Joaquín Pérez Becerra

“Quisiera recalcar que ha sido realmente único el aporte que nuestra cultura ha recibido, producto del hecho de que ustedes se vieran obligados a huir de sus patrias y venir aquí [….] así que no se debe a nuestros propios méritos, sino que somos nosotros los que sacamos provecho de la situación, al enriquecer nuestra cultura. Esto es realmente notable para un país pequeño como Suecia”.[1](Olof Palme)

por Annalisa Melandri – www.annalisamelandri.it

16 de mayo de 2012

El periodista y co-fundador de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), Joaquín Pérez Becerra, de 55 años de edad, ciudadano sueco de origen colombiano[2], fue detenido en el aeropuerto  Maiquetía de Caracas, procedente de un vuelo desde Alemania, el 23 de abril de 2011. Después de pocos días  fue deportado en Colombia, a Bogotá, donde en la actualidad se encuentra detenido en la cárcel de La Picota, en una sección de máxima seguridad, con  narcotraficantes y paramilitares (y por lo tanto en una situación de extrema peligrosidad por su incolumidad). Su juicio  ha empezado formalmente el pasado 16 de abril, después de casi un año de detención.

Joaquín vivía desde 20 años en Suecia donde gozaba del estatus de refugiado político, después de haber tenido que huir de  Colombia para no ser uno de los  más de 4000 muertos del “genocidio político” del partido Unión Patriótica, conocido con el macabro nombre de Baile Rojo. El partido fu “exterminado hasta su total extinción, un muerto cada 19 horas por 7 años” por los paramilitares y el ejército, como recuerda el periodista  y escritor italiano Guido Piccoli en su libro El sistema del pájaro: Colombia, paramilitarismo y conflicto social.[3] Entre aquellos muertos, también la esposa de Joaquín.

La detención de Becerra por las autoridades venezolanas en el  aeropuerto de Caracas se da por una  “presunta” orden de captura de la Interpol requerida  por Colombia. Sin embargo,  aparece inmediatamente claro que la “ficha roja” de la Interpol había sido emitida mientras Joaquín se encontraba sobrevolando el océano Atlántico  desde  Europa hacia Venezuela. Pudo abordar el avión en Alemania, procedente de  Estocolmo,  sin ningún problema. Colombia lo acusa de concierto para delinquir,  financiación y administración de bienes del terrorismo. Prácticamente,  es acusado de ser  el representante y el tesorero internacional de la guerrilla de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Europa.

El movimiento internacionalista solidario con la revolución bolivariana, en aquel  momento se dividió propio respecto a la detención de Joaquín, ocurrida en abierta violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional sobre el refugio humanitario y el asilo político.[4]

Las “pruebas” contra  Joaquín y la detención.

En julio de 2011, la Fiscalía en Colombia produjo contra  Joaquín  pruebas como  algunos “presuntos” correos electrónicos que él habría enviado a  Raúl Reyes, (el jefe guerrillero asesinado en Sucumbíos, Ecuador,  durante un ataque colombiano al campamento en donde este se encontraba, el 1 de marzo de 2008). La  computadora de Raúl Reyes, fue hallada en esa circunstancia “milagrosamente” intacta y perfectamente en función y, según la versión oficial,  llena de  documentos y correo electrónicos  que luego fueron utilizados  para “levantar”  juicios contra políticos, militantes internacionalistas y defensores de derechos humanos. Sin embargo, mas tarde, La Corte Suprema de Justicia de Colombia,  expresó su negativa ante el utilizo de esas pruebas, archivando el caso Borja[5] (un congresista acusado de  “farcpolitica”) y declarando su ilegitimidad por haber sido asumidas en forma ilegal. El ejército que las había recogido y custodiado por los tres días sucesivos al bombardeo de Sucumbíos,  no tenía autorización a desarrollar tareas de policía científica.

Además,  propio un investigador de la DNJIN colombiana (la policía antiterrorismo), Ronald Hayden Coy Ortiz, declaró a la Fiscalía que la cadena de custodia de la computadora desde su hallazgo hasta la entrega a  la Interpol, había sido  interrumpida por un razonable periodo de tiempo, lo que podría dejar presumir que los archivos hayan sido en alguna manera manipulados. Coy Ortiz declaro también  que en la computadora no fueron hallados documentos de correos electrónicos sino solamente archivos Word[6] (que cualquier persona pudo haber escrito e insertado en la misma).

Sobre estos documentos se fundan todas las acusaciones de vínculos con la guerrilla colombiana que se han fabricado  por ejemplo contra la ex senadora Piedad Córdoba, contra el director de la revista del Partido Comunista Colombiano Carlos Lozano Guillén, pero también contra los presidentes Chávez y Correa. Estos  han sido acusados de haber recibido dinero por la guerrilla sobre la base de los documentos “presuntamente” hallados en la “computadora mágica” de Raúl Reyes. En este caso, por evidentes razones de real politik, las acusaciones no han producido mayor daño,  también por el nuevo curso de la política exterior llevada por el actual presidente colombiano Juan Manuel Santos,  quien,  a diferencia de su predecesor, está buscando de  lograr a nivel regional  con sus vecinos,  relaciones menos turbulentas de cuanto no haya  hecho  su  predecesor Álvaro Uribe.

En el caso de  Joaquín Pérez Becerra sin embargo el continuismo uribista se confirma en todo su dramatismo.

Hugo Chávez,  después de haber sido “consentido” en los meses precedentes por su homologo colombiano, improvisamente se enfrenta con la “papa caliente”[7] Becerra (como afirmado por el mismo gobierno de Venezuela). Seguramente en ese momento Joaquín sí  lo era, una papa caliente. Santos advirtió   Chávez de la llegada de Becerra (quien no era la primera vez que visitaba Venezuela)  mientras el periodista ya se encontraba en vuelo hacia Caracas y lo avisó  de la ficha roja de la Interpol. Las  autoridades venezolanas lo detuvieron a  su llegada al aeropuerto de Maiquetía y algunos días después (durante los cuales Joaquín no pude comunicarse con nadie) lo entregaron a las autoridades colombianas.

Sin embargo no es verdad  que “no había otra opción que entregarlo”,  que fue la justificación oficial del gobierno venezolano. No es verdad que no había otra salida. La protección para Joaquín existía  y era favorecida propio por aquel  derecho burgués que muchos  revolucionarios desprecian pero que paradójicamente lo hubiera protegido mucho mas de cuanto al fin y al cabo  no haya hecho propio un gobierno revolucionario. Muy poco se discutió entonces, y no lo vamos a hacer ahora,  de la paradoja  por la cual  la revolución bolivariana necesitaba de algún asidero legal proveniente  del derecho burgués para confirmar su carácter revolucionario…

Es cierto que el derecho internacional y el Código Penal venezolano que representaban el amparo legal que  hubieran protegido  Joaquín no fueron ni siquiera tomados en cuenta por el gobierno de Venezuela y es también cierto que su aplicación,  que el gobierno sueco hubiera debido pretender,  no fue ni siquiera pensada.

Dos veces traicionado,  Joaquín por el derecho burgués y por la solidaridad internacionalista, principio fundamental de cada revolucionario, persona o gobierno que sea. Esta ha sido pisoteada y ofendida por la razón de Estado. La razón de Estado, en este caso  ha pasado por encima de todas las convenciones internacionales y la misma constitución de Venezuela.[8] Y eso  para salvaguardar el rumbo tomado por las  relaciones entre Colombia y Venezuela que no iban tan bien desde la presidencia de Álvaro Uribe.

Algunos malignos aseguran que lo que estaba en juego sin embargo era un acuerdo para la extradición del narcotraficante venezolano Makled (quien había preanunciado revelaciones de sus vínculos con altos miembros del ejército venezolano y funcionarios del gobierno) con la entrega de Joaquín[9]. Makled efectivamente más tarde,  fue extraditado  en Venezuela en el respecto de todas las normas del procedimiento del derecho internacional.

En el caso de Joaquín en cambio  no se tuvo en cuenta el hecho que Venezuela es firmataria de la convención ONU de Ginebra del 1951 (y su protocolo de 1967) sobre el estatuto de los Refugiados en donde además de definir la figura del “refugiado” (“Una persona que, debido a un miedo fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, membrecía de un grupo social o de opinión política en particular, se encuentra fuera de su país de nacimiento y es incapaz, o, debido a tal miedo, no está dispuesto a servirse de la protección de aquel país”. Art. 1) declara que  “ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas”. (art. 33). Tampoco se ha tenido en cuenta del Código Penal Venezolano que en su artículo 6 establece que “la extradición de un extranjero no podrá (…) concederse por delitos políticos” y que “en todo caso, hecha la solicitud de extradición, toca al Ejecutivo Nacional, según el mérito de los comprobantes que se acompañen, resolver sobre la detención preventiva del extranjero, antes de pasar el asunto al Tribunal Supremo de Justicia.”  En cada caso un procedimiento burocrático  bastante lento: en el caso de Joaquín han sido suficientes 55 horas para entregarlo en las manos de la policía antiterrorista colombiana.

Además no se ha tenido en cuenta que una ficha roja de la Interpol, que fue la justificación usada por el gobierno venezolano para justificar la deportación inmediata, no prevé esta posibilidad sino un más   complejo procedimiento de extradición.

En el caso de   Joaquín Pérez Becerra, todo el aparato acusatorio en su contra, basado en un primer momento en los presuntos correos encontrados en la “mágica” computadora de Reyes[10], empezaba a vacilar después de la negativa de  la Corte Suprema a utilizarlos por su ilegitimidad y por  las declaraciones del investigador de la DIJIN.  Se recurre entonces a un montaje jurídico utilizando falsos testigos y presuntas “pruebas” recogidas en Suecia por algunos informantes colombianos vinculados con la embajada colombiana en Estocolmo y con el  DAS (servicios secretos colombianos que dependen directamente de la Presidencia de la Republica)[11].

Este sistema se origina de uno más complejo organizado directamente por  Álvaro Uribe durante su mandato presidencial  y que lleva el nombre de G-3. Prácticamente una estructura paralela del DAS[12] que tenía la tarea de controlar y perseguir todos los actores políticos y sociales que no estaban  alineados con el gobierno colombiano y que desarrollaban actividad de información  respecto a sus crímenes y a aquellos de los  paramilitares vinculados a él. Esta estructura se descubrió con el escándalo desatado en 2009 y llamado de las  chuzadas, o sea las interceptaciones ilegales ordenadas directamente por la Presidencia de la Republica (léase  Álvaro Uribe)[13] contra opositores políticos, magistrados, periodistas y que terminó con la cancelación  de la institución del DAS y con la detención de algunos entre sus más altos funcionarios,  entre quienes están   Jorge  Alberto Lagos y   Fernando Tabares, condenados cada uno a 8 años de cárcel, mientras la ex directora de la institución María del Pilar Hurtado, ha logrado obtener asilo político a Panamá evitando la justicia colombiana.

En las oficinas del DAS fue hallado durante el registro un folder llamado  “Operación Europa” [14] conteniente documentos, análisis y toda una serie de informaciones recogidas en el viejo continente por medio de operaciones ilegales de espionaje contra colombianos refugiados y exiliados, periodistas, ONG, defensores de los derechos humanos, ciudadanos particulares pero también miembros de instituciones como el Parlamento Europeo y la oficina de  las Naciones Unidas en Suiza. La operación Europa tenía como  objetivo  “neutralizar la influencia del sistema jurídico europeo, de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, de la Oficina de la Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, y gobiernos nacionales.” (Calvo Ospina). Sin embargo tenía  también el objetivo de  crear  fascículos  sobre cada persona, tratando de vincularla en alguna forma a la guerrilla y donde posible, someterla a la justicia también con la ayuda de la  Interpol. Propio come ocurrido a Joaquín Becerra.

Además de Joaquín han sido objeto de  “atenciones” en Europa, el periodista sueco   Dick Emanuelsson, muchas ongs de España, Bélgica e Italia[15], algunos miembros del Parlamento Europeo y de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH). Todas estas  personas y entidades tenían en común una postura crítica hacia el gobierno colombiano y el hecho de desarrollar una importante y minuciosa actividad informativa respecto a los crímenes y a las violaciones de los derechos humanos que  cometía.

Germán Villalba era el funcionario del DAS (y de la estructura paralela G-3) encargado de coordinar en Europa (sobre todo en Suecia, Bélgica, España e Italia) esta inmensa operación de inteligencia clandestina con la que había formado un verdadero y propio grupo de  trabajo que efectuaba seguimientos, escuchas telefónicas y ambientales y de correos electrónicos, videos, fotografías. Villalba trabajaba en Italia donde operaba como vínculo con las autoridades italianas por las operaciones conjuntas de lucha al narcotráfico, por lo tanto  con conexiones en las instituciones de ese país a los más altos  niveles.

La presidencia de la  Republica de  Colombia  recibía todos los datos recogidos en Europa, pero  como declaró Cesar Julio Valencia,  presidente del Tribunal Civil de la Corte Suprema de Justicia,  quien  escuchó las confesiones de muchos funcionarios del DAS,  desde Palacio Nariño se dirigían y manipulaban esas operaciones.

Villalba[16], actualmente detenido en Colombia ha asumido sus responsabilidades y ha aceptado los cargos  de la Fiscalía. Es acusado de delitos de concierto para delinquir, interceptación ilegal de comunicaciones y abuso de autoridad.  Ha admitido  además de haber estado  a las directas dependencias del ex director del DAS,  Jorgue Noguera Cotes,   quien fue también cónsul en Milán[17]  y que se encuentra ahora detenido en  Colombia y condenado a 25 años de prisión [18] por vínculos con el paramilitarismo. Prácticamente Noguera es acusado de haber abierto a los paramilitares las puertas del DAS y  de haber facilitado a ellos nombres e  informaciones de personas que luego han sido asesinadas como el profesor  Alfredo Correa de Andreis, por lo cual ha sido acusado de complicidad en homicidio.   

Suecia y el exilio colombiano.

El país donde más han actuado los 007 colombianos ha sido proprio Suecia. En Suecia existe  una grande y organizada comunidad de exiliados y refugiados políticos colombianos muy activa y esa comunidad  desarrolla sobretodo en campo informativo y político, un trabajo imprescindible respecto a la situación de la vas violaciones de los derechos humanos en su país de origen.

Como explica la investigadora y especialista en Estudios Migratorios y Refugio, María Luján Leiva, en su   ensayo Refugiados en Suecia y visión del otro paisaje : “la presencia latinoamericana en Suecia tiene un origen de exilio político, lo que ha jugado en el pasado e incluso en el presente un papel importante en las estrategias de inserción y participación en la sociedad sueca, por el peso de la idea del retorno y la voluntad de relacionarse con sus patrias de origen como obligación política y decisión de mantener y recrear lazos culturales y de pertenencia.”.[19]

El exilio latinoamericano en Suecia y sobretodo el exilio colombiano explica la investigadora, “ha sido protagonizado por individuos jóvenes, mayoritariamente provenientes de sectores sociales medios, militantes políticos, sindicales, estudiantiles, de distintas tendencias aunque acomunados en una experiencia de reivindicación de la cultura y la democracia”. 

Además de la Agencia de Noticias por una Nueva Colombia (ANNCOL),[20]  fundada en  1996 y que representa el portal alternativo de información política sobre  Colombia que registra el mayor número de visitas en absoluto, en Suecia existe también la asociación  Jaime Prado Leal, que desde décadas coordina las actividades de la emisora  Radio Café Stereo[21]. Ambos medios informativos, la agencia de noticias y la emisora, difunden  información sobre los movimientos sociales, estudiantiles, juveniles y populares opositores del gobierno colombiano, denunciando además con constancia y abundancia de  datos y fuentes averiguables los vínculos de este con el paramilitarismo y el narcotráfico. Prácticamente una espina clavada en los varios gobiernos que se han sucedido en Colombia, que por eso, desde siempre,   tratan de asociar y vincular, tanto  Anncol que  Radio Café Stereo con las FARC. Según el  gobierno forman el aparato de propaganda a nivel internacional de la guerrilla.

Es cierto que  Anncol difunde muchos comunicados de la organización insurgente. Hasta prueba contraria no es un crimen. En Colombia lo que se combate es un conflicto político y social (negado por el gobierno) y parece evidente entonces como sea  lógico y correcto  que se dé voz a ambos  actores del conflicto. El ejército, la policía, el DAS,  tienen amplio espacio en los medios de información colombianos cercanos al poder político y en los grandes medios de información extranjeros. El otro actor del conflicto, la guerrilla, y  no solamente la guerrilla, sino las asociaciones de campesinos, los movimientos estudiantiles, los comités y los coordinamientos populares no tienen  voz en un panorama mediático que los invisibiliza.

Es parte de la línea política del gobierno negar el conflicto en curso y negar, como ha hecho por ejemplo el vicepresidente colombiano Angelino Garzón, que en Colombia existan prisioneros políticos porque eso quisiera decir  “legalizar las organizaciones armadas ilegales incluido la guerrilla”.[22]

Esa declaración es solamente un hábil intento de engañar la opinión pública. Reconocer que en las cárceles colombianas hay presos políticos (y  los hay en condiciones terribles en una cantidad enorme, casi  8mil) quisiera decir solamente reconocer un conflicto que es social antes que político y que trae origen propio en las enormes desigualdades sobre las cuales está fundada la sociedad colombiana.

¿Cómo se puede lograr la paz sin dar voces a todos? ¿Cómo se puede construir un dialogo sin escuchar nuestro interlocutor? En esta óptica Anncol publica los comunicados de la guerrilla como hacen centenares de medios de información alternativos en el mundo.  El gobierno colombiano en cambio  persigue la solución militar y no la política. La solución que propone por lo tanto del conflicto pasa por la voz de las armas y no por aquella  del pueblo. Ejercita en otras palabras,  lo que el periodista  Eliecer Jimenéz Julio[23] ha recientemente definido  “Terrorismo de Estado contra Periodismo del Pueblo”.

No obstante estas acusaciones de vínculos  con la guerrilla, sea  Anncol que la Asociación Jaime Pardo Leal y Radio Café Stereo, operan  desde siempre en Suecia  en absoluto respeto de la legislación sueca vigente y respetando todas las obligaciones que derivan de ella. Sus miembros son por la mayoría colombianos que gozan del estatus de refugiados  políticos,  ex miembros del partido Unión Patriótica y por lo tanto huidos al genocidio político que llevó a su desaparición en 1994. Sin embargo no hay solamente colombianos, entre ellos también muchos ciudadanos suecos.  Dick Emanuelsson, periodista sueco es entre los cofundadores de Anncol junto a  Joaquín Pérez Becerra.

De parte del gobierno colombiano,  los colombianos residentes en Suecia no han recibido solamente acusaciones y difamaciones, sino  también amenazas por el mismo Presidente de la Republica, Álvaro Uribe, mientras ocupaba  tal cargo.

En enero de 2010 los directores de la Asociación Jaime Pardo Leal, Radio  Café Stereo  y de la agencia Anncol denunciaron a la opinión publica sueca e internacional  “las  amenazas  reiteradas del gobierno colombiano y de sus oscuros asesores, en contra de la integridad psicológica y física de sus miembros”. Álvaro Uribe,  durante una entrevista había declarado que a “esos criminales y a ese psiquiatra y a otros bandidos, que son colombianos profesionales que viven por allá en Suecia y en otros países, a todos, a todos tenemos que acabarlos.” [24]

Propio para “acabar” con los colombianos residentes en Suecia, en ese país se creó una “red de sapos” del DAS, [25] con sede en la embajada colombiana en Estocolmo que dependía de  la estructura ilegal del G3 de la que hablábamos antes.  Ernesto Yamhure,  tenía el cargo de primer secretario de esa sede diplomática, pero era también periodista al servicio del gobierno colombiano como  columnista de primera plana de la derecha en los diarios importantes en Colombia, incansable defensor de la política militarista del gobierno y hombre de confianza de Uribe, cercano al ejercito, era el encargado de “vigilar” y monitorear todas las actividades de la comunidad colombiana en Suecia.

Por último,  pero no menos importante, Yamhure era también el periodista al servicio  del jefe paramilitar de las autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Carlos Castaño Gil,  intimo amigo suyo que era quien le revisaba sus  artículos antes de la publicación. Juan  R. García, un paramilitar desmovilizado, ex consejero político de Carlos Castaño,  contó [26] al periodista   Dick Emanulesson que   Yamhure estaba estrechamente vinculado por lazos de profunda amistad con Carlos Castaño y que en más de una  ocasión había participado a importantes reuniones de las AUC, entre las cuales una en 2002 con los vértices de la organización paramilitar en calidad de consejero personal del jefe.

Propio en aquellos años las AUC estaban planificando, detrás de indicación de Castaño el proyecto de construcción de los hornos, al puro estilo nazi,  donde quemar sus víctimas, ya que  los métodos usados anteriormente (descuartizamientos, homicidios, lanzamiento de cadáveres en los ríos, fosas comunes,) etc. estaban dejando demasiadas huellas y estaban indignando excesivamente  la comunidad internacional.

La actividad de Yahmure en Suecia como 007 al servicio del gobierno fue desenmascarada por el mismo Dick Emanuelsson en julio de 2005[27], cuando fue fotografiado en el puerto de Estocolmo mientras  desde el buque colombiano Gloria tomaba fotos y  videos de  todos los miembros de las comunidad de exiliados colombianos en el país que estaban en aquella ocasión  protestando pacíficamente en el muelle contra el terrorismo de Estado en Colombia. La protesta  había sido organizada aprovechando de la visita del barco y en el respecto de la legislación sueca con todas las autorizaciones necesarias.

Esa operación de espionaje ilegal contra exilados políticos llevó a que Yahmure fuera, detrás de petición de  las autoridades suecas,  alejado de la sede diplomática colombiana en Estocolmo en  2007.

Ernesto Yamhure desde el 29 de agosto del 2011 a la fecha está  prácticamente desaparecido. No escribe en su twitter desde entonces, la misma desde cuando ha presentado  su renuncia a los varios medio de información  informativos por los cuales  trabajaba  (Radio Caracol, Espectador…)  Se dice que esté en los Estados Unidos porqué en Colombia sería investigado  por vínculos con el paramilitarismo y por crímenes contra la humanidad. Sin embargo ha hecho a tiempo a encontrar en la “red de de sapos” que organizó en Suecia a un colombiano que habría decidido de testimoniar contra Joaquín Pérez Becerra en el proceso.

Una vez caídas  las pruebas en los documentos World  de la computadora de Reyes,  era necesario encontrar un testigo en carne y hueso. Sin embargo,  en la audiencia del 16 de abril la Fiscalía,  ha propuesto de insertar otras pruebas halladas esta vez en la computadora del comandante guerrillero Alfonso Cano, aunque según la defensa, fuera de tiempo. El juego de las computadoras empezado con la de Raúl Reyes parece verdaderamente no tener fin…

Un cierto  Miguel Ángel Andolín Estrada, perteneciente a la comunidad colombiana en Estocolmo, con la que tiene un conflicto por una cuestión vinculada a una mujer sería el testigo contra Joaquín,  encontrado muy de prisa por el gobierno colombiano para la construcción del juicio contra el periodista.

Estrada se prestó para eso para vengarse de una ofensa recibida por un miembro de la asociación Jaime Pardo Leal. El abogado de Becerra ha declarado que: “hay 4 informantes que ha preparado la Fiscalía General de la Nación, como una manera yo diría que criminal, dentro de la administración de justicia, para acusar a una persona por el hecho de tener una opinión diferente al régimen (…) Aquí los informantes se utilizan para prepararlos en los cuarteles militares, en las oficinas de inteligencia militar del DAS (ahora ANI), de la DIJIN, de la SIJIN y el mismo CTI de la Fiscalía para preparar a los ‘testigos’ para que acusen a Joaquín Pérez Becerra.”

El proceso contra Joaquín Pérez Becerra es obviamente muy complicado, sea por la gran cantidad de  documentos y material que el abogado  Rodolfo Ríos, defensor de los Derechos Humanos tiene que evaluar,  sea por el lado económico que pesa completamente sobre  la familia de Joaquín. En ese sentido ya se han hecho varios llamados a la solidaridad. Quien puede y quiere colaborar económicamente puede escribir al Comité por la Liberación de Joaquín Pérez Becerra a esta dirección libertadparajoaquingmailcom  (libertadparajoaquingmailcom)  .

Entrevistado por el periodista Unadi Aranzadi por el periódico La Jornada, Joaquín denuncia que su detención es una “persecución clara a la libre expresión […] y cuando  ciertos gobiernos te acusan de terrorismo, hasta los defensores de los derechos humanos salen corriendo.”[28]

Recuerdo la historia pasada y el respeto que el mundo entero tenia por un grande político sueco que probablemente ha sido asesinado porque creía que cada persona tiene el derecho de vivir en al menos un lugar de la tierra sin tener miedo y que los únicos a beneficiarse del hecho que algunas personas hayan sido obligadas a huir de su país para encontrar refugio en Suecia han sido propio los suecos que así han visto enriquecida humanamente su cultura. [29]

La Suecia de hoy lamentablemente no  es la de Olof Palme,  pero el respeto por los Derechos Humanos desde entonces,  se ha vuelto un principio que universalmente distingue los estados democráticos de los que no  lo son.[30] Joaquín Pérez Becerra probablemente no tenía miedo de vivir en Suecia por eso. Evidentemente se equivocaba.

1. 

   Comité por la Libertad de Joaquín Pérez Becerra ha detto:

   21/05/2012 at 18:10

   Excelente análisis.

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   • 

     Annalisa ha detto:

     21/05/2012 at 19:05

     Gracias.

     rispondi