroristas, sometidas a un cuidadoso análisis y supervisión, han sido muy eficaces para desbaratar conspiraciones y salvar vidas”, añadió.

La publicación del informe coincide con una renovada polémica por varios aspectos de las prácticas de detención del gobierno de George W. Bush.

Este viernes comenzó en la septentrional ciudad italiana de Milán el tan esperado proceso en ausencia de 25 agentes de la CIA y del ex jefe de Inteligencia de Italia por el supuesto secuestro de un imán en las calles de esa ciudad en febrero de 2003.

El hecho se habría enmarcado en el programa de Washington de “entregas extraordinarias” , que consiste en la detención de un sospechoso en un país y su entrega a las autoridades de otro donde la tortura y los tratos inhumanos son habituales.

El imán Hassan Mustafa Osama Nasr fue trasladado a Egipto donde, según sus relatos, fue torturado durante un interrogatorio antes de ser liberado bajo arresto domiciliario.

En el ámbito local, la CIA también es cuestionada.

El mes pasado, la gubernamental Junta de Ciencia de la Interrogación publicó un duro informe que cuestiona las técnicas violentas utilizadas por la agencia porque no son efectivas y son contraproducentes.

Las organizaciones de derechos humanos las calificaron de tortura y el ex asesor de la secretaria de Estado (canciller) Condoleezza Rice, Philip Zelikow, las había considerado “inmorales”.

Mientras, el Comité de Inteligencia del Senado publicó la semana pasada un informe que cuestiona el valor del programa de interrogatorios y detenciones secretas de la CIA.

Además, sugiere que la información de inteligencia obtenida por estos medios no compensan la publicidad negativa ni evitan la recaudación de datos falsa.

Por último, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles demandó la semana pasada a una subsidiaria de la aerolínea Boeing, involucrada en el programa de entregas extraordinarias de la CIA, en representació n de un egipcio, un etiope y un italiano trasladados a cárceles secretas donde habrían sido torturados.

Al igual que la tortura, las desapariciones forzosas violan varios tratados de derechos humanos ratificados por Estados Unidos.

Esa práctica se inició con el conocido decreto “Nacht und Nebel” (“noche y niebla”), del régimen nazi alemán durante la Segunda Guerra Mundial (1939–1945), y fue muy utilizado por las dictaduras militares de América Latina en los años 70 para eliminar opositores.

El propio Bush reconoció por primera vez en septiembre de 2006 que la CIA tenía prisiones secretas en varias partes del mundo.

Bush anunció entonces la transferencia de 14 presos destacados, incluido el supuesto estratega de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington, Khalid Sheikh Mohammed, de una cárcel de la CIA al centro de detención en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba.

Cientos de supuestos terroristas habrían sido detenidos y trasladados en el marco del programa de entregas extraordinarias, aunque la mayoría de ellos enviados luego a Guantánamo, liberados o habrían corrido otra suerte, según las explicaciones oficiales.

El informe reagrupa en tres categorías a las 39 aún desaparecido. Tres de ellos pertenecen al grupo de los que Estados Unidos en algún momento reconoció, a nivel oficial, haber detenido, de otros 18 hay pruebas sólidas, incluidos testimonios de testigos, de que permanecieron en prisiones secretas.

Del resto existe alguna prueba de que están en algún centro de detención secreto.

La mayoría de esas personas habrían sido originalmente detenidas en Pakistán. Figuran ciudadanos de Egipto, Kenia, Libia, Marruecos y España. También se habrían realizado secuestros en Irán, Iraq, Somalia y Sudán.

Respecto de los casos en que familiares de presuntos terroristas habrían sido detenidos, el informe señala que algunos fueron liberados y otros no aparecen.

Los hijos de siete y nueve años de Khalid Sheikh Mohammed habrían sido apresados por las fuerzas de seguridad pakistan&
iacute;es en septiembre de 2002. Y una vez que él fue secuestrado, según el informe, los niños fueron utilizados por la CIA para “obligar al padre a cooperar con Estados Unidos”.